Resulta que gracias a los buenos oficios de los propios titulares de Defensa y Marina —quienes tuvieron que cabildear personalmente con los legisladores sus propuestas, cuando se supone que esa era la función de la Secretaría de Gobernación—, de repente, en menos de dos semanas se destrabaron los problemas y en los próximos días se aprobaran las dos reformas referidas.
La primera, para que las capitanías de puerto pasen a formar parte de la Secretaría de Marina, y con ello, que la seguridad marítima y portuaria deje de estar en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes —la cual apoyada en algunos senadores priistas, se resistió hasta lo último para evitar la aprobación de la iniciativa que envió en su momento el presidente Peña— para hacer frente a la creciente delincuencia, corrupción e inseguridad que prevalece en estas instalaciones estratégicas.
Y la segunda norma, que consiste en dotar a las fuerzas armadas del marco legal necesario para realizar labores de seguridad interior, lo que ha sido cuestionado duramente por especialistas, que la tachan de inconstitucional porque el monopolio de la investigación y persecución de los delitos corresponde al ministerio público federal.
Esta iniciativa de legisladores priistas ha generado polémica porque pretende darle a los militares manga ancha para intervenir llamadas telefónicas y redes sociales de sospechosos sin la necesidad de una orden judicial, además de remover los límites en la investigación de todo tipo de delitos, no sólo los relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, etc.
Esta sería la primera vez que los legisladores de los principales partidos hacen caso a la demanda de las fuerzas armadas para dotarlas de un marco legal para realizar acciones de seguridad pública…, lo cual llevan haciendo desde hace casi 10 años.
Juicio en ausencia para corruptos
Ahora que están de moda los procesos penales en contra de ex gobernadores presuntamente corruptos, quienes —salvo Guillermo Padrés, de Sonora— aprovecharon la complacencia de las procuradurías General de la República y de su entidad federativa para escapar de la acción de la justicia; sería bueno que los legisladores que exigen su captura dejen de rasgarse las vestiduras y, en lugar de ello, modifiquen la ley para que los (ex) funcionarios públicos que evadan la acción de la justicia sean juzgados en ausencia.
Aunque esta medida también podría aplicar en casos como el del narcotraficante, Rafael Caro Quintero, cuyo paradero se desconoce desde 2013, quien sin empacho alguno, impugnó vía amparo la orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos.
No conforme con ello, los abogados de Caro Quintero solicitaron que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare impedido al ministro Arturo Zaldívar —quien por cierto, elaboró el proyecto de dictamen donde le niega el amparo, el cual se quedó en lista el miércoles pasado— por haber publicado su proyecto antes de ser analizado en sesión.
Uno de los logros que mantiene el sistema jurídico mexicano es que, al menos formalmente, la impartición de justicia es gratuita. Esto tiene un sentido de justicia social, ya que permite que cualquier ciudadano, independientemente de su condición económica, recurra a los tribunales o esté en condiciones de defenderse de manera gratuita.
Sin embargo, ¿qué tan válido es mantener la gratuidad cuando se trata de ex funcionarios acusados formalmente por delitos cometidos durante su administración, cuando ni siquiera tienen el valor de enfrentar las acusaciones en los tribunales?
¿Por qué tienen que gastarse recursos económicos y humanos en amparos en los que el interesado ni siquiera se atreve a presentarse ante el juzgado correspondiente?
Tal es el caso de Javier Duarte, ex gobernador veracruzano, a quien un juez federal admitió un amparo en el que Duarte pidió que la orden de aprehensión en su contra “no sea ejecutada” en razón de que aún tiene fuero por gozar de licencia en el cargo.
En esta época de recortes económicos algo tendría que hacerse para que el sistema de justicia deje de gastar en este tipo de asuntos.
Padrés optó por presentarse personalmente ante el juzgado en el que se inició el proceso penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
¿Decisión apresurada o acuerdo en lo oscurito de su abogado con el gobierno federal, el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia?, lo cierto es que su acción no debería ser la excepción, sino la regla.
Algo similar ha ocurrido con famosos narcotraficantes, quienes a pesar de estar prófugos de la justicia no tienen reparo en solicitar amparos a diestra y siniestra.
Bastante saturado está el sistema de justicia como para darle trámite a personajes que interponen sus demandas a través de terceros sin la obligación de presentarse —al menos— para ratificar sus demandas.
Y el respeto a la equidad de género en la SCJN ¿Para cuándo?
Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza el ‘Segundo Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género Cinco Continentes por la Igualdad, la Contraloría Interna y la Comisión de Igualdad de Género’ —que fue hecho a modo para lucimiento de la ministra Margarita Luna Ramos— continúan dándole largas a las denuncias por acoso sexual y laboral que presentaron hace casi dos años más de una veintena de trabajadores y empleadas del máximo tribunal.
Las quejas que derivaron en la salida del entonces director del Canal Judicial, Enrique Martínez Rodríguez, y en el inicio de investigaciones por acoso laboral y sexual en el Área de Visitas Guiadas de la Suprema Corte, siguen empantanadas y las víctimas comienzan a dudar en la promesa que hizo en su momento el ministro presidente Luis María Aguilar de que llegaría hasta el fondo del asunto y castigaría ejemplarmente a los responsables.
La amistad manifiesta de Rodríguez con Luna Ramos, a quien visitó en sus oficinas la semana pasada, ya prendió los focos rojos entre las víctimas, quienes ya dudan de la imparcialidad de la investigación.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/25/milicia-y-justicia-navidad-adelantada-para-secretarios-de-marina-y-defensa