Da la impresión que, ante el desgobierno de Peña Nieto, el golpe militar se ha ido gestando en estos meses. Los militares han tejido inteligentemente las redes necesarias para tener el control de instituciones claves y operar tranquilamente a su antojo, las decisiones del gobierno.
Sabíamos que cuando Felipe Calderón —- el ex Presidente acusado de terribles crímenes de guerra ante La Haya—- sacó a la calle a los militares para supuestamente combatir al crimen organizado, el problema sería regresarlos a sus cuarteles, el lugar que obviamente les corresponde en una democracia normal.
Pues bien, Peña Nieto se ha sometido a la autoridad militar desde que llegó a la Silla del Águila y por consiguiente el poderío militar ha terminado por anularlo, hacerlo a un lado y convertirlo en un cero a la izquierda.
Los militares han impuesto su particular agenda de intereses castrenses. Y para ello, las fuerzas armadas tienen a su alfil, el abogado César Gutiérrez Priego, hijo del generalato Jesús Gutiérrez Rebollo, el tristemente militar de carrera condenado a 40 años de prisión por delincuencia organizada.
La falta de memoria histórica en México genera este tipo de aberraciones. Gutiérrez Priego ha creado la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo en apoyo a militares en activo y retiro que sufren violaciones a sus derechos humanos.
El cinismo del vástago de Gutiérrez Rebollo es tal, que ahora se ha convertido en abogado de los milicos y opera abiertamente para dotarles de un marco jurídico que les permita investigar y actuar contra las supuestas “amenazas” que pongan en peligro la estabilidad y la seguridad interior o la llamada “paz pública”.
Hasta ahora, las Fuerzas Armadas, militares y marinos, con Peña Nieto a la cabeza, han tenido licencia para matar, ejecutar arbitrariamente a civiles, torturar y desaparecer. El ejército y la marina tienen un largo historial de graves violaciones a los derechos humanos.
Y para demostrar lo anterior, están allí los crímenes de Estado de Tlatlaya, Ayotzinapa y las ejecuciones extrajudiciales que cotidianamente cometen en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa y tantos otros estados de la República.
Durante el sexenio de Calderón, las quejas ante la CNDH contra el Ejército superaron las 7 mil, pero el incremento de esa estadística se escondió a partir de la llegada de Peña Nieto. ¿Cuántas denuncias más ha recibido la poco independiente CNDH contra el Ejército y la Marina? ¿Por qué el Ombudsman oculta las cifras de la ignominia del Estado?
Mientras la CNDH y Peña Nieto meten debajo de la alfombra a las víctimas de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el PRI han creado una ley de seguridad interior para otorgar el supuesto marco jurídico que permita a los militares el uso legítimo de la fuerza en operativos que pongan en peligro nuestra estabilidad y paz social.
El encargado de semejante golpe militar es nada menos que César Camacho Quiroz junto a la legisladora Martha Sofía Tamayo. Ambos proponen con el beneplácito de la Sedena, es decir del general Salvador Cienfuegos, las acciones de orden interno para los militares.
¿Y que es la seguridad militar, según ellos? Pues textualmente lo siguiente: “todo lo que se deriva de una de las funciones primarias e irrenunciables del Estado, tanto para su propia subsistencia como para garantizar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las potencialidades de sus habitantes, mediante la adopción de todo tipo de medidas políticas, económicas y sociales, incluyendo el ejercicio del monopolio del uso legítimo de la fuerza… y en primer término debe hacer uso de todos los medios y recursos legítimos que se encuentren a su disposición y, en caso de que la situación concreta así lo amerite, bajo el principio de gradualidad en el uso de la fuerza, disponer de las fuerzas armadas como la última ratio del poder nacional”.
Pues bien, detrás de toda esta verborrea nacionalista, los milicos quieren imponer su poder fáctico. Más poder fáctico del que ya tienen. Me explico. El objetivo del general Cienfuegos, encargado de otorgar impunidad a los militares criminales, es dar facultades omnipotentes a las fuerzas armadas, ya que la nueva ley dice que podrán obtener información por “cualquier medio”.
En realidad, lo que los milicos y sus aplaudidores quieren con su nueva y espantosa ley es perseguir y aniquilar a cualquier persona que se oponga al régimen. En términos reales ya lo hacen, pero no tienen todas las de la ley en su actuar, por eso ahora quieren legalizar la represión.
Se le olvida al general Cienfuegos y al PRI que ya existe un Ministerio Público, federal o local para investigar los delitos de la seguridad interna del país.
Habría que enviarle al general una copia de la Constitución Mexicana para recordarle que según el artículo 129 que en tiempos de paz ninguna autoridad castrense puede ejercer más allá sus atribuciones.
Obviamente los militares ya violan la Carta Magna ejerciendo labores de policías estatales. Sabemos que en muchos estados se quitan el uniforme verde y se ponen el azul como si se tratara de un disfraz, para emprender acciones policiacas que no les corresponden.
La nueva ley terminaría por imponer el golpe militar que de facto ya padecemos los mexicanos. El ejército es un ejército traidor que ha volteado sus armas contra los ciudadanos. Mata, desaparece y tortura impunemente. Y nadie le pone un alto. Tal vez, por eso, lo que pretenden ahora es legalizar sus horrendos crímenes.
Los golpes de estado no le son ajenos a México. En el siglo XIX padecimos también de la supremacía del ejército. Pero creíamos superados los tiempos de Victoriano Huerta. Craso error.
Los militares quieren seguir imponiéndose. Y buscan perpetuar su impunidad y su poder rumbo al 2018. De hecho, andan pactando en lo oscurito. ¿Cuál será el gallo o gallina de los milicos para sostener en el próximo gobierno sus licencias para matar, desaparecer y torturar?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-11-2016/3119955