De acuerdo con Carlos Huerta, vocero de la FGE, la dependencia investiga, sobre todo, hechos relacionados con probables desvíos de recursos detectados en “gran parte de las secretarías” del Poder Ejecutivo, incluyendo la oficina del Ministerio Público.
Desde los primeros días de este mes, la actual administración inició una serie de reportes de irregularidades detectadas en diversas dependencias del Poder Ejecutivo.
Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda, inició las presentaciones mencionando haber detectado “hallazgos preliminares en materia de corrupción”, como pagos por 486 millones de pesos a una empresa creada en 2012 —cuyo nombre no difundió— y que proveyó materiales a precios por encima del mercado.
También dijo haber encontrado pagos por 512 millones de pesos por asesorías sin justificación o evidencia de los servicios realizados solamente en 2016, así como un gasto de 2 mil 736 millones de pesos para contratos de publicidad o “publicaciones” entre 2013 y este año.
Entonces, el funcionario también mencionó el uso “discrecional” del helicóptero del estado y que Duarte Jáquez usó “sin justificación” en al menos 50 ocasiones en los últimos dos años para acudir a las propiedades que tiene el sur del estado.
Fuentes Vélez informó también que Duarte dispuso de 127 millones de pesos para adquirir una nueva aeronave a través de una adjudicación directa y sin esperar a la resolución de la compañía aseguradora a la que se le reclama todavía el pago de la que fue siniestrada en agosto de 2015, con el ex mandatario y su esposa a bordo.
Lo anterior, además de la “quiebra financiera” denunciada de manera insistente por el panista Corral Jurado y que dejó como “saldo de caja”, informó Fuentes Vélez, sólo 21 millones de pesos disponibles al día siguiente de la toma de posesión.
“El día que recibimos, recibimos un saldo de caja de 594 millones de pesos; pero, de esos 594 millones de pesos, 573 estaban comprometidos para entregarse a los municipios al día siguiente prácticamente, el día 5; quiere decir que el disponible que tenía el estado era de solamente 21 millones de pesos”, dijo Fuentes Vélez en conferencia de prensa en la ciudad de Chihuahua, el 7 de noviembre.
“La totalidad de los recursos del crédito que se contrató de 6 mil millones de pesos (…) fueron dispuestos en la administración anterior”, agregó el funcionario con relación al último préstamo gestionado en los días finales de la administración de Duarte.
Otros datos reportados por la actual administración son la venta probablemente irregular de más de la mitad de las reservas territoriales del estado, lo que provocó un quebranto de mil 500 millones de pesos a las arcas del estado.
Al respecto, el nuevo director de la Comisión Estatal de Suelo (COESVI), Carlos Borruel, informó que, para bajar el precio de los terrenos, una empresa ofrecía un monto y posteriormente se retiraba para que otra interesada, del mismo postor, ofreciera un monto menor.
“Son terrenos que en los últimos años, han tenido muchísima plusvalía comercial, sobre todo en la ciudad de Chihuahua y se están localizando otros de Ciudad Juárez”, dijo Borruel.
Otras irregularidades fueron presentadas por Norma Ramírez Baca, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y que reportó “simulación de procesos, trato preferencial a constructoras, nula transparencia y corrupción” en el manejo de las licitaciones.
Huerta no precisó cuáles son los reportes que han generado las carpetas penales, y mencionó que hay otras indagatorias (entre 35 y 40) que podrían derivar en sanciones administrativas.
ABREN CARPETA POR PECULADO
La FGE inició también una carpeta de investigación derivada de la denuncia interpuesta el pasado lunes por el abogado y activista Jaime García Chávez, que llevó al ministerio público del estado la querella que interpuso en 2014 contra el Gobernador César Duarte, el ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, y el hoy diputado federal Carlos Hermosillo, a quienes acusa de peculado y otros delitos.
“El Fiscal general recibió a García Chávez, dirigente de la Unión Ciudadana y que presentó las denuncias”, informó Huerta. “De inmediato se instruyó a la Fiscalía Zona Centro para que se aperturara la carpeta contra los señalados”, agregó.
Tanto Corral Jurado como García Chávez impulsaron desde 2014 la investigación por corrupción contra el anterior mandatario, a quien el abogado encontró en posesión de acciones de un banco privado.
Dos años después, sin embargo, la indagatoria se encuentra sin consignar en la Procuraduría General de la República.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-11-2016/3121007