Proceso dio a conocer en su edición 2086 imágenes de video y fotográficas que forman parte de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “en contra del personal militar perteneciente al XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército Mexicano, por la probable ejecución arbitraria y/o extrajudicial”.
Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre y la madre de uno de los fallecidos, representada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) presentó la queja el 12 de octubre.
Contra lo que muestran las evidencias fotográficas y videográficas, los informes del destacamento militar y del Grupo de Coordinación Tamaulipas sostienen que se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de “un grupo delincuencial” y soldados en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, durante el cual fallecieron 11 personas, entre ellas una mujer que pasaba por el lugar con su familia.
Como ocurrió en el caso de las ejecuciones de Tlatlaya, hasta ahora había prevalecido esa versión oficial, pero la primera queja le dio un giro al caso, que la CNDH radicó en la Segunda Visitaduría General con el folio 92413/2016.
En entrevista, la madre de otro de los ocho civiles que viajaban en la camioneta blanca –quien pidió no publicar su nombre– admitió que el miedo la paralizó aunque estaba indignada:
“No quería denunciar, tenía temor a los militares porque ellos siempre amenazan. Lo sé porque ha habido muchos casos de conocidas a las que los militares les dicen que se queden calladas, porque las tienen bien ubicadas. Por eso hay tantas muertes que quedan impunes.
“Cuando miré en la revista (Proceso) me decidí. Dije: ‘Si ya hubo otra señora que denunció, yo también lo voy a hacer’. Espero que no me pase nada, porque les molesta a los militares que uno hable. Sí tengo miedo, pero si siempre voy a vivir callada nunca vamos a hacer nada.”
El viernes 28, asesorada por el presidente de la CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, la mujer envió un escrito dirigido a Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y al titular de la CNDH.
En su misiva, exige una investigación “profunda, imparcial y pronta”, suspender los patrullajes del personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada mientras se llevan a cabo las investigaciones; proteger la integridad de las familias denunciantes, sobrevivientes y testigos de los hechos, y sancionar a los responsables de la presunta “ejecución arbitraria y/o extrajudicial”.
De acuerdo con la queja, la tarde del mismo 3 de septiembre alguien le dijo a la señora que su hijo había muerto bajo el fuego militar; pasada la medianoche ella localizó el cuerpo en una funeraria y después fue a la Agencia del Ministerio Público a exigir que se lo entregaran.
En el documento, donde puntualiza que no vivía con su vástago, la señora indica que entre el sábado 3 y el domingo 4 fue subido a las redes sociales el video que pone en duda la versión oficial. Añade que “no había justificación para que los militares privaran de la vida (a su hijo) de manera arbitraria y menos disparándole en la cabeza a manera de tiro de gracia”.
En la entrevista, explica que al ver el cuerpo advirtió que un disparo le entró por la sien derecha y salió por la parte superior de la cabeza. Según la versión oficial, él fue abatido adentro de la camioneta.
Al enterarse de que en las redes sociales circulaba un video sobre los hechos, lo buscó, situación que le provocó más dolor: “Vi que es muy obvio: dos personas se bajaron de la troca y corrieron; uno de camisa blanca aparece merito atrás de la camioneta blanca, casi abajo. ¿Cómo quieren que uno reaccione? Es bien obvio que los militares los mataron”.
Señala que en los últimos meses han ocurrido muchas muertes a manos de personal castrense, pero opina que “si eran personas inocentes o no, si andan trabajando mal, no lo sé, pero los militares no tienen el derecho de hacer justicia por su propia mano, por eso existe un Ministerio Público, pero lo que hacen los militares es matarlos”.
En consecuencia, decidió exigir justicia en un intento de parar la violencia militar en Nuevo Laredo, de la que “por miedo” no se habla. Y sostiene: “Si ganamos el caso, sé que nunca me van a regresar a mi hijo, pero los que hicieron eso que paguen, porque no tenían que matarlos”.
El silencio de las autoridades
El pasado lunes 24 la reportera consultó brevemente al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien consideró “graves” los señalamientos y confirmó que el caso está en investigación.
Explicó que a la comisión llegó una primera queja en la que se “planteaba la entrega de un cadáver: después quedó sin materia, se desistió de esa circunstancia”.
Después se presentó otra con “señalamientos que se hacen a autoridades del Ejército”. Ésta “es una queja que se acaba de radicar; hemos solicitado la información y previsto el trabajo en campo al respecto, es decir el desplazamiento de personal de la comisión a realizar una investigación”.
El martes 25, un equipo de la CNDH se presentó ante el presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, a fin de que lo apoyara en la ratificación de la queja presentada por la madre de una de las víctimas y para recorrer el lugar de los hechos.
En entrevista, Ramos Vázquez explica que juntos revisaron la camioneta en la que viajaban los ocho civiles y encontraron en ella “más de 50 impactos por todos lados”, mientras que a lo largo de un kilómetro marcaron otros 48 “en fachadas de negocios, paredes, rejas, bardas, ventanas y en la puerta de un hotel”.
Considera que esos disparos “hablan de la intensidad del fuego y la intención de causar daño” por parte de los militares aquel 3 de septiembre.
Como la investigación podría durar al menos un año, por la complejidad del caso, Ramos Vázquez destaca que la CNDH ordenó medidas cautelares para él y sus representadas, pues “no estamos trabajando en un ambiente tranquilo sino en uno hostil”.
Sin embargo, aún no hay un acuerdo: “La CNDH dio aviso a las autoridades militares y estatales para que no se nos moleste, para que tomen medidas de precaución y medidas de seguridad para nosotros. Aún no han respondido, estamos esperando”.
Ramos Vázquez, quien ha documentado 26 casos de presuntas ejecuciones arbitrarias de las Fuerzas Armadas desplegadas en Nuevo Laredo entre marzo de 2009 y agosto pasado, también espera contestación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ante los mensajes amenazantes que ha recibido en las redes sociales después de hacer pública la denuncia.
En una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con copia para Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, Ramos Vázquez da cuenta de expresiones difamatorias en las redes sociales y de la presencia de personas desconocidas frente a su domicilio, como lo informó la agencia Apro el martes 25.
Ramos Vázquez expresa que ya ha pasado por momentos similares al presentar denuncias ante la CNDH y la PGR contra marinos y soldados que cometieron abusos contra la población civil de Tamaulipas:
“Ya sé lo que viene: distorsión de la información y campañas de desprestigio e intimidación. Por eso, cuando hablé con la gente del mecanismo de protección de Gobernación (el martes 25), le pedí que le digan a la Secretaría de la Defensa Nacional que deje esa campaña de linchamiento en las redes sociales. Me respondieron que están evaluando las amenazas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461183/otra-victima-del-ejercito-en-nuevo-laredo-pierde-miedo