Apoyada en sus propias cifras, Morera desbarató la versión oficial de un supuesto descenso de la violencia al demostrar un marcado repunte de los homicidios y niveles de violencia en numerosas entidades del país.
Incluso resaltó los insuficientes avances en materia de justicia penal pese a la entrada en vigor del nuevo sistema que, por ahora, dijo, no ha logrado revertir que 40% de la población en los penales siga sin sentencia.
Por todo ello cuestionó a las autoridades federales qué dónde estaba la autoridad y la coordinación prometidas al inicio de la administración.
Sin ocultar su incomodidad, el presidente Peña Nieto pidió a sus interlocutores reconocer los avances en la profesionalización y equipamiento de las fuerzas federales.
Dijo que han establecido estrategias para enfrentar la coyuntura en los 50 municipios más violentos del país, donde se concentra 42% de los delitos que se reportan en el país.
Asimismo subrayó que la Federación mantiene su determinación de colaborar y coordinarse con los estados.
Sin embargo, aclaró que “esto de ninguna manera supone sustituir o reemplazar los esfuerzos de las autoridades locales”.
Peña Nieto ofreció luego que en lo que resta de su administración su gobierno, en coordinación con la sociedad, trazará una política de estado transexenal para enfrentar los desafíos de la inseguridad y del crimen organizado en el país a pesar de la estrechez financiera.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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