Datos del Poder Judicial de la Federación proporcionados a Animal Político, indican que entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre, la Subprocuraduría de delitos Federales de la PGR en colaboración con el SAT consignaron estos cinco casos en los que acusan a los representantes o administradores de empresas de haber proporcionado información fiscal falsa.
En dos de los casos, asentados en los expedientes 25/2016 y 29/2016, los jueces ya dictaron la orden de vinculación a proceso. Esto significa que encontraron elementos de prueba suficientes para abrir juicio en contra de los inculpados.
En un tercer caso, con el número de causa 26/2016 el juez consideró que las pruebas eran insuficientes para abrir el juicio pero la PGR interpuso una apelación y el caso será revisado por una Sala Superior.
En los dos restantes, con los números 72 y 73/2016, las audiencias para definir si los probables responsables son vinculados a proceso se realizarán el próximo 18 de noviembre en el Palacio de Justicia Federal de Xalapa
Con lo anterior, hasta ahora ya suman diez los juicios abiertos relacionados con la operación de empresas fachada en Veracruz. Se trata del caso más grande abierto actualmente dentro del nuevo sistema penal acusatorio que comenzó a operar a nivel federal hace dos años.
De acuerdo con las autoridades judiciales y federales, esta cifra de procesos podría al menos duplicarse en las siguientes semanas toda vez que la PGR está por consignar por lo menos diez averiguaciones previas más que tiene abiertas tras las denuncias presentadas por el Servicio de Administración Tributaria.
La semana pasada el SAT dio a conocer que una vez concluidos los plazos legales, ninguna de estas compañías pudo demostrar que contaba con la infraestructura material y humana para haber llevado a cabo los servicios por los cuales se les adjudicaron contratos en la administración de Javier Duarte.
Las verificaciones físicas de los inspectores del SAT confirmaron lo que reportó Animal Político, respecto a que las compañías no existen en sus domicilios fiscales reportados, pues estos corresponden a cuartos de vecindades, terrenos baldíos y hasta tiendas de abarrotes.
Ninguna de estas empresas, según la información verificada por las autoridades, contaba con empleaos registrados e incluso reportaron que no tuvieron ingresos pese a que si existen facturas en las que reportan haber recibido millones de pesos a cambio de la venta y distribución de múltiples productos
Los implicados: la mayoría libres
De los diez juicios que ya se encuentran en desarrollo, en nueve de ellos no hay personas actualmente en prisión.
De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial, los nueve juicios en los que no hay detenidos corresponden a los iniciados contra los representantes legales del mismo número de compañías fantasma.
En la mayoría de estos procesos las personas se presentaron de forma voluntaria a las audiencias iniciales y de vinculación a proceso, por lo que los jueces consideraron que no existe riesgo de que pudieran escapar. El requisito es que se mantengan localizados en todo momento y acudan a las audiencias cuando sean citados.
Los únicos dos casos en donde no se presentaron voluntariamente las personas y se tuvo que girar una orden de aprehensión fue el Victorino Benítez Márquez, representante legal de la empresa Bienart SA de CV, y de Román Ulises Alvarado Hernández, administrador de Importadora Denylkk.
Ambos fueron detenidos y comparecieron en calidad de imputados ante los jueces los cuales determinaron que dejaron libres pero con la limitación de que no pueden abandonar Veracruz mientras se desarrolla el proceso.
En estos nueve juicios todas las personas que figuran como probables responsables están acusadas del delito tipificado en el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación que considera que viola la ley el que: “Rinda con falsedad al Registro Federal de Causantes los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado”.
En caso de ser encontrados culpables, las personas acusadas podrían alcanzar una pena de hasta seis años de prisión aunque por tratarse del nuevo sistema penal, podría buscarse una solución alterna. Por el momento todos estos juicios se encuentran en el periodo de investigación complementaria previo a la audiencia intermedia.
El juicio en donde si hay personas detenidas además de órdenes de aprehensión pendientes de ser cumplimentadas es el asentado en la causa penal 97/2016 iniciado en un juzgado federal de la Ciudad de México en contra de nueve personas, entre ellas el gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte.
Por proceso se encuentran recluidas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes figuran como accionistas y representantes legales de una empresa inmobiliaria que de acuerdo con las investigaciones dela PGR, es una compañía fantasma creada con la única finalidad de triangular recursos de origen público que a su vez fueron entregados a otras empresas también falsas.
Las personas que permanecen prófugas por esta acusación además de Duarte, son Moises Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velázquez Nieva y Javier Nava Soria.
Todos ellos están acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ilícitos considerados como graves y que podrían ameritar una pena de prisión superior a los 20 años.
Fiscalía de Veracruz, sin consignaciones
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz tiene iniciadas hasta ahora dos carpetas de investigación relacionadas con la operación de empresas fantasma, pero hasta ahora no ha consignado ninguno de los casos ante un juzgado penal.
La primera averiguación corresponde a la red de empresas reveladas por Animal Político y confirmadas por el SAT. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Veracruz (Orfis) revisó el caso, y descubrió que estas empresas recibieron en total 131 contratos de la administración estatal, 55 más de los revelados en el reportaje inicial.
Tras este hallazgo, los auditores interpusieron en agosto pasado una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, que quedó asentada en la carpeta de investigación FESP/261/2016-VII.
La denuncia es contra los funcionarios que resulten responsables de las secretarías de Desarrollo Social de Veracruz, de Educación, de Protección Civil y del DIF estatal.
La segunda denuncia fue interpuesta la semana pasada como seguimiento de operación empresas no localizadas, pero esta vez por la adjudicación de contratos de Desarrollo Social a un nuevo grupo de compañías fantasma en 2015, lo que habría generado un daño patrimonial superior a los 430 millones de pesos.
“Es seguimiento a la denuncia que se formuló por los ejercicios 2012, 2013 y 2014, 2015 es una continuidad de lo que ya se venía haciendo, ese es el motivo por el que el Congreso del Estado instruyó al Orfis que de manera inmediata se formulara la denuncia penal” dijo el Director General de Asuntos Jurídicos del Orfis Óscar Ocampo Acosta.
Por otro lado el exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib dijo que desde 2013 presentó denuncias penales por la adjudicación de contratos de su dependencia a por lo menos siete empresas fantasma, sin que se tenga conocimiento de que alguna fuera consignada ante un juez.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/pgr-empresas-fantasma-veracruz-2/