De un plumazo y sordos ante el rechazo de organizaciones sociales, el PRI y un fraccionado PAN echaron abajo la disposición de la reforma electoral de 2007 que había fijado plazos específicos en el cargo de los magistrados electorales que fueran electos este año para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad jurisdiccional en la materia.
No les bastó con el arreglo que habían hecho apenas el 20 de octubre para la calificación de la elección presidencial de 2018, en el que ya habían colocado sus fichas. Entre el 27 de octubre y el viernes 4, con el puente del Día de Muertos de por medio, los partidos maniobraron en el Senado y la Cámara de Diputados para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con ello hacer que sus magistrados afines participen también en la calificación de la presidencial de 2024.
Por lo menos dos de ellos tienen clara filiación al PRI y al PAN: José Luis Vargas Valdez, quien trabajó para el gobierno de Felipe Calderón pero que en las controversias electorales en Colima y Sonora encabezó la defensa del PRI; y Reyes Rodríguez Mondragón, apadrinado por el senador panista Roberto Gil Zuarth y también excolaborador de Calderón.
En la misma semana en la que el presidente Enrique Peña Nieto premió a su antecesor en una ceremonia privada en el ITAM, “por su contribución al desarrollo del país”, los partidos también ampliaron el plazo como magistrado de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a quien durante el jaloneo en el Congreso se le ubicó como cercano a Humberto Castillejos Cervantes, actual consejero jurídico de Peña Nieto en la Presidencia, pero que también trabajó para Calderón en la Procuraduría General de la República (PGR).
El cuarto beneficiado es el exconsejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Indalfer Infante González, promovido por el PRD pero que desde que el propio Senado lo designó en 2009 en ese cargo del Poder Judicial ha tenido el respaldo del PAN.
Tan apresurada fue la maniobra que en un breve protocolo de menos de 10 minutos los cuatro magistrados juraron ante el pleno del Senado al mediodía del viernes 4, apenas unas horas antes de que por ley tuviera lugar la primera sesión del pleno de la nueva Sala Superior.
Beneficios colaterales
El beneficio no sólo es para los partidos. Al prolongar su estadía como máximas autoridades electorales jurisdiccionales, los magistrados prolongarán su millonario cobro anual. Cada uno de los siete integrantes de la Sala Superior ganará más de cuatro millones y medio de pesos al año, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2017.
En esa condición, Fuentes Barrera y Rodríguez Mondragón pasaron de seis a ocho años como magistrados de la Sala Superior; mientras que Infante González y Vargas Valdez, de tres a siete años.
Con los otros tres integrantes de la Sala, los partidos no tuvieron necesidad de hacer cambios pues desde el 20 de octubre fueron designados magistrados electorales por nueve años. También en la lógica del reparto, los partidos colocaron a sus afines: el PRI a Mónica Aralí Soto Fregoso; el Verde a Felipe de la Mata Pizaña y el PRD a Janine Madeline Otálora Malassis, aunque el PAN apoyó esas designaciones.
El viernes 4, en su primera sesión como magistrados electorales, Otálora fue electa nueva presidenta de la Sala Superior del TEPJF. Durará como magistrada presidenta cuatro años, por lo que le tocará dirigir la sesión en la que se califique la elección presidencial de 2018.
Fue una designación esperada, como parte de las negociaciones entre los partidos. Un nombramiento más que se espera es el de Berenice García Huante como secretaria general de acuerdos del TEPJF, que depende del pleno de la Sala Superior y es clave también para la operación de las salas regionales.
Fue seleccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como una de los 21 candidatos a magistrado electoral, pero el Senado optó por Otálora Malassis. En el TEPJF, García Huante ha sido secretaria auxiliar y secretaria de Estudio y Cuentas de varios magistrados.
Su hermano Omar es cercano también a Humberto Castillejos Cervantes, el hombre fuerte en la Presidencia. Trabajó con él en la PGR durante el gobierno de Calderón y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal hasta que Peña lo designó en 2013 magistrado del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ciudad de México.
Otro puesto importante en el TEPJF es el de la coordinación de asesores de la Presidencia de la Sala Superior. El nombre que se ha manejado es el del magistrado de la Sala Regional de Monterrey, Marco Antonio Zavala, quien también compitió para integrarse a la Sala Superior. Versiones del Senado señalaron que tiene el apoyo de Enrique Ochoa Reza, el presidente del PRI.
El propio Ochoa Reza trabajó en el TEPJF con la ahora exmagistrada María del Carmen Alanís, quien lo mismo favoreció la candidatura de Felipe Calderón que apoyó la de Enrique Peña Nieto. En marzo de 2011 el periódico Reforma reveló que Alanís, entonces presidenta del tribunal, ofreció una cena en su casa al consejero electoral del PRI Marco Antonio Baños, al propio Ochoa y al entonces diputado federal y asesor en la precampaña de Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
También estuvo Sebastián Lerdo de Tejada, exrepresentante del PRI en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral. Lerdo de Tejada falleció en mayo de 2015, cuando era director del ISSSTE.
La reunión fue previa a la resolución del TEPJF que exoneró a Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, de promover su imagen fuera de tiempos electorales, en violación de la ley electoral. Una decisión contraria lo habría sacado de la carrera presidencial.
También en 2011, otro excolaborador de Alanís, Roberto Jiménez Reyes, fue contratado por el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para que hiciera la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que le dio el triunfo al ahora prófugo gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa.
En la gestión de la pasada composición de la Sala Superior, el TEPJF también exoneró al PRI por la compra de votos a través de las tarjetas Monex, sin que investigara el origen de los recursos. Otro de los beneficiados con los anteriores magistrados fue el aliado del PRI, el Partido Verde, al que le redujeron multas por distintas violaciones, pero sobre todo le mantuvieron el registro a pesar de las repetidas violaciones a la ley en las elecciones intermedias de 2015.
Compromisos partidistas
Las biografías de los nuevos consejeros hablan por sí solas de su cercanía con los partidos.
Otálora Malassis, quien durante el proceso de selección en el Senado fue relacionada con la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, fue magistrada presidenta de la Sala Regional de la Ciudad de México entre 2013 y 2016 y hasta su nuevo encargo, directora general de la Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, fue secretaria instructora de la ponencia del magistrado de la anterior Sala Superior, Manuel González Oropeza, quien también fue propuesto por el PRD.
Entre los magistrados con más evidencias de vínculos con partidos políticos está Rodríguez Mondragón, quien hasta la designación del Senado era magistrado en la Sala Regional de Monterrey. Los propios senadores lo designaron en 2013. La Cámara alta no le es ajena, pues trabajó para el senador del PAN Roberto Gil Zuarth como secretario técnico cuando el político chiapaneco presidió la Comisión de Justicia en el Senado, de 2012 a 2013.
En 2011 fue coordinador de asesores del secretario particular del presidente de la República; es decir, del propio Gil Zuarth con Felipe Calderón, y cuya esposa, Margarita Zavala, busca la Presidencia de la República para 2018.
Rodríguez Mondragón también trabajó con Vicente Fox como asesor de análisis de encuestas y medios de comunicación en Comunicación Social de la Presidencia de la República. En la Cámara de Diputados, cuando se discutió la ampliación de su periodo, fue impugnado por Morena, pues como magistrado electoral de la Sala Regional votó para que se desconociera el triunfo de ese partido en la Presidencia Municipal de Zacatecas.
Otro magistrado con claros vínculos partidistas es Vargas Valdez, quien colaboró con el gobierno de Calderón, pero también con el PRI. Fue asesor de Juan Carlos Ugalde en el IFE, entre 2005 y 2006, durante el controvertido triunfo de Calderón. El expresidente lo envió al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, donde trabajó con uno de los hombres cercanos a Calderón, Guillermo Valdez.
Después, el exmandatario lo nombró titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero fue despedido cuando se opuso a apoyar desde esa oficina a Luisa María Calderón, la hermana del entonces presidente, cuando fue candidata al gobierno de Michoacán.
Tras su salida se opuso públicamente al PAN y en las elecciones para gobernador en Sonora, en 2015, y en Colima, este año, encabezó la defensa del PRI ante los tribunales electorales. Compitió en la terna en la que estaba postulado el exconsejero jurídico de Fox y Calderón, exprocurador general de la República y exconsejero del Consejo de la Judicatura Federal, Daniel Francisco Cabeza de Vaca.
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso también quedó identificada con el PRI, en particular con el senador Emilio Gamboa, coordinador de ese partido en el Senado; y Arturo Zamora, senador por Jalisco. Fue el Senado el que también la promovió como magistrada de la Sala Regional de Guadalajara.
Entre los nuevos magistrados con más experiencia electoral está Felipe de la Mata Pizaña, quien ha tenido el apoyo de la familia Luna Ramos. Fue coordinador de asesores de Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra de la SCJN Margarita, cuando presidió el TEPJF. Fue también secretario general de Acuerdos de la Sala Superior y por designación del Senado, magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF en la Ciudad de México.
Durante su aprobación como magistrado de la Sala Superior, la senadora independiente Martha Tagle le reprochó que como magistrado electoral de la Sala Regional haya protegido al Partido Verde ante las denuncias en su contra por haber lanzado tuits alusivos a sus candidatos en plena veda electoral, en el proceso del año pasado. El magistrado se defendió con el argumento de la libertad de expresión, incluso en las redes sociales.
El ministro Infante González también tiene el respaldo del PRD, pero sus vínculos más cercanos son con el saliente presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, a quien sucedió como consejero del CJF, el organismo responsable de la vigilancia, administración y sanción de los juzgadores federales.
Para llegar al CJF tuvo el apoyo del PAN y del PRD, en particular del ahora miembro de Morena y actual jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.
En el CJF fue presidente de la Comisión de Carrera Judicial, secretario ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación, y vocal jurídico del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
El magistrado Fuentes Barrera ha hecho carrera en el Poder Judicial de la Federación desde 1991, aunque sus cargos han sido en tribunales penales, civiles y administrativos. Durante el proceso de selección, también fue relacionado con el consejero jurídico de la Presidencia.
En marzo de 2015 formó parte de la terna para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con Eduardo Medina Mora. El exprocurador se convirtió en ministro a propuesta de Peña Nieto y Humberto Castillejos.
Repudio ciudadano
La propuesta para modificar el periodo fue una iniciativa del Senado y avalada por la Cámara de Diputados, pero causó rechazo social. Varias organizaciones no gubernamentales entregaron a la Cámara de Diputados más de 20 mil firmas, que reunieron en una semana, contra la ampliación. Ala Izquierda, Observatorio Electoral y Participando por México se movilizaron en la plataforma change.org para conseguir las firmas y hacer la petición al Congreso. De nada valió.
Pero fue tal el rechazo que el viernes 4 el Senado tuvo que resguardar a los beneficiados para aislarlos de la prensa. Tras su segundo juramento, el personal del Senado los sacó por la puerta de atrás del salón de plenos.
Cuestionados a gritos por los reporteros por las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña atajó: “Déjennos trabajar”. Y siguió de frente con el flamante magistrado Rodríguez Mondragón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461728/pri-pan-incondicionales-en-poder-judicial-2018-2024