En su edición de esta semana, Proceso consignó: “El viernes 21 -cinco meses después de que Proceso obtuvo una suspensión definitiva en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil para evitar que se le aplicara la Ley del Derecho de Réplica por la publicación de un reportaje que incomodó a Televisa-, el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete la modificó y emplazó a la revista a presentar una fianza de un millón de pesos para que la suspensión siga operando a su favor. De no hacerlo, quedaría abierta la puerta para que el consorcio de Emilio Azcárraga Jean inicie un juicio por derecho de réplica contra el semanario”.
La “artimaña jurídica”, detalló el semanario, busca llevar a juicio al semanario Proceso
Fue el pasado viernes 21, cuando el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete modificó la suspensión definitiva que la revista había logrado para que no se le aplicara la Ley del Derecho de Réplica, en tanto no se resuelva un amparo promovido por la publicación en contra de la norma vigente desde diciembre de 2015.
En diciembre del año pasado, Proceso interpuso una demanda de amparo en contra de dicha ley que entraba entonces en vigor.
En ella se argumenta que la ley va más allá de garantizar la réplica porque coloca a los periodistas en la obligación de probar la “falsedad de inexactitud” de cuanta información y opinión difundan. De lo contrario, serán objeto de juicios y sanciones. De esa obligación estarán exentos aquellos medios de información y periodistas que se limiten a reproducir información oficial.
El semanario informó que, a petición de Televisa, el juez Ibarra Navarrete emplazó a la revista a presentar una fianza de un millón de pesos para que la suspensión siga operando a su favor.
“De otra manera, se abrirá la puerta para que la empresa de Emilio Azcárraga Jean inicie un juicio por derecho de réplica en contra del semanario por la publicación de un texto sobre una alegada investigación en Estados Unidos contra la compañía mediática ante un supuesto ocultamiento de información sobre sus operaciones en efectivo con la clase política mexicana”, precisó.
El texto que reclama la televisora fue escrito por el periodista Jenaro Villamil; en él se expone: “Por enésima vez el consorcio de Emilio Azcárraga Jean es investigado por ocultar información, pero esta vez lo hacen la Securities and Exchange Commission –la máxima autoridad de regulación bursátil de Estados Unidos– y el Departamento de Justicia estadunidense a partir de un documento anónimo que recibieron la semana pasada. La información también llegó a The Wall Street Journal, que soltó la bomba informativa el jueves 5. Televisa respondió de inmediato y se dijo víctima de “un intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y sus empleados”. Sin embargo, los datos sobre los escamoteos financieros de Televisa están documentados”.
La información fue dada a conocer previamente por el periódico neoyorquino The Wall Street Journal, que reveló la existencia de una carta con remitente anónimo donde se acusa al vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso De Angoitia, y al director de administración y finanzas, Salvi Foch, como los presuntos orquestadores de un presunto fraude por 1,000 millones de dólares.
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México otorgó la suspensión definitiva a Proceso, en espera de la resolución de un amparo promovido por la revista contra la referida ley.
El 2 de mayo, el Colegiado había resuelto dar la suspensión bajo el principio del “derecho fundamental a la información” y determinó eximir al semanario de una caución, con el propósito de la que la medida cautelar tuviera efectos inmediatos.
Pero finalmente el juez Ibarra Navarrete emplazó a la revista a presentar una fianza.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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