Tanto la panista como su síndico segunda, Irasema Arriaga Belmont, procesada por el mismo delito, recibieron este lunes los beneficios constitucionales mediante los juicios 438/2016 y 441/2016 que ganaron, respectivamente, según la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal en la entidad.
A las dos mujeres, junto con otros siete colaboradores de Arellanes en el trienio 2012-2015, la actual administración las denunció penalmente ante la Subprocuraduría Estatal de Combate a la Corrupción, el pasado 1 de marzo, por el desvío de más de 17 millones de pesos.
Entre esos desvíos destaca la contratación de la firma de abogados Ricardo Martínez y Asociados, al que la alcaldesa pagó más de 7 millones de pesos para que la protegiera a ella y a sus colaboradores de posibles denuncias penales cuando dejaran su función.
El 5 pasado de julio, a solicitud de la Fiscalía, Arellanes quedó vinculada a proceso, aunque el desahogo de pruebas se ha visto interrumpido por recursos sucesivos que la acusada y el resto de exfuncionarios ganaron mientras se defendían de las imputaciones que presentó en su contra la Unidad Anticorrupción de la entidad.
En la determinación que se dio a conocer este lunes se establece que el juicio oral no podrá realizarse hasta que el procedimiento para vincular a los imputados se desahogue con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no conforme a la legislación local, lo que significaría reponer todo el procedimiento.
El miércoles de la semana pasada, la juez de Control Patricia Gutiérrez suspendió el procedimiento y ordenó reanudarlo cuando se desahogaran los amparos que la panista y sus colaboradores promovieron por irregularidades en el proceso.
El juicio de amparo que ganó la exalcaldesa representa un nuevo descalabro para la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Ernesto Canales, que no ha podido llegar a la etapa de juicio oral en contra de los exservidores públicos a los que pretende llevar ante la justicia por presuntos actos de corrupción.
Se espera que la Subprocuraduría interponga un recurso de revisión para revertir la orden del juez federal.
Hasta esta noche el gobierno estatal no se había pronunciado sobre el giro que tomó el caso de Margarita Arellanes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
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