Frayba señaló que “los mecanismos de investigación judicial son obsoletos e ineficaces, en cuanto al desplazamiento forzado de 13 personas en San Cristóbal, y añadió que “el Estado mexicano incumple promover y proteger los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos Forzados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
En abril del 2012, el Centro “documentó que la familia de Alonso López Girón, tuvo que salir de sus casas y de Banavil el 4 de diciembre de 2011, por las agresiones de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, indicó.
Recordó que los testigos refieren que cerca de 50 personas, con palos y armas de fuego, rodearon el lugar y sacaron a golpes a Alonso López Luna, “de quien se desconoce su paradero”.
Señaló que “ante amenazas de muerte y por temor de daños en su integridad, la familia se desplazó de manera forzada a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente sobrevive en condiciones inhumanas y precarias, sin posibilidades de rehacer su proyecto de vida ni los medios necesarios para el sustento diario”.
Calificó de “especialmente preocupante” la situación de las mujeres y niños, quienes carecen de alimentación adecuada y servicios de salud, así como de educación. “El 21 de febrero de 2013, a consecuencia de padecer vulnerabilidad en desplazamiento forzado, la niña Antonia López Girón murió a la edad de 11 años”, agregó.
Denunció y lamentó que las autoridades federales y estatales aún no han llevado a cabo alguna acción para dar seguimiento a los compromisos adquiridos, sino que al contrario, “han actuado de manera ineficiente, con nulos resultados en la investigación de los hechos del día 4 de diciembre de 2011 y sin justicia en las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante los cinco años del desplazamiento forzado”.
Lo anterior, “trae como consecuencia la impunidad que ubica en riesgo a la vida, integridad y seguridad personal a las personas desplazadas a quienes no se les ha garantizado sus derechos humanos y por consiguiente el acceso a la justicia”.
Ante esto, urgió al Estado mexicano a realizar las investigaciones serias, prontas y expeditas para dar con el paradero de Alonso López Luna, con la colaboración de peritos de la Procuraduría General de Justicia, además de que genere condiciones para el retorno con seguridad de las actualmente 21 personas desplazadas forzadamente, así como garantizar las tierras y sus derechos colectivos como integrantes del pueblo indígena tzeltal.
El 4 de diciembre del 2011, las familias de la localidad de Banavil, en Chiapas, fueron víctimas de agresión y obligadas a desplazarse de sus hogares, los cuales fueron saqueados y hasta hoy, cinco años después, no han podido regresar por el miedo a la inseguridad y nuevos ataques por parte del gobierno.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/cinco-anos-desaparicion-tzeltal-gobierno-sigue-sin-acciones/