En entrevista para Aristegui CNN, Negrete recordó que “el caso de Presunto Culpable que llegó a la Corte viene de haber grabado un juicio penal donde había un acusado injustamente de homicidio y que fue sentenciado a 20 años de prisión, el testigo que ahí estaba y que fue el testimonio que en realidad condenó a esta persona injustamente fue el que nos acusó en juicio por daño moral y dijo que no teníamos nosotros permiso de retratarlo y de difundir su imagen, eso sacó a Presunto Culpable de cartelera en su momento en 2011″.
Por su parte, Hernández agregó que “a la tercera semana de exhibición, una juez, Blanca Lobo Domínguez, que de broma decían en redes sociales que tenía nada de blanca y todo de lobo, decide frenar la distribución del documental y decide ordenar que se retire como medida cautelar de las pantallas de cine. Ahí empiezan los litigios en contra de la película, de la noche a la mañana se volvió el documental más visto en la historia de México, sigue manteniendo ese récord, según una encuesta que hizo Parametría 36 por ciento del país vio el documental”.
Recordó que para entonces la película ya se había proyectado en varios festivales y en el Festival de Morelia y el de Los Ángeles se ganó sendos premios al mejor documental, el Emmy como mejor investigación periodística en Estados Unidos y fue primera plana en el Wall Street Journal.
Ambos revelaron que fueron acreedores a más de 20 demandas de tipo civil y administrativo y que han “ganado absolutamente todos los casos, no perdimos ni un solo litigio, ni en ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ni en los foros administrativos, ni en la Suprema Corte”.
La Coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa destacó que fue el testigo quien causó el encarcelamiento y condena contra Toño Zúñiga, protagonista del documental, quien se inconformó por el uso de su imagen y finalmente “la Corte decidió la pregunta de si nosotros teníamos derecho a grabar a ese testigo en el contexto de una audiencia penal, es decir si teníamos esa libertad de expresión protegida o si bien el testigo tenía el derecho a la privacidad y resolvió en favor de la libertad de expresión, es decir nosotros teníamos derecho a mostrar este testimonio porque es un asunto de interés público y esta persona… está en el contexto de una audiencia penal que es muy importante y adquiere una proyección pública”.
“Lo que nos está diciendo es que el juicio penal es muy importante, es una actividad pública donde cuando te quitan la libertad todos debemos estar interesados, todos podemos y debemos ver la justicia y que un testigo que participe en ella no puede tener una expectativa de privacidad, es un acto público muy importante y creo que eso es afortunado”, abundó.
Negrete confesó que “han sido 5 años de todos estos litigios y conservar la calma y seguir haciendo la vida como si no pasara nada ha sido difícil”. Resaltó que “quizá lo más grave es no tener policías que sean competentes, policías civiles, no policías militares e investigadores, ministerios públicos y procuradurías que funcionen, eso todavía esta dejado de lado”.
Finalmente manifestó su deseo de “ver menos impunidad” y “más justicia” en el país.
A su vez, Roberto Hernández resaltó que el documental abrió un debate importante “sobre cómo deben ser los juicios, cómo se debe de juzgar a la gente, acompaña una reforma judicial que acaba de cristalizar en 2014 con un código nacional de procedimiento penal, se hicieron a un lado 33 legislaciones estatales un código federal de procedimiento penal y ahora México tiene una sola ley de enjuiciamiento criminal que es el código nacional de procedimiento penal“.
Reconoció que tanto en el gobierno como en el propio Poder Judicial hubo receptividad sobre las críticas que desde el filme se emitieron, “no fue el gobierno refractario a la crítica y desde el gobierno se impulsaron políticas públicas para hacer frente a lo que la película estaba cuestionando”.
No obstante, el abogado y documentalista advirtió que aún falta mucho por hacer. “El índice de estado de derecho que publica el World Justice Projet es una encuesta a 118 países me parece, mil personas por país, su misión es averiguar cómo se vive el Estado de Derecho y la Justicia en la realidad y en el índice en 2016 México salió en la posición 88 en cuanto a justicia penal salimos en la posición 113 de los 118 países (…) solamente le ganamos a Venezuela eso nos habla de que hay mucho por hacer, que el haber cambiado los juicios penales en México y que haya juicios orales pues es como una gota en un lago, fue un cambio enorme, dramático, pero no alcanza todavía, no alcanzamos todavía a verlo reflejado en cómo se vive la justicia en México y cómo funcionan las instituciones”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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