En un comunicado se informó que tras 15 horas de dictaminación, la presidenta de la Comisión de Alcaldías, Gabriela Cuevas, dijo que lo que se ha buscado en todo momento “es cómo resolvemos de mejor manera los problemas que enfrenta la gente desde los gobiernos de proximidad que serán las alcaldías”. Refirió que fue muy importante el proceso en el que se escuchó no sólo a las diputadas y diputados, sino también a los ciudadanos promoventes, a organizaciones y a los jefes delegacionales.
Con la dictaminación de los artículos 58 a 62, el séptimo y octavo transitorio del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, quedó aprobada la sustitución de los órganos unipersonales de gobierno en las delegaciones, por la figura de Alcaldías que estarán conformadas por una persona titular y un Concejo. Con lo anterior, se busca consolidar un gobierno de proximidad con sus habitantes, sobre la base de un régimen democrático directo, representativo y de participación ciudadana, y de buena administración.
De acuerdo con este modelo, al alcalde corresponderá la administración pública y al Concejo tocará fungir como un contrapeso al titular de la alcaldía.
De igual forma se aprobó que se establecerá un Cabildo de la Ciudad de México el cual estará integrado por el Consejo de Alcaldes, mismo que funcionará como un órgano de carácter vinculante, de planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión del gobierno de la Ciudad de México y las personas titulares de las alcaldías. En él participará también el titular de la Jefatura de Gobierno.
El Cabildo deberá establecer acuerdos generales sobre los asuntos de administración pública y de las demarcaciones territoriales, así como opinar sobre los proyectos de iniciativas de ley y de cualquier norma que promueva la Jefatura de Gobierno y que tenga impacto en el ámbito específico de las demarcaciones.
También podrá acordar inversiones respecto de obras que realice el Gobierno de la Ciudad, así como políticas, programas y acciones para el desarrollo de infraestructura, servicios y otras actividades de interés para la ciudad. Establecerá la política hídrica de la ciudad y adoptará acuerdos en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito.
Se prevén mecanismos de asociatividad entre las alcaldías y los municipios vecinos a efecto de atender necesidades y problemáticas que afectan a comunidades del área metropolitana.
Durante las sesiones de discusión se aprobó que las demarcaciones territoriales recibirán directamente de la Hacienda Pública los recursos financieros del presupuesto de egresos aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y deberán establecerse calendarios específicos para que se puedan planear con certeza los programas. También fue aprobado que las alcaldías ejercerán sus recursos con autonomía presupuestal, programática y administrativa, y en esto se incluye los productos financieros generados en el ejercicio. Se establecerá un Fondo Adicional de Financiamiento de las alcaldías en cada ejercicio fiscal, y su distribución se realizará tomando en cuenta los criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano. Y en ningún caso estos recursos podrán ser condicionados.
Además, se aprobó que las alcaldías no podrán contraer deudas ni podrán otorgar concesiones o enajenar el uso o disfrute de los bienes que tienen asignados.
Hubo acuerdo general en el sentido de que los recursos para las alcaldías no podrán estar en función de la capacidad financiera de la Hacienda Pública, como lo señalaba el proyecto de dictamen.
Por otra parte, se aprobó que los titulares de las alcaldías y los concejales deberán presentar un informe público sobre el avance en el cumplimiento de su plataforma electoral registrada.
Además, la Comisión aprobó un artículo transitorio para que el Congreso de la Ciudad de la México, en un plazo que no exceda del primer año de su ejercicio legislativo, expida una ley de coordinación para la seguridad ciudadana en las demarcaciones territoriales, que establezca las modalidades para que las alcaldías convengan con el Jefe de Gobierno la creación y operación de cuerpos de policía (territorial o proximidad) a cargo de la prevención del delito y la seguridad ciudadana en su demarcación.
La Comisión de Alcaldías también aprobó que una vez concluido el proceso electoral correspondiente a las alcaldías en 2018, el Congreso de la Ciudad de México deberá iniciar el proceso de revisión de la división territorial de la capital, de conformidad con los criterios de población, configuración geográfica, identidades culturales de las y los habitantes, reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, factores históricos, infraestructura y equipamiento urbano, número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales, entre otros. El proceso de revisión deberá concluir a más tardar en diciembre de 2019.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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