Frente a este lugar, a 40 kilómetros de la costa, Odyssey Marine Exploration, una empresa estadunidense dedicada a buscar tesoros en barcos hundidos, planea extraer fósforo del fondo marino, lo que generó una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y pescadores de la zona.
El proyecto minero –llamado Don Diego– está en el Golfo de Ulloa, perteneciente al municipio de Comundú, Baja California Sur. De llevarse a cabo, aplicará una técnica de minería que nunca ha sido probada comercialmente. Esta técnica consiste en dragar y extraer fósforo del lecho marino. El problema es que se desconocen sus riesgos o afectaciones. Aunque la empresa dice que los peligros de la extracción submarina son mínimos, biólogos aseguran que el dragado afectará el ecosistema.
Pero no sólo los científicos ven el yacimiento como una amenaza. “Si trabajan aquí tronamos, se acaba el pueblo, se acaba todo. Y lo mismo va a pasar en otras partes porque las corrientes del mar van y vienen”, dice Juan Luis, poblador y pescador de San Juanico.
En septiembre de 2016, Namibia se convirtió en el primer país en aprobar una mina submarina de fosfato en el mundo tras una moratoria de 18 meses, hasta que la empresa Namibian Marine Phosphate (NMP) realizó estudios para proteger la industria pesquera de la zona. Aun así, los pescadores dudan de los análisis, que fueron pagados por la misma compañía. Y otro proyecto similar de Odyssey permanece vetado en Nueva Zelanda.
Por su parte, los promoventes de la mina Don Diego venden su operación como una segura y necesaria inversión que beneficiará al campo mexicano. Señalan que al extraer fósforo, un elemento esencial para fabricar fertilizantes, México se librará de la obligación de importar este mineral. Pero organizaciones sociales e investigadores consideran que este argumento es falaz: sólo una estrategia para conseguir apoyo político.
Si bien la iniciativa ya fue rechazada una primera vez por las autoridades ambientales mexicanas, Odyssey Marine Exploration se asoció con Altos Hornos de México (AHMSA, la siderúrgica más grande del país) para promoverla. Así, los cazadores de tesoros preparan, de la mano de exfuncionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una nueva Manifestación de Impacto Ambiental para obtener los permisos de operación de la mina subacuática.
En México, lo que hasta ahora detiene el proyecto es que el lugar es ruta migratoria de la tortuga amarilla, una especie protegida y en peligro de extinción que migra de Japón y pasa por la costa del Pacífico mexicano hasta Hawái.
Esta tortuga, y la presión que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a México para protegerla (ha amenazado incluso con un embargo pesquero) provocó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) decretara una veda pesquera en el Golfo de Ulloa durante tres meses.
Sin embargo, persiste la probabilidad de que se cree la mina. “Nuestra legislación es muy endeble. En realidad no hay nada que nos proteja bien, que proteja el ambiente. Es extremadamente fácil mantener un discurso de minería sustentable basado en nada, porque no tenemos la normatividad que lo asegure. Al contrario, ofrecemos todas las ventajas para que las empresas se lleven lo que quieren, no paguen impuestos y no haya un seguimiento”, considera la bióloga Jeanneht Armendáriz en entrevista.
Asociación binacional
Una empresa de cazatesoros. Así es definida Odyssey Marine Exploration en el boletín de la Secretaría de Cultura que promueve la exposición El último viaje de la fragata Mercedes, la cual reúne el tesoro rescatado del buque español hundido en el océano Atlántico en 1804.
Más de medio millón de monedas de oro y plata, pinturas de Goya y otros objetos considerados patrimonio cultural subacuático fueron saqueados en 2007 por Odyssey y transportados a Estados Unidos. Pero el gobierno español promovió un litigio, que duró cinco años, y la empresa fue sentenciada a regresarlo a España. Hoy, lo rescatado se exhibe en el Museo Nacional de Antropología de México.
Esa es la compañía que pretende perforar –a través de la subsidiaria Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V.– la primera mina submarina del mundo para extraer fósforo en costas mexicanas.
La empresa fue fundada en 1994. Desde entonces se dedicó a desarrollar tecnología para recuperar y comercializar restos de barcos hundidos, un negocio que les permite cotizar en la bolsa de Nueva York desde 2003. Su sitio web resalta que ha descubierto y explorado más naufragios que cualquier otra compañía, grupo académico, organización o gobierno en el mundo.
Pero Odyssey también tiene una faceta minera: es socia mayoritaria de otras tres empresas (Neptune Minerals, Chatham Rock Phosphate y Oceanica Resources) que poseen licencias de explotación de depósitos minerales en el fondo marino.
“Odyssey ofrece servicios de contratación, incluyendo su experiencia en la exploración del fondo oceánico y el equipo, a gobiernos y compañías de todo el mundo”, señalan en su página en internet.
Neptune Minerals tiene concesiones en Nueva Zelanda y Japón. Y Chatham Rock Phosphate en Nueva Zelanda. Esta última promueve un proyecto similar al mexicano, que fue rechazado el 11 de febrero de 2015 por encontrarse en una Zona Económica Exclusiva de la plataforma continental (el mismo caso de Don Diego).
Oceanica Resources, basada en Panamá, es filial de Exploraciones Oceánicas, que a su vez es presidida por Daniel de Narváez, un historiador náutico colombiano que aparece en múltiples publicaciones de la socialité en ese país y fue presidente de la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas (Aprecol).
A través de Exploraciones Oceánicas, Odyssey promovió ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Don Diego para operar en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, en septiembre de 2014.
En marzo de 2015, Exploraciones Oceánicas recibió una inyección de capital de 15 millones de dólares de Minera del Norte (Minosa), subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), lo que convirtió a la empresa mexicana en socia mayoritaria. Entonces, el proyecto minero inició una nueva estrategia.
Alonso Ancira Elizondo, llamado El Rey del Acero, preside el consejo administrativo de AHMSA a la par de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).
Después de que la empresa invirtiera en Exploraciones Oceánicas, retiró la MIA ingresada en 2014, a tan sólo días del fallo. Luego, en noviembre de 2015, Excélsior difundió que los directivos de la minera se reunieron con representantes del entrante gobierno panista de Baja California Sur para cabildear el proyecto Don Diego e ingresaron una nueva MIA, en la que anunciaron la asociación con la siderúrgica.
En marzo de 2015, Exploraciones Oceánicas demandó penalmente a un reportero bajacaliforniano, Carlos Ibarra, así como a miembros de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale por dar a conocer que estaban perforando pozos de exploración sin la autorización de la Semarnat.
“Nos acusaron de un delito federal, una cosa risible: conspirar en contra del desarrollo económico de México”, afirmó Carlos Ibarra, y agregó que la Procuraduría General de la República (PGR) no le permitió revisar el expediente de la querella. La organización defensora de periodistas Artículo 19 denunció la existencia de una campaña de hostigamiento judicial contra el reportero, y a fines de 2015 la empresa retiró la demanda.
Para este reportaje se contactó a Odyssey Marine Exploration y a AHMSA. Sin embargo, se negaron a responder preguntas específicas. “En este momento no estamos dando entrevistas relacionadas con el proyecto Don Diego”, contestó Laura Barton, directora de Comunicaciones de Odyssey. Y la oficina de Relaciones Públicas de AHMSA declaró que no haría ningún comentario en su calidad de socia del proyecto.
Un último movimiento empresarial sucedió en diciembre de 2015: Odyssey vendió una parte de la compañía por 21 millones de dólares a Monaco Financial, firma estadunidense dedicada a comercializar monedas raras y productos de metales preciosos. Entonces, Mark Gordon, director de Odyssey, señaló el depósito de fosfato en el fondo marino de México (Don Diego) como un emprendimiento clave para su negocio.
La técnica de dragado
El proyecto Don Diego está localizado en el Pacífico, a 22 kilómetros de la costa, entre Punta Abreojos y Cabo San Lázaro, en Comondú, Baja California Sur. Toda esta área ahora es conocida como Golfo de Ulloa, aunque los pescadores de la zona dicen que sólo comenzó a llamársele así a partir del proyecto minero.
Lo que Exploraciones Oceánicas planea hacer allí es dragar el lecho marino para extraer 7 millones de toneladas de arena fosfática, las cuales serán procesadas para obtener el fósforo y el resto será regresado al mar. El plan prevé cinco etapas, cada una de 10 años. En total, 50 años de dragado continuo.
De acuerdo con organizaciones ambientales, el Golfo de Ulloa es un importante centro de actividad biológica. Por ahí migran especies protegidas como la ballena gris y cinco diferentes tipos de tortugas marinas, y viven unas 400 clases de peces. Por ello, afirma Jeanneht Armendáriz, bióloga e integrante de la asociación Medio Ambiente y Sociedad, es imposible que el dragado de la mina Don Diego no afecte las especies marinas y, con ello, la actividad pesquera.
“Van a hacer siete metros aproximadamente de dragado hacia abajo. Toda la fauna, la flora que haya en el fondo marino, la van a arrastrar y exterminar. Y, además, con esta remoción de minerales tóxicos lo que ocasionan es una productividad de microalgas nocivas, conocidas como mareas rojas, que afectarán muchísimo a las pesquerías”, explica.
Armendáriz también advierte sobre el riesgo radionuclear asociado a la minería de fósforo: este elemento usualmente se encuentra acompañado de elementos tóxicos como uranio, cadmio, cromo, vanadio, zinc y torio. La preocupación es que, con la remoción del lecho marino, estos minerales de acompañamiento también se liberen y queden flotando.
“En su estudio de impacto ambiental, la empresa manifiesta que encontraron una concentración considerable de uranio en el sedimento. Pero el problema con la normatividad es que no tenemos cantidades que sean permisibles en agua que no vayamos a beber”, puntualiza.
Anna Cederstav, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), asevera que la extracción de fosfato en el Golfo de Ulloa podría traer más daños que beneficios. “Nadie sabe si una mina de este tipo puede ser sustentable. Lo que sí se sabe es que la minería de fosfato en tierra tiene problemas enormes porque los sedimentos toman años en cimentarse”.
Crisis de fosfato
El consorcio Odyssey-AHMSA se encargó de promover la mina Don Diego ante políticos locales y el gobierno federal como indispensable para la seguridad alimentaria de México, uno de los puntos clave de la Cruzada Nacional Contra el Hambre impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Como México depende en gran medida de las importaciones extranjeras de fertilizantes (83%), los promotores de la mina de fosfato aseguran que su mina favorecerá a los agricultores mexicanos.
“Estamos hablando de un recurso que los países necesitan para asegurar su seguridad alimentaria. Y, básicamente, son cinco naciones las que controlan las reservas de fósforo en el mundo. Por lo tanto, esto puede convertirse en un problema de seguridad nacional y es preocupante que no esté en la agenda”, arguye Dana Cordell, integrante del Instituto para el Futuro Sostenible de la Universidad de la Tecnología en Sídney.
La investigadora aclara que no se trata de un agotamiento del recurso mineral, sino de una escasez provocada por razones geopolíticas y económicas: “Hoy en día, uno de cada seis agricultores no puede acceder a fertilizantes, y si el fósforo se vuelve más escaso por razones geopolíticas o por el alza de precios, menos agricultores podrán cultivar alimentos”.
Pero la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera en un análisis que “extraer fosfato en aguas de México no garantiza que será utilizado para suplir la demanda en ese país ni en el continente”.
En el caso mexicano, la falta de seguridad alimentaria obedece a otras razones, de acuerdo con el ingeniero agrónomo y especialista en economía agrícola Víctor Suárez Carrera.
“El hecho de que no haya seguridad alimentaria en México se debe a políticas públicas que ha impulsado el gobierno mexicano bajo presiones internacionales en los últimos 30 años”. Y apunta: el concepto de la seguridad alimentaria es complejo y tiene diversas dimensiones, y no está determinado por la escasez de un insumo como el fósforo.
Anna Cederstav, de AIDA, agrega que el vínculo entre la mina y el beneficio al campo mexicano es, por lo menos, débil. Lo que sí resulta claro, dice, es que si Don Diego se concreta afectará el ambiente, la pesca, la economía y el sustento social local.
La ruta de la tortuga
La pesca en el Golfo de Ulloa es muy importante. En él se realiza 70% de la extracción piscícola de Baja California Sur. Un ejemplo es la Cooperativa Pesquera Puerto Chale, que agrupa a 136 pescadores de San Juanito y Las Barrancas, dos poblados en la costa de este golfo. La temporada de langosta (que se inicia en septiembre) es la más lucrativa para esta cooperativa: reporta ventas de 90 a 100 toneladas del crustáceo al año.
Actualmente, en el Golfo de Ulloa existe una veda para proteger a las tortugas. El nombrado “refugio pesquero”, que comenzó en diciembre de 2014 y para 2015 se amplió, respondió a la alta mortandad de tortugas que sucedió en 2012, de acuerdo con las autoridades.
La ampliación de la veda permitió que, en septiembre de 2016, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) estadunidense certificara positivamente a México en relación con la protección de la tortuga caguama.
Antes, en agosto de 2015, la NOAA certificó negativamente a México y el gobierno de Estados Unidos amenazó al mexicano con realizar un embargo pesquero si no frenaba las muertes de tortugas.
Para la Sagarpa, la mortandad de esta especie se debe a su pesca incidental y, por ello, el 24 de junio de 2016 inició una veda general de cualquier tipo de pesca en la zona del refugio durante tres meses.
Juan Luis Murillo es pescador, originario de San Juanico, un poblado de unos 500 habitantes en el norte del Golfo de Ulloa. En verano este lugar recibe visitantes extranjeros (la mayoría canadienses y estadunidenses) que buscan surfear en el Pacífico. Fuera de la pesca y el turismo, la otra actividad económica rentable para los pobladores de San Juanico es trabajar como albañiles en las casas de los foráneos.
“No vamos a poder hacer nada. Nosotros estamos impuestos a estar trabajando y el mar ha sido nuestra vida”, dice Juan Luis, quien por la veda recibió 3 mil pesos quincenales como compensación, lo que no es suficiente para pescadores que en una buena temporada pueden obtener hasta 55 mil pesos en un solo día.
La veda general terminó el 1 de octubre y los pescadores iniciaron la temporada de captura de langosta. Sin embargo, para algunos defensores ambientales la veda debería ser permanente.
Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, organización que en su momento se opuso a la mina Don Diego, considera que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) debe mantener el refugio pesquero en el Golfo de Ulloa.
La bióloga Jeanneht Armendáriz explica que la zona del refugio pesquero coincide con la zona donde se pretende realizar el dragado de la mina Don Diego, por lo que considera que existe una incongruencia de las autoridades que, por un lado, prohíben la pesca y, por el otro, mantienen abierta la puerta a un proyecto minero que arrasaría con las especies animales y vegetales, protegidas y no protegidas.
Este reportaje fue producido con el apoyo de Round Earth. Nina Feldman contribuyó en él
FUENTE: PROCESO/PERIODISTAS DE A PIE.
AUTOR: CELIA GUERRERO (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/465716/cazatesoros-gringos-ahmsa-van-fosforo-baja-california-sur