Jarab explicó que en una reunión que sostuvo junto con el secretario general del gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, y con el fiscal general Xavier Olea Peláez, se le entregó un informe que resume que de enero de 2013 a la fecha se registraron 409 casos de desaparición en Acapulco, Iguala y Chilapa.
Ante los datos de que entre octubre del 2015 y noviembre del año en curso se tienen contabilizados 2 mil 428 homicidios dolosos, el representante de ONU-DH calificó de “muy preocupante” la información que recibió, junto con el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, Ismael Eslava Pérez, del gobierno guerrerense.
“Esto me deja sin comentarios, si esa es una situación bajo control (como dice el gobierno del estado) es una situación preocupante, más de 400 casos sólo de desapariciones, y en muchos casos no hay denuncias por miedo a que el crimen organizado les haga perder a otros familiares si van a denunciar”, advirtió.
“Hay un problema muy dramático, vamos a hacer todo para que se multipliquen los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las familias, es una de las cosas más tristes escuchar que las personas quieren saber si su familiar está muerto y dónde se encuentra su cuerpo”, añadió.
Señaló que las desapariciones y los obstáculos en las instancias de justicia que encuentran las familias en el estado no deberían existir.
“Nuestra oficina siempre hace hincapié en la búsqueda con vida (de las víctimas de desaparición) y estamos convencidos de que las autoridades estatales y federales deben de hacer mucho más esfuerzo para dar con el paradero de los desaparecidos en Chilapa y el estado”, indicó.
Durante su misión en la entidad, tanto ONU-DH como la CNDH concluyeron que en el estado continúa la situación de inseguridad, la impunidad en que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, particularmente las desapariciones, la falta del acceso a la justicia, la reiteradas amenazas contra defensores de derechos humanos y el desplazamiento forzado interno.
Ante esto, urgieron poner fin a la impunidad para reducir los niveles de violencia, y remarcaron la necesidad de atender la problemática de manera integral a fin de que las soluciones que se propongan en materia de seguridad también atiendan el problema de acceso a la justicia.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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