El director del Semefo en la entidad, Ben Yehuda Martínez Villa, informó que las unidades de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, que dependen de la Secretaría de Salud estatal, tienen cámaras frigoríficas con capacidad para 150 y hasta 200 cadáveres, pero actualmente están ocupadas al 120%.
El funcionario dio a conocer esta semana que en las tres unidades suman 460 los cuerpos que se encuentran en calidad de desconocidos y se han ido acumulando desde 2014; problema que sobrepasa la capacidad de los médicos legistas de la institución.
A la unidad de Chilpancingo se trasladan los cuerpos localizados en las regiones Centro, Montaña, Tierra Caliente y zona Norte, mientras que en la de Acapulco se depositan los provenientes del puerto y de las regiones Costa Grande y Costa Chica.
El 30 de noviembre la agencia Apro informó que varios cuerpos de personas ejecutadas durante la semana previa en distintos lugares de la región Centro estaban tirados en el estacionamiento del Semefo de Chilpancingo, porque no cupieron en las cámaras frigoríficas.
La falta de espacio impide garantizar el trato digno a las víctimas de la narcoguerra que sumió al estado en una crisis similar a la de 2012, año en que se registraron más de 2 mil homicidios dolosos.
Apenas llegaron al Semefo de Chilpancingo, los 33 cuerpos y ocho cabezas exhumados en el cementerio clandestino de Zitlala excedieron la capacidad de las cámaras frigoríficas, pero también la de los médicos legistas para analizarlos.
Los cadáveres se siguen llevando allá todos los días, pese a que las bolsas negras con restos humanos también se apilan en la sala de necropsias, donde los médicos realizan de tres a cinco de estos procedimientos diarios.
Luego de que Apro reveló la situación interna del Semefo en Chilpancingo, una semana después –el martes 6– autoridades ministeriales y de Salud estatal decidieron inhumar 20 de los 460 cuerpos que no han sido identificados oficialmente y estaban almacenados en una fosa común denominada Cementerio Forense Estatal, ubicada dentro del panteón privado Parque Cementerio La Paz, al poniente de esta capital y propiedad de Heriberto Huicochea Vázquez, un compadre del gobernador priista Héctor Astudillo Flores que actualmente se desempeña como coordinador del programa federal Seguro Popular en la entidad, según indicaron fuentes oficiales.
¿Por qué “cementerio de botellas”? Porque junto a cada uno de los cuerpos depositados en gavetas individuales se colocan botellas de plástico con un papel adentro donde se anotan los datos básicos del cadáver: número de averiguación previa, lugar del hallazgo y fecha de resguardo.
En septiembre último, funcionarios estatales informaron que el “cementerio de botellas” de Chilpancingo fue proyectado como una construcción de siete módulos con 80 gavetas cada uno, de los cuales ya están construidos cuatro. También contempla espacios para vialidades y circulación peatonal, así como caseta de vigilancia y cercado perimetral, con un libro de gobierno para anotar el día y la hora en que ingresan los cuerpos.
No obstante, hasta el momento se desconoce el monto de la inversión de la fosa común que se encuentra en el interior de dicho panteón privado, cómo se adjudicó el contrato y cuál fue la empresa beneficiada para ejecutar el proyecto, calificado como “el primero en su tipo” a nivel nacional.
Las autoridades estatales tampoco han explicado por qué no han sido identificados los casi 500 cuerpos que comenzaron a sepultar, qué se hizo para conocer la causa de las muertes y si los cadáveres fueron localizados en fosas clandestinas o en otros lugares.
El miércoles 7, el gobierno de Astudillo aseguró que en el caso de los 20 cadáveres depositados un día antes en el “cementerio de botellas” se realizaron la cadena de custodia correspondiente y las diligencias de traslado. Añadió que en cada gaveta sellada se colocó una placa metálica con número de averiguación previa y fecha de resguardo, y afirmó que previamente se efectuó una doble verificación de cada cuerpo mediante un peritaje y un cuestionario ante mortem y post mortem.
Asimismo, señaló que el traslado del resto de los cuerpos acumulados en el Semefo y que no han sido identificados será “paulatino” mientras se continúa con el proceso de realización de pruebas de ADN a todos los cadáveres; un procedimiento que, advirtió, se va a prolongar, aunque no especificó por cuánto tiempo.
Los trabajos de inhumación de los primeros 20 cuerpos fueron asesorados por la Cruz Roja Internacional, que proporcionó un software para elaborar los perfiles genéticos que serán integrados a la base de datos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la fiscalía estatal, con el propósito de innovar y sistematizar las prácticas periciales.
Por lo demás, sin embargo, queda en la opacidad la información sobre el tiempo que ha pasado cada uno de esos cuerpos en el Semefo, dato importante porque después del caso Ayotzinapa cientos de personas buscan en los cerros de todo el estado a familiares desaparecidos.
A principios de agosto pasado, esos grupos denunciaron ante los medios de comunicación que, pese a las aproximadamente 500 denuncias por desaparición de personas que se han presentado de 2006 a la fecha en la entidad, los gobiernos federal y estatal pretenden “invisibilizar” la grave crisis de derechos humanos y dejar impunes los crímenes.
Estimaron que la cifra real de desaparecidos supera con mucho los casos formalmente denunciados, debido a que mucha gente no confía en las autoridades y teme represalias de la delincuencia.
En 2010 se encontraron en una bocamina de Taxco restos de más de 50 cuerpos, que un año después fueron inhumados en una fosa común del panteón municipal de Chilpancingo. No se ha informado si las autoridades ministeriales conservan material genético de las víctimas.
Familiares de desaparecidos cuestionaron el método de trabajo de las autoridades ministeriales y atribuyeron la acumulación de cuerpos en las unidades del Semefo a la indolencia y burocratismo gubernamentales.
Como ejemplo mencionaron el caso de Saira Hernández Chino, una adolescente de 15 años de edad que desapareció en marzo de 2015 en Chilpancingo y cuyo cadáver fue localizado nueve meses después junto al de otra jovencita en una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de esta capital.
El calvario de la madre de Saira, Bellanira Chino Ocampo, no terminó en ese momento, pues comenzó un largo peregrinar para reclamar legalmente la entrega del cuerpo de la muchacha, identificada por los rasgos y la vestimenta.
Destacaron que tras confirmar la identidad de la víctima con los resultados de las pruebas de ADN, las autoridades ministeriales nunca notificaron formalmente de ello a la señora Bellanira, a quien, después de participar en múltiples protestas en la Ciudad de México junto a otros familiares que buscan personas desaparecidas, le entregaron el cuerpo de su hija hasta finales de octubre de este año.
Es decir, el cuerpo de Saira Hernández permaneció en el Semefo de esta capital casi 11 meses, aun cuando los resultados de genética forense ya habían sido cotejados positivamente con los de su madre.
En junio pasado, en el reportaje Radiografía del horror en Guerrero, la agencia Apro difundió que en los últimos ocho años han sido exhumados 298 cuerpos y restos óseos de 113 fosas clandestinas esparcidas en la entidad.
De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), obtenido a través de la Ley de Transparencia, 2014 –el año de la tragedia de Ayotzinapa– fue también aquel en que se desenterraron más cadáveres en fosas clandestinas, con 101 víctimas exhumadas, principalmente en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
En segundo lugar está 2010, con 68 cuerpos, 64 de ellos localizados en la bocamina de San Francisco Cuadra, en Taxco de Alarcón. Sólo ocho fueron identificados y los demás fueron depositados en una fosa común de Chilpancingo.
En 2015, las autoridades ministeriales reportaron 31 cadáveres exhumados. Y en los primeros seis meses del presente año sumaron 14 cuerpos extraídos de cuatro fosas.
Es decir, de 2009 a junio de 2016 se ha ubicado un promedio anual de 37 personas asesinadas y sepultadas en fosas clandestinas, sobre todo en Acapulco, Taxco, Chilpancingo y Chilapa. No existe un registro preciso de este tipo de fosas en las zonas rurales, es decir, en la mayor extensión del territorio guerrerense.
El pasado 20 de noviembre se realizó el hallazgo más numeroso de cuerpos de este año (los 33 cadáveres y ocho cabezas), en 17 fosas ubicadas en el cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala.
Por esa razón el día 28 acudieron al Semefo de Chilpancingo al menos 55 familias, en su mayoría indígenas nahuas de Chilapa y Zitlala, quienes buscaban a familiares desaparecidos entre los restos exhumados del cementerio clandestino.
El profesor José Díaz Navarro, integrante del colectivo Siempre Vivos, compuesto por familiares de desaparecidos de Chilapa, señala que ese lugar era utilizado desde hace al menos cuatro meses por la delincuencia organizada para tratar de desaparecer a sus víctimas.
Considera que esta situación indica que no ha funcionado la estrategia de seguridad del gobierno federal ni del estatal en Chilapa y Zitlala, donde las bandas Los Rojos y Los Ardillos se disputan las zonas de producción y trasiego de drogas.
Hasta el momento, de los 33 cuerpos exhumados de las fosas de Zitlala sólo han sido identificados dos. Se trata de un agente de la Policía Preventiva estatal de nombre Darío, quien desapareció el mes anterior en Chilapa, así como Norma Ramírez Gutiérrez, una jovencita de 20 años originaria de Chilapa que trabajaba en una estética en Chilpancingo y fue privada de su libertad a principios de octubre en su pueblo.
El hallazgo de la narcofosa de Zitlala da una idea de la espiral de violencia que padecen ese municipio y otros como Chilpancingo, Chilapa, Apango y Tixtla. La guardia comunitaria de esta última demarcación, ubicada a 15 kilómetros de la capital del estado, denunció que el gobierno de Astudillo desarrolla una estrategia paramilitar para aniquilar a activistas y que un grupo criminal impuso virtual toque de queda en su ciudad.
Entre el 23 y el 29 de noviembre fueron privados de su libertad y posteriormente ejecutados el profesor Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la guardia comunitaria de Tixtla, y Luis Tenero Encarnación, exregidor y promotor de grupos de autodefensa en el poblado de Atliaca.
El día 29 se reportó oficialmente al menos una decena de ejecuciones en la región Centro, pero el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó en la misma fecha que la incidencia delictiva en cinco de los principales municipios de la entidad ha disminuido “de manera extraordinaria”. Puso como ejemplo de ello a Acapulco.
El militar consideró que la percepción social de que sucede lo contrario se debe a un problema “comunicacional”.
Cienfuegos visitó Guerrero para revisar la estrategia implantada por el Ejército desde septiembre pasado en la zona urbana de Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Acapulco y Coyuca de Benítez, que forman parte del programa para auxiliar a los 50 municipios más violentos en el país.
En conferencia realizada en el cuartel de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Cienfuegos se aferró a su versión de que ha bajado la incidencia delictiva en las principales ciudades de Guerrero y que el operativo militar de seguridad ha dado buenos resultados estadísticos.
Un informe elaborado en noviembre último por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, que dirige el general Pedro Almazán Cervantes, indica que seis municipios –incluidos los cinco donde se aplica el programa de seguridad del Ejército– concentran 67.93% de los homicidios dolosos registrados este año, que a la fecha rebasan los 2 mil.
Según el documento, en Acapulco se acumula 40% de los homicidios dolosos del estado, que tienden a aumentar; le siguen Chilpancingo (10%), Iguala (5.54%), Zihuatanejo (4%), Chilapa (3.69%) y Coyuca de Benítez (3.43%).
El informe de la SSP no menciona disminución alguna en los índices delictivos del estado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466141/en-guerrero-se-desbordan-los-cadaveres