La inscripción a la estancia infantil es un derecho laboral para las trabajadoras de la Procuraduría, sin embargo ésta negó inscripción a un menor que tiene discapacidad motriz e intelectual.
El pasado 3 de diciembre, al conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que gracias a los apoyos que su administración ha brindado a la población con discapacidad, en la capital del país ha logrado disminuirse el índice discriminación hacia este sector de la sociedad.
Sin embargo, un informe emitido por la Comisión de Derechos Humanos capitalina –publicado este 8 de diciembre–, revela que cuando Mancera fue Procurador de Justicia del Distrito Federal, esta dependencia se negó reiteradamente a aceptar a un menor de edad con discapacidad en la guardería-preescolar donde se cuida a los hijos e hijas de quienes ahí laboran.
Tal como consta en la recomendación 15/2016, de la CDHDF, la mamá de este menor intentó inscribir a su hijo con discapacidad motriz e intelectual en la guardería de la Procuraduría, desde agosto del año 2011, cuando el actual jefe de gobierno dirigía la PGJ de la Ciudad de México.
A pesar de que el acceso a la guardería es un derecho laboral de la afectada, la Procuraduría le informó que el reglamento de la institución prohibía inscribir a menores con “autismo infantil”, por lo que le requirieron llevar a su hijo a otra institución.
En enero de 2012, Miguel Ángel Mancera dejó de ser titular de la Procuraduría y se convirtió en candidato, primero, y luego en jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Sin embargo, esto no implicó ningún cambio en la política de la Procuraduría capitalina hacia los hijos de sus empleados con discapacidad. De hecho, durante 2012, la mamá del menor recibió nuevos pretextos para no aceptar a su hijo en la guardería: en agosto de ese año, ante un nuevo intento de inscripción, la negativa se sustentó en el supuesto de que no había cupo en el grado escolar que le correspondía al menor.
Luego, en 2013, el argumento fue que el niño podía ingresar a la guardería, sólo si la mamá obtenía, por sus propios medios, diagnósticos en psicología, terapia de lenguaje, pedagogía y medicina, para que, con ellos, con el fin de que la guardería oficial estuviera en posibilidades de prepararse para brindarle atención.
En 2014, el menor cumplió los 6 años y dejó de estar en edad de acceder a la guardería-preescolar de la PGJ de la Ciudad de México, por lo cual, su mamá presentó una denuncia penal por el delito de discriminación en contra de su hijo. La misma PGJ desechó la denuncia.
PGJ discriminó y afectó al menor
Por todas estas anomalías, la Comisión de Derechos Humanos del DF determinó que la Procuraduría capitalina violó el derecho de este menor a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, que gozan las personas menores de edad con discapacidad.
Además, concluyó, al no contar con infraestructura, recursos humanos ni convenios con instituciones especializadas (locales o federales) para atender a menores con discapacidad, la PGJ de la Ciudad de México “viola el derecho (de estos menores) a la educación inclusiva, en condiciones de igualdad y no discriminación”.
Por último, al carecer de una “política de de apoyo a los niños y niñas con discapacidad, que son hijos e hijas del personal” se vulnera el derecho de estos menores “a recibir la protección y asistencia necesarias por parte del Estado y sus familiares”.
Cabe destacar que, aunque la guardería en cuestión pertenece a la PGJDF, su “vigilancia y supervisión” está a cargo de la Secretaría de Educación Pública federal y, por lo tanto, en dicha guardería aplica el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa federal, según el cual, los planteles oficiales deben “eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación”.
En concreto, este ordenamiento establece que “tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica”.
Este decir, por ley, la guardería de la PGJDF está obligada a recibir a todos los menores con discapacidad, que sean hijos del personal, y eliminar aquellas condiciones que le impiden atender adecuadamente a estos menores, tales como la falta de infraestructura, de personal capacitado, así como la falta de convenios con instituciones que puedan complementar los servicios de su guardería-preescolar.
La Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó, también, que el Manual Administrativo de la Procuraduría y el Manual de Operación de la guardería violan el derecho de los niños y niñas con discapacidad a una educación inclusiva, al prohibir expresamente que menores con discapacidad sean atendidos por la guardería-preescolar de la institución.
Al respecto, la Procuraduría alegó que dicho manual ya había sido reformado, y que estas prohibiciones fueron eliminadas. Sin embargo, cuando la CDHDF solicitó las pruebas documentales de que dichos cambios habían sido realizados, la Procuraduría debió reconocer que no existían dichas modificaciones y que la prohibición contra personas con discapacidad sigue vigente.
Peor aún: este Manual Administrativo, así como el Manual Específico de Operación de la guardería de la PGJDF, violan “lo estipulado en diversos instrumentos internacionales, en el sentido de que ninguna ley debe ser discriminatoria”, según las conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
Estas normas ordenan “negar la inscripción” en la guardería o, en su caso, “suspender” a todo niño o niña que presente epilepsia, ceguera, labio y paladar hendidos, neoplasia, luxación congénita de cadera, alteraciones ortopédicas que obliguen al uso de “aparatos ortopédicos que representen riesgo al menor o compañeros”, “retraso mental” y “Síndrome de Asperger”.
Por todas estas violaciones a derechos humanos, la CDHDF ordenó a la Procuraduría modificar su normatividad interna para adecuarla a los ordenamientos nacionales e internacionales, capacitar al personal de su guardería en atención a menores con discapacidad, así como “planificar e implementar” las medidas de accesibilidad necesarias para que sus instalaciones puedan brindar servicio óptimo a este sector de la población.
Por último, ordenó que se inicien investigaciones, tanto penales como administrativas, en contra de los funcionarios responsables del delito de discriminación, en contra del menor agraviado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/procuraduria-cdmx-guarderia-discapacidad/