Durante su participación en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el titular de PGR, Raúl Cervantes Andrade, explicó que es necesario “establecer parámetros objetivos” para que los ministerios públicos y fiscales apliquen los llamados criterios de oportunidad con los que una persona puede evitar un proceso penal.
De acuerdo con el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), los criterios de oportunidad se aplican cuando el beneficio de procesar penalmente a una persona serían mínimos para el Estado mexicano y cuando se pueda reparar el daño en beneficio de las víctimas.
Sin embargo, la aplicación de estos criterios ha sido desigual en las 32 entidades federativas, por lo que procurador hizo un llamado a que haya parámetros similares en todo el territorio nacional, fijando las penas que garanticen la reparación del daño y una pena mínima a los imputados por un delito.
Frente a procuradores y fiscales de todo el país, Raúl Cervantes también se pronunció por homologar la Ley General de Delincuencia Organizada con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de modo que las penas de cárcel y procedimientos penales que se sigan contra integrantes de grupos criminales sean acordes con las leyes en materia de derechos humanos y de protección a las víctimas de un delito.
Cervantes Andrade agregó que otro punto a revisar es la facultad de atracción que tiene la PGR para investigar y resolver delitos, con el propósito de limitar la discrecionalidad que tiene esa dependencia en su aplicación.
La facultad de atracción de la PGR con frecuencia es solicitada por las víctimas de la delincuencia organizada, debido a que autoridades locales están vinculadas a los crímenes. Un ejemplo de su aplicación es la indagatoria sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como algunos casos de los periodistas asesinados en el estado de Veracruz durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Frente a sus similares de los estados, el procurador General de la República reconoció que se deben reestructurar todos los mecanismos de coordinación en materia de investigación e inteligencia criminal, además de que se deben profesionalizar los peritajes para estar acordes con las exigencias científicas de la justicia penal acusatoria.
En este sentido, consideró que debe existir un programa integral de capacitación para todas las procuradurías y fiscalías, con el fin de que exista “un piso mínimo de conocimientos y capacidades para todas las autoridades que participen dentro del proceso penal”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
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