Hace unos días, los diputados del PRI dejaron en claro que “no hay condiciones” para discutir la participación de soldados y marinos en operativos que pongan en riesgo peligro la estabilidad, la seguridad interior, la paz pública y para combatir la corrupción. Ni tardo ni perezoso, el PRD se sumó a la idea de que la propuesta, que hizo hace unas semanas el propio PRI, siga durmiendo el sueño de los justos.
A cambio, los diputados revivieron la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que faculta al Presidente de la República solicitar al Congreso la suspensión de garantías cuando considere que hay riesgos a la seguridad pública, la seguridad o amenazas al Estado.
Como es costumbre, los legisladores prefieren aprobar parches legislativos en lugar de resolver el fondo del problema.
En público y en privado, el general Cienfuegos y el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, le han precisado a los legisladores que la columna vertebral del marco legal que necesitan es: Que se les diga claramente para qué quieren a las fuerzas armadas y una vez decidido este punto, determinar los límites de su actuación.
Por otra parte, ayer en una inesperada conferencia de prensa, Cienfuegos reconoció que los soldados “ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, y les sale más barato”.
El comentario del divisionario no es menor, revela la preocupación de los mandos porque la tropa se siente desprotegida y los oficiales que los comandan saben que su trayectoria de muchos años está en riesgo en cada operativo.
Saben que si los acusan de violar derechos humanos, lo que procede es la inmediata separación de su cargo y el inicio de un proceso que dura al menos un año, sean o no responsables de lo que se le acusa. No importa que un mayor o coronel salga finalmente absuelto, su carrera militar está acabada.
Los mandos castrenses han exigido a la Procuraduría General de la República, para variar, sin éxito, que el Protocolo de Estambul, para determinar si los detenidos fueron torturados, se aplique al momento de que los presuntos delincuentes son presentados ante el ministerio público. No meses o incluso años después de los hechos, como ha sido la constante en los últimos años.
Porque esa práctica a destiempo y sin pruebas contundentes que avalen sus dichos, opera, la mayor de las veces, a favor de los detenidos por delitos graves que han encontrado en ese tipo de denuncias, la posibilidad de quedar libres o de, al menos, reducir sus sentencias.
Más acusaciones contra el ex director del Canal Judicial
Después de que se hizo pública la investigación, ordenada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, sobre las denuncias de acoso sexual y laboral durante la administración de Enrique Rodríguez Martínez como director del Canal Judicial, resulta que más de una veintena de ex trabajadores se han presentado voluntariamente ante la Contraloría Interna del máximo tribunal para testificar en contra de Rodríguez.
Precisamente, confiaron fuentes judiciales, esta oleada de denunciantes, algunos que dejaron de trabajar en la Corte y otros que fueron cambiados a otras áreas como resultado del hostigamiento sufrido, es lo que ha alargado el procedimiento en contra de Rodríguez y de sus principales colaboradores.
Ante los hechos que se han denunciado, nos dicen, la pornografía que encontró la Contraloría en las computadoras personales de los involucrados parece el menor de los problemas que enfrentarán.
Se dice que el principal responsable podría hacerse acreedor, al menos, a una inhabilitación de 10 a 20 años para trabajar en el servicio público.
Sin embargo, las nuevas evidencias encontradas por la Contraloría podrían derivar en otras responsabilidades, nos dicen.
Por otra parte, el ex director del Cisen, ex procurador general de la República y ex embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, asumirá la presidencia de la segunda sala de la SCJN el próximo mes de enero, en sustitución de Alberto Gelacio Pérez Dayán.
Es tiempo de que la sala, bajo una nueva presidencia, asuma un compromiso de transparencia informativa que se ha ido perdiendo con los años.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/milicia-y-justicia-quejas-de-fuerzas-armadas-caen-en-oidos-sordos