“No podemos hablar de periodo extraordinario sin antes tener claros los contenidos. Se convoca a un periodo extraordinario cuando ya hay dictamen, cuando tenemos ya definido qué vamos a discutir y qué vamos a votar. Ahora tenemos propuestas en la mesa, hay que sentarnos a discutir los distintos modelos y avanzar en la construcción de los dictámenes. Y cuando estemos listos, decidir si vamos a un periodo extraordinario o lo procesamos en un periodo ordinario“, manifestó.
En entrevista con Aristegui Noticias, Gil Zuarth -autor de una de las dos iniciativas que sobre la materia se discuten actualmente en el Congreso-, manifestó que se trata de un tema de la mayor seriedad y trascendencia, por lo que su discusión “no puede hacerse manera impertinente, atropellada o apresurada”.
El dictamen sobre el estatuto de las Fuerzas Armadas en situaciones especialmente delicadas como son aquellas que compromete el crimen organizado, “se debe construir con toda transparencia, apertura, seriedad y serenidad“, apuntó.
Al ofrecer detalles sobre el contenido de la iniciativa, el ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta indicó que actualmente, el jefe de Ejecutivo Federal dispone discrecionalmente de las Fuerzas Armadas, lo cual genera dos riesgos:
a) Se trata de una negociación entre el Gobierno Federal y el gobierno estatal “sin objetivos ni procedimientos claros”, y
b) Se genera un incentivo perverso pues, al contar con el apoyo militar, alcaldes y gobernadores no hacen nada para tener cuerpos policíacos profesionales.
Por ello, aclaró que su proyecto de ley contempla cuatro puntos básicos:
- El desplazamiento de las Fuerzas Armadas ya no será discrecional y sólo se autorizará cuando haya afectaciones a la seguridad interior; por ejemplo, cuando los cuerpos policíacos estén cooptados por el crimen organizado o el enfrentamiento entre grupos delictivos ponga en riesgo a la población;
- El Presidente de la República tendrá que razonar, fundar y motivar el despliegue de los militares mediante una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Nacional;
- Su presencia será sólo de carácter temporal y con plazos máximos que se deberán determinar en la Declaratoria; y
- Durante el tiempo de estancia de las Fuerzas Armadas, los gobiernos locales deberán reconstruir las instituciones civiles que se encargarán de las tareas de seguridad a la salida de los militares.
El senador Roberto Gil subrayó que la presencia de militares en esas zonas “será temporal y subsidiaria“; y que el responsable de su actuación será el propio Presidente de la República, a través del secretario de Gobernación.
Además, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional dará seguimiento, tanto a la actuación de las Fuerzas Armadas como a los compromisos que asuman alcaldes y gobernadores par restituir el orden.
El legislador del PAN precisó que se emitirán declaratorias por cada caso y que no habrá ninguna de carácter general o válida para todo el país.
Y destacó que el procedimiento para emitir la Declaratoria establece que el gobernador, el Congreso del Estado o el propio Senado harán la solicitud; el Ejecutivo hará un diagnóstico y decidirá si es atendible; se publicará el decreto en el Diario Oficial de la Federación, y se designará a un Comité Coordinador que supervisará el cumplimiento de los acuerdos para garantizar que la paz, la tranquilidad y el orden regresen a las zonas afectadas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ISAÍAS ROBLES.
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