Cuando el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales ya señaladas se cuidó de preservarle todas sus prerrogativas al actual presidente y, para ello, estableció la entrada en vigor de varias de las nuevas disposiciones hasta el próximo sexenio. Así lo hizo con la ratificación del secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados, y del de Relaciones Exteriores por el Senado.
Y también lo determinó así para los planes y estrategias que a partir del próximo periodo presidencial tendrán que ser aprobados por el Congreso, como el de Seguridad Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco abrió la puerta para un gobierno de coalición y los compromisos que ello implicaría, pues estableció la entrada en vigor hasta el 1 de diciembre de 2018.
Y, desde luego, no dejó fuera de esta lógica a la Fiscalía General de la Nación, cuyo inicio de operaciones es incierto, pues se halla condicionado a la aprobación de las leyes secundarias y a que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la misma. Tampoco fijó un plazo determinado, con lo cual, aunque no lo hizo explícito, buscó que fuera totalmente la voluntad presidencial la que decidiese cuándo será el mejor momento para dejarla formalmente fuera de su control.
Pero en este caso no sólo era importante el momento, sino también asegurarse de que el primer fiscal fuera alguien leal al actual presidente. Así, el Congreso estableció en el transitorio citado que el procurador en funciones, en automático, sería el primer fiscal sin tenerse que someter al abigarrado procedimiento previsto en el artículo 102 constitucional. Esto resultaba fundamental porque el fiscal tiene la facultad de nombrar al titular de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y combate a la corrupción, ambas muy relevantes, pero la segunda vital para asegurar la impunidad de los actuales funcionarios públicos federales.
Aunque nunca se ha hecho explícito, es evidente que Peña Nieto buscaba el momento justo para alargar tanto como fuese posible la permanencia de la PGR, y al mismo tiempo que le permitiese asegurar que el primer fiscal sería alguien de su confianza. Raúl Cervantes, el actual procurador, abiertamente ha declarado que su intención es impulsar el proceso de creación de la fiscalía y, en los términos del todavía vigente transitorio, convertirse en el primer fiscal; cumplía con creces las características que busca el presidente: alguien con conocimiento de la materia penal, abogado de sus confianzas desde el proceso electoral en el que resultó electo, y por si esto fuera poco, primo de su consejero jurídico.
Sin embargo, la cercanía era tan evidente que generó protestas de los más diversos sectores: organizaciones de la sociedad civil, académicos y hasta de algunos senadores que aprobaron su ratificación aunque ante la presión social se deslindaban de haberlo designado como fiscal.
Esto fue lo que motivó al presidente a enviar una iniciativa de reforma que le permita asegurarse de que el primer fiscal será alguien de su confianza, y deja en las manos del mismo Raúl Cervantes la responsabilidad de lograr los votos que requiere para ser él mismo el primer fiscal.
El procedimiento previsto en el artículo 102 indica que el Senado integrará “una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobados por las dos terceras partes de los miembros presentes” y que se enviará al Ejecutivo Federal para que, en un máximo de 10 días, seleccione una terna de la cual el Senado tiene que designar al fiscal, también por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, en un plazo máximo de 10 días.
Dada la composición de los grupos parlamentarios es un hecho que el PRI logrará colocar en la lista inicial de 10 candidatos al menos tres nombres y, al abrir la posibilidad de que el procurador en funciones pueda ser considerado para participar en el proceso, prácticamente le asegura que él será uno de ellos.
Una vez en la lista del Senado, el presidente seguramente lo incluirá en la lista de tres, y en ese momento, aunque formalmente todo queda en manos del Senado, en realidad el presidente en turno ya aseguró que será alguien de su entera confianza, y ya depende totalmente de la habilidad de Cervantes convencer a sus compañeros de legislatura (pues no hay que olvidar que es hoy senador con licencia) de que lo seleccionen a él.
Así, Peña Nieto asegura la impunidad para él y su gabinete, pues el fiscal durará en su encargo nueve años, periodo en el cual prescribiría la posibilidad de iniciar acción penal en la mayoría de los posibles delitos, y deja totalmente en manos de Cervantes su designación. La propuesta de reforma le permite lograr su objetivo y mostrar que es sensible a los reclamos ciudadanos.
Para evitar el blindaje de Peña Nieto (candados de impunidad que tanto se cuestionaron a los gobernadores salientes haces apenas unos meses) no basta con reformar el artículo decimosexto transitorio, que efectivamente es el más burdo de todos; hay que revisar el procedimiento referido en el artículo 102 constitucional, pues tal como está en estos momentos asegura la captura de la fiscalía por el presidente en turno al momento del procedimiento, es decir, de Peña Nieto.
Para efectos prácticos la reforma al transitorio no altera nada; con o sin reforma al transitorio el presidente y su equipo cercano estarán blindados, aunque probablemente tengan que cambiar de cancerbero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465721/nueva-operacion-gatopardo