Mediante un acuerdo firmado por el Ministerio Público de la Federación, dentro de la Averiguación Previa AP/PGR/VER/II/46/2016, la PGR argumentó que del contenido proporcionado por la Fiscalía General del Estado (FGE) únicamente se desprende la comisión de delitos del orden local.
Es decir, los ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre ellos el subdelegado regional Marcos Conde, no serán investigados por delitos federales.
Sin embargo, Celestino Espinoza Rivera, abogado de los cinco padres de Playa Vicente, asegura que las víctimas presentarán un amparo al considerar que no fueron considerados los hallazgos del rancho El Limón, relacionado con F.N.S, presunto mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que fue puesto a disposición de la PGR en enero de 2016.
Entre los indicios recabados por la Policía Científica, de la Policía Federal hubo 3 mil fragmentos humanos, así como vehículos automotores de carga, válvulas abrazaderas, tanques con restos de diésel y demás implementos empleados en el robo de hidrocarburos.
“No sé qué más pruebas necesitan. Creímos que con nuestro caso los responsables recibirían un castigo ejemplar y la situación en Tierra Blanca se iba a amainar. Sin embargo parece que la PGR se está olvidando de nosotros”, comentó en entrevista Bernardo Benítez, uno de los cinco padres.
Por su parte, el abogado abundó que la PGR tampoco consideró una declaración ante la FGE de tres civiles, quienes además de presentarse como integrantes del CJNG, describieron una presunta alianza con “Los Estuches”, como se referían a los policías estatales.
“El argumento de la PGR para no investigar a los detenidos por delincuencia organizada es falaz. Me hace suponer que intentan encubrir a otras instituciones de seguridad mencionadas en la investigación. Sin embargo las sanciones no deben recaer únicamente sobre los autores materiales, sino también debe sancionarse a las autoridades omisas, sin importa el fuero”, concluyó.
El 11 de enero, 5 jóvenes desaparecieron luego de que un grupo de policías estatales los detuvieron en Tierra Blanca cuando regresaban de un fin de semana en el Puerto de Veracruz. Se presume fueron entregados a un grupo del crimen organizado.
El pasado mes de junio, el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa anunció la conclusión de la búsqueda de los estudiantes, aunque afirmó que el caso continuaría abierto. Destacó que sólo los restos de Bernardo Beníez habían sido identificados luego del hallazgo de más de 3 mil fragmentos de restos humanos en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL LEÓN.
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