Es un sueño del Grupo Atlacomulco: un tren que conecte la capital del Estado de México con la Ciudad de México… para lucro de la propia camarilla priista. El presidente Enrique Peña Nieto ya lo está construyendo, aunque en el proceso se lleve cerros y ecosistemas, barrios y modos de vida, milpas y colonias, y comunidades a las que no les preguntó su parecer. Con el mismo esquema de opacidad que ha caracterizado su gobierno, un costoso capricho más está por concretarse.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Alfredo Reyes Mejía, representante de los comuneros de San Lorenzo Acopilco, camina por la zona boscosa y húmeda del cerro de Cruz Blanca. Se detiene en una pendiente desde la que se observan las faldas desforestadas del cerro y donde trabaja una multitud de obreros de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA). Comenta con tristeza:

“Mire cómo están acabando con nuestros bosques. Por esa parte talada, ICA va a empezar a abrir un túnel subterráneo por donde pasará el tren México-Toluca. Utilizará dinamita para abrir el túnel, que tendrá más de cuatro kilómetros y medio. Atravesará todo el cerro. Y destruirá muchos mantos acuíferos, flora y fauna.

“El tren también afectará otras áreas de nuestra comunidad, como los cerros de San Miguel y Las Cruces, por donde pasará. La obra la están realizando arbitrariamente, sin siquiera habernos consultado a los comuneros de Acopilco, quienes somos los dueños de estas tierras.”

–¿Qué medidas están tomando para defenderse? –se le pregunta.

–Ya interpusimos un amparo contra la obra. Pedimos que escojan otra ruta para tender su vía del tren… Pero, aun así, la construcción continúa de manera totalmente ilegal.

En la delegación Cuajimalpa, en los linderos con el Estado de México, la comunidad de San Lorenzo Acopilco lleva meses manifestándose contra la construcción del tren, pues sostiene que está provocando un fuerte daño ecológico a la zona, considerada un importante pulmón por sus altos y tupidos bosques de pino.

Fuente: Proceso

Autor: Rodrigo Vera

http://www.proceso.com.mx/441382/las-mil-suciedades-del-tren-toluca-a-la-ciudad-mexico

Unos se preparan para el regreso a clases, y otros aún no definen si levantarán el paro en sus centros educativos. Los estudiantes de las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional en suspensión de actividades consideran que debe seguir la lucha por el cumplimiento de los acuerdos de 2014 y en defensa de nuestra escuela.

Voceras de algunas vocacionales hablaron con La Jornada sobre lo que viene para el movimiento, ahora que la Asamblea General Politécnica (AGP) decidió dejar atrás los paros de labores y cambiar su modalidad de lucha.

En el Centro de Estudios Tecnológicos (CET) 1, de San Juan de Aragón, el lunes habrá votaciones para decidir el rumbo que tomará el movimiento. Por ahora no se tiene fecha para volver a clases. La comunidad del CET está consciente de que quiere seguir luchando, pero también de que debemos ir en una misma línea con las vocacionales. Si abrimos, será decisión de la comunidad si la escuela sigue cerrada; también será acuerdo de todos, dice Jessica Velázquez, vocera en la AGP.

Los alumnos de este plantel son los de más tiempo en paro. Lo iniciaron el 15 de abril y fueron el segundo plantel en cerrar, luego de la vocacional 5 (de la Ciudadela), que ya regresó a clases. Esto, de acuerdo con las autoridades del instituto, los tiene al filo de perder el semestre.

Pase reglamentado

Un punto del pliego petitorio que los estudiantes del CET presentaron al director general del Politécnico, Enrique Fernández Fassnacht, para reabrir las escuelas es que los alumnos del nivel medio superior ingresen al superior sin hacer examen, es decir, que cuenten con pase reglamentado.

Cada año, muchos alumnos de las vocacionales se quedan fuera del nivel superior. Que no nos den el pase equivale a que el IPN dice que la certificación que nos da al salir del bachillerato no es válida. Pedimos que si nos van a hacer examen, que sólo sea de colocación, dice Jessica, que estudia en sexto semestre y desea estudiar una ingeniería.

Fernández Fassnacht sostiene que la implementación del pase no es condición para reabrir la escuela, pues el asunto no se puede resolver a corto plazo. La vocera del CET contesta que piden garantías de que todos los jóvenes que están por egresar tengan lugar en el nivel superior, y que el pase sea tema prioritario a analizar en el Congreso Nacional Politécnico.

Amaranta Martínez es vocera del Cecyt 7. En su escuela, en Iztapalapa, cuenta, se iniciaron los paros uniéndose a la demanda general de que se explicara la adscripción del IPN a la oficina del Secretario de Educación Pública y que no tenían un pliego petitorio interno que poner a consideración del director general.

Sin embargo, en vista de la apertura de Fernández de trabajar para mejorar las escuelas, seguramente en las asambleas que haremos en los próximos días, en el Cecyt revisaremos en propuestas de toda la comunidad, señala.

Este plantel regresará a clases el lunes. El viernes entregaron las instalaciones a las autoridades.Consideramos que lo importante es que en cuanto reiniciemos deberemos informar a todos los compañeros sobre lo que hemos ganado con este movimiento. Así, los vamos a invitar a que participen en las asambleas y en lo que sigue.

Diana González, de la vocacional 10, en San Juan de Aragón, considera que se optó por regresar a los cursos para no afectar a los estudiantes que están por egresar. Con las puertas abiertas y los alumnos en clases vamos a continuar la lucha, dijo.

Más que las propuestas, el debate de los seis candidatos al gobierno del estado se centró en los ataques y señalamientos personales, principalmente entre el panista Javier Corral Jurado, el priísta Enrique Serrano y el independiente José Luis Barraza, los tres con mayor penetración entre los electores.

Los temas de corrupción, deuda pública y los señalamientos de vínculos con el crimen organizado o conflicto de intereses salieron a relucir durante las dos horas del debate único, organizado por el Instituto Estatal Electoral este sábado.

El aspirante independiente José Luis Barraza llamó de entrada “elcártel Duarte-Serrano”, al gobernador César Duarte y el candidato del PRI-PVEM-Panal y PT, Enrique Serrano, quienes según Barraza pretenden seguir con los negocios y mantener la impunidad en torno del mal manejo de las finanzas estatales, que soportan una deuda superior a 42 mil millones de pesos.

Barraza arremetió contra el panista Corral Jurado, a quien retó a que si en verdad quiere meter al gobernador César Duarte a la cárcel, debe sumarse al proyecto de un gobierno de ciudadanos, encabezado por un candidato independiente.

El formato del debate no permitió la confrontación de puntos de vista. Consistió en cinco rondas, la primera de presentación; tres de preguntas, con sus correspondiente réplica y contrarréplica, y al final conclusiones. Aun así, Corral tuvo oportunidad de centrar sus señalamientos en sus adversarios Serrano y Barraza.

Al priísta lo descalificó por haber aprobado la deuda del gobierno del estado, como coordinador de la mayoría priísta en el Congreso local, y a Barraza lo acusó de mentir, pues su declaración patrimonial no la entregó completa.

El resto de los candidatos a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar de Movimiento Ciudadano, Jaime Beltrán del Río, del PRD y Javier Félix, de Morena, tuvieron oportunidad de exponer sus propuestas, porque los otros tres abanderados no se ocuparon de ellos.

Embestida del aspirante de MC

Al final, Pérez Cuéllar se encargó de atacar al panista Javier Corral, al vincularlo al caso del proceso legal que enfrentaron Roberto y Raúl Corral, en El Paso, Texas, hace unos 15 años. Uno de ellos fue acusado de traficar droga y otro de fraude.

El candidato del PAN arremetió contra Cruz Pérez y respondió que el verdadero narcotráficante, procesado por delitos federales en Estados Unidos, es Manuel Duarte Jáquez, hermano del gobernador César Duarte, detenido por la policía en El Paso el 23 de febrero de 2006, con un cargamento superior a 45 kilogramos y almacenamiento de unas 230 más en una vivienda.

Con el último turno de la ronda final de intervenciones, el candidato de PRD, Beltrán del Río, usó el espacio de las conclusiones para atacar a Barraza y a Corral.

Tema Fobaproa

Hizo una pausa y sacó del bolsillo del saco unas tarjetas con datos sobre el aval al Fobaproa, al que llamó el mayor fraude a México, y acusó a Corral de haber aprobado el rescate bancario, y al empresario Barraza, de obtener beneficios del mismo para sus empresas. También le atribuyó la compra de Aeroméxico mediante licitación poco clara, fondeada con el banco Banamex, en la que esa institución bancaria no debió haber participado.

Terminado el debate, los tres principales candidatos se de- dicaron a hacer un control de daños. Barraza expresó que él puede comprobar que jamás fue beneficiario del Fobaproa.

Javier Corral aseguró que los candidatos del sol azteca y de Movimiento Ciudadano fueron los encargados de hacer el trabajo sucio para el candidato del PRI, ante la incapacidad de éste para defenderse por sí mismo; “sabíamos que iban a traer aquí la guerra sucia”, sostuvo el panista.

La madrugada de este sábado más de mil profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron desalojados del plantón instalado en la Plaza de Santo Domingo y trasladados en autobuses –escoltados por la Policía Federal– hasta sus entidades de origen.

Dirigentes del magisterio disidente calificaron la acción como un actorepresivo e intimidatorio del gobierno federal, que incurrió en unaabierta violación a nuestros derechos humanos y constitucionales de libertad de tránsito y expresión, por lo que anunciaron que el próximo lunes interpondrán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Afirmaron que en complicidad con el gobierno de la Ciudad de México, la administración peñista regresó a una práctica de intolerancia que no habíamos vivido en más de tres décadas. Con intimidación verbal, sicológica y física se obligó a nuestros compañeros a subir a los autobuses que ya tenían preparados para sacarlos de la capital del país, sin tener la seguridad de que efectivamente serían llevados a sus estados, afirmó Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México.

Desplegaron, dijo, un operativo policiaco que selló las principales vialidades aledañas a la Plaza de Santo Domingo. Los compañeros que pernoctaban en el plantón fueron encapsulados desde las dos de la mañana y a nadie se le permitió salir de la plaza.

Por segunda ocasión en menos de 48 horas, el gobierno federal perpetró dos desalojos, tras recordar que la madrugada de este viernes los docentes también se vieron obligados a levantar el plantón que mantenían en la calle de Bucareli desde el pasado 15 de mayo, ante la amenza de un desalojo violento.

El operativo de la Policía Federal para desalojar la Plaza de Santo Domingo se armó durante la noche del viernes y a la una de la mañana del sábado los agentes federales iniciaron su despliegue.

Cerco y amenazas

A la 1:30 de la mañana 700 elementos federales, encabezados por el comandante Uriel Mendoza, y más de 600 de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se desplegaron en las principales calles del Centro Histórico.

Poco después de las 2 horas maestros disidentes denunciaron que se encontraban rodeados de cientos de granaderos y policías federales en la Plaza de Santo Domingo. Los uniformados también formaron vallas de granaderos en las calles de Cuba, Brasil, Perú, 5 de Mayo y Belisario Domínguez, donde se estableció un cerco que impidió el paso a medios de comunicación, e incluso a turistas y vecinos, quienes debieron ser acompañados por policías capitalinos para llegar a sus casas.

Maestros disidentes de la sección 9 narraron que poco después de las 2 de la mañana uno de los uniformados, que se identificó como el comandante Mendoza, lanzó la amenaza de que tenían orden de desalojar el campamento y que teníamos 20 minutos para recoger nuestras cosas.

En un video difundido por los docentes inconformes, el comandante advierte que algunos de ustedes tienen órdenes de aprehensión, los invitamos a que se retiren pacíficamente y aborden los vehículos que están aquí y tienen el nombre de cada uno de los estados. Les vamos a dar 20 minutos para desalojar, se organicen y suban a los autobuses (...) de lo contrario nos veremos obligados a utilizar la fuerza.

Ante la inconformidad de los maestros para ser desalojados, y quienes denunciaron que se trataba de una violación a su derecho a la libertad de expresión, demandaron a Tereso Beltrán Pineda, comandante de la Policía Federal, suscribir una carta –de la cual tiene copia La Jornada– en la que se compromete a respetar la integridad física y sicológica de todos los contingentes de los estados, sin violentar en ningún momento los derechos humanos y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

A las 03:29 horas, el primer convoy de cinco autobuses con maestros de Guerrero y Chiapas avanzó por la calle de Belisario Domínguez, el cual fue escoltado por elementos de la Policía Federal. Una hora más tarde continúo el traslado de profesores de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y estado de México. En total, aseguró la CNTE, constatamos el paso de 29 autobuses, aunque desconocemos si fueron más.

Por la mañana, dirigentes de la CNTE llamaron al magisterio disidente a mantenerse movilizado y a concentrarse nuevamente en la Ciudad de México. Continuaremos con nuestro plan de acción, dijeron, por lo que a partir del próximo miércoles iniciarán, como se tenía previsto, una jornada de marchas y mítines.

El próximo lunes, señaló Enríquez Ibarra, acudirá a la CNDH; el próximo miércoles se convocó a una marcha a las 11 horas, del Hemiciclo a Juárez a Gobernación; el jueves 26 de mayo acompañarán a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y el viernes 27, se movilizarán a las 11 horas del llamado antimonumento a la residencia oficial de Los Pinos.

La dirigencia nacional de la CNTE afirmó que no hubo ninguna negociación durante el proceso de desalojo. Se cerraron todos los canales de comunicación, por lo que es falso que alguna representación de los maestros acudiera a la Secretaría de Gobernación.

En tanto, hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Educación Pública no había emitido ningún pronunciamiento.

Fuente: La Jornada

Autores: Laura Poy y Gustavo Castillo

http://www.jornada.unam.mx/2016/05/22/politica/002n1pol