El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó en un comunicado que el 3 de junio de 2016 un juez de control solicitó el embargo de un terreno a nombre del ex mandatario, durante una audiencia privada en la que sólo se encontraba presente el Ministerio Público.
La propiedad consiste en un lote de tierras de pastoreo con una superficie de 36 hectáreas —ubicada en el municipio de General Terán, Nuevo León— que sería destinado a pagar la reparación del daño en caso de que Medina de la Cruz fuese hallado culpable.
El Juzgado Quinto en Materia Penal del Estado de Nuevo León consideró inconstitucional el artículo 122 del código penal local que faculta a jueces y tribunales a resolver sobre solicitudes de embargo en audiencia privada con el Ministerio Público o, en su caso, el ofendido.
“El referido precepto legal contraría los derechos del imputado, y es a todas luces opuesta a los principios del nuevo sistema procesal penal, que tienen por objeto garantizar que las partes se encuentren en igualdad de oportunidades ante el juez, a efecto de que tanto el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el imputado, así como su defensor, puedan comparecer a defender sus respectivas posiciones e inclusive ofrecer datos de prueba a fin de demostrar aquéllas”, dijo el CJF.
Comunicado completo del CJF:
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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