Afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) desde 2001, subsecretario de Estado con Vicente Fox y Felipe Calderón, Gutiérrez Fernández es identificado como uno de los respaldos de Vázquez Mota para recibir de Peña los mil millones de pesos que para Ricardo Anaya, presidente panista, no es sinónimo de corrupción política, sino un “esfuerzo de gestión” de la opaca aspirante a gobernadora del Estado de México.
En la lógica de Anaya, Vázquez Mota puede ser tildada de “coyote”, como el habla popular y la Academia Mexicana de la Lengua definen al “gestor ilegítimo de trámites burocráticos”, como fue la obtención de los mil millones de pesos para que la fundación Juntos Podemos, que ella preside, canalizara ese apoyo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
El asunto ha sido turbio desde el origen: Vázquez Mota, derrotada por Peña en 2012, obtuvo repentinamente mil millones de pesos después de una gestión en la que intervino Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y actual canciller; Gerónimo Gutiérrez –amigos éstos desde estudiantes del ITAM–, y Eduardo Bravo Calderón, presidente de la Fundación AEM, una de las instancias, junto con Parents Alliance, que “dispersó” los recursos en Estados Unidos.
Apenas la semana pasada, el miércoles 25, Eduardo Bravo Calderón fue expulsado de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), una organización jurídica y financieramente independiente a la Fundación AEM –que sin autorización usa sus siglas–, acusado de incurrir en conflictos de interés y desvío de más de un millón de dólares, equivalentes a 22 millones de pesos, según los primeros resultados del comité de investigación.
Los recursos presuntamente desviados son parte de los mil millones de pesos de recursos federales gestionados por Vázquez Mota, quien tiene una estrecha relación profesional y de amigos con Bravo Calderón, Emilio España, tesorero de la AEM, y Alejandro Quiroz, de Parents Alliance, también implicados en este escándalo de corrupción y expulsados de esa institución fundada en 1996.
Estos tres individuos son, justamente, los dueños de la marca Juntos Podemos de Vázquez Mota y son sus operadores políticos y financieros en su proselitismo por ciudades estadunidenses, con maquillista incluida, todo con cargo al erario federal que puso Peña a su disposición.
El reporte del comité de investigación de la AEM lo conoció Gerónimo Gutiérrez por haber formado parte de él en su calidad de consejero de este organismo privado –cargo al que renunció el 18 de enero, justo cuando internamente se supo de los malos manejos–, y expone que Bravo Calderón estableció un esquema de desvío de recursos públicos en su beneficio, en complicidad con España.
Como si fuera un benefactor, supuestamente Bravo Calderón pagaba de su bolsa la renta de las oficinas, la nómina del personal, las redes sociales, los sistemas de pago, los eventos, viajes y hasta la Revista Empresarios AEM, institución de la que había sido presidente.
Pero las oficinas de la AEM están a nombre de MMG Communications Inc, empresa de su propiedad, y la revista la editaba también otra compañía suya, Ediciones Supcorp SA de CV –con sede en la Ciudad de México–, por lo que cobraba lo que quería y él mismo se pagaba con recursos de la Fundación AEM, receptora de parte de los mil millones de pesos gestionados por Vázquez Mota.
En la reunión de la AEM, que duró cinco horas y en la que renunció Javier Martínez a la presidencia que asumió Rafael Herrera, se tomó el acuerdo de recomendar a los dirigentes e integrantes de la AEM no tener ninguna relación con los tres directamente implicados y Emmanuel Loo, director del Integra Institute, que es la imagen pública de Fundación AEM y quien opera empresas creadas por ésta, como Mexpliqa LLC y Tianguist.
La investigación contra los operadores de Vázquez Mota y de Gerónimo Gutiérrez –Bravo Calderón dice que es su compadre– apenas inicia, no sólo porque habrá más información sin uno de los cómplices como tesorero de la AEM, sino sobre todo porque, si la SRE no exige cuentas de los mil millones a Vázquez Mota, existen otras instancias del Estado mexicano para esclarecer el caso, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No se olvide que se especula que un tercio de los mil millones fueron para gastos de operación.
Ante la versión de que Peña y Anaya ya establecieron un pacto mafioso para el 2018, como en 2006 y 2012 lo hizo el actual presidente de la República con Felipe Calderón, urge que Vázquez Mota –junto con Peña, Videgaray, José Antonio Meade y Gerónimo Gutiérrez– rinda cuentas sobre un claro episodio de corrupción política.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472452/coyotaje-josefina-pura-corrupcion