Corría el otoño de 2013 y en el poder legislativo se ajustaban los detalles de una reforma que -a decir de los propios legisladores a quienes les tocó jugar en su contra- no se explicaría sin el carácter recio y la férrea disciplina de David Penchyna, un político que no oculta, ni por cuidar las formas, su trato déspota hacia la prensa.
La táctica Penchyna era simple, según me contó entonces uno de los funcionarios del gobierno de Peña Nieto que vivió la reforma renglón a renglón: citaba a las reuniones a las ocho de la mañana, con el convencimiento de que los legisladores de izquierda no llegarían a tiempo, y no llegaban. Con esta argucia, básica y pulcra, muchos de los debates vitales de la reforma energética que nunca pudo lograr Felipe Calderón pasaron, y se convirtieron en reforma constitucional.
En tribuna, casi al mediodía, contadas voces de la izquierda vociferaban entusiasmadas sus argumentos, que alternaban la soberanía, el referente histórico de Lázaro Cárdenas y algunos apuntes aislados de sus asesores legislativos. Poco cambiaron estos elementos la esencia de una reforma que sacó a Pemex del centro del ámbito petrolero mexicano, donde había permanecido durante siete décadas, y la colocó fuera del radar, para sobrevivir a la crisis del precio del petróleo, a los recortes presupuestales, a las nuevas asignaciones, como mejor pudiera.
La metáfora de que con la reforma no se vendería “ni un tornillo, ni una tuerca” de Pemex, repetida hasta el cansancio durante el cabildeo legislativo por el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, un año después se desplomó.
Pemex anunciaba a que “monetizaría sus activos”, un eufemismo que significa, simplemente, convertir en dinero sus instalaciones, es decir, vender sus tornillos y sus tuercas. Dos años más tarde, en febrero de 2016, su tesorero Rodolfo Campos adelantó sin tapujos que estaban revisando “tornillo por tornillo” para ver qué podían vender.
Las desgracias en el achicamiento de Pemex vinieron en cadena. Las finanzas del último año muestran un declive en su producción de gas natural, de petróleo crudo, una disminución en su patrimonio y un aumento de 28% en su deuda financiera.
A pesar de que su rendimiento en 2016 fue casi la mitad que durante 2015, en su balance la petrolera afirma que redujo sus pérdidas basándose, ostensiblemente, en una drástica reducción de sus gastos generales. Como ejemplos de dónde estuvieron los recortes, basta revisar los despidos de 7 mil trabajadores de octubre pasado en Tabasco y Campeche, enclaves de la producción petrolera nacional y una reducción aprobada para 2017 de otros 9 mil puestos medios y bajos de la petrolera.
Entre sus ingresos a la baja, Pemex colocó en sus informes financieros el impuesto que ha centrado en los últimos días las protestas por el alza en los precios de las gasolinas.
En octubre de 2015, dos años después de que se aprobase la reforma, la Secretaría de Hacienda instauró un impuesto fijo de 4.16 pesos por litro, que iría directamente a ellos, sin pasar por la petrolera. Este Impuesto se conoce como Especial a Productos y Servicios (IEPS) y no se reducirá con la apertura del mercado de combustibles de marzo próximo.
¿Cuánto ha perdido Pemex, en su ya menguado balance financiero, con este impuesto en Hacienda? La reducción significó para la petrolera 2 mil 432 millones de pesos menos en sus finanzas, de acuerdo con sus estados financieros al corte del 30 de septiembre pasado. Esto es, por ejemplo, equivalente al monto total del Fondo de Capitalidad que fue aprobado para la Ciudad de México.
¿Cuánto perderá Hacienda después del aumento de los precios de las gasolinas, y la baja en las finanzas de Pemex? Nada, sus pronósticos financieros indican que ganará 73 mil millones de pesos más que el año pasado para este impuesto, esto es, casi el doble del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por eso puede resultar tan paradójico que el vocero de la Secretaría de Hacienda presionara para que fuese el director de Pemex, José Antonio González Anaya, quien adelantara el anuncio de que el 2017 traería un gran aumento en los precios de las gasolinas, según confirmaron fuentes internas para esta columna.
En entrevista con Televisa, cinco días antes de que se anunciara oficialmente el aumento de un 20 por ciento en la gasolina magna, que incluye mayores ganancias para Hacienda, González Anaya dijo que el aumento no sería del 3%, como sugirió el conductor Carlos Loret de Mola, sino “algo más que eso”.
Como caballo de Troya en una batalla ajena, González Anaya aseguró que estaba convencido de que este incremento solo afectaría a los ricos. Esta semana se anunciaron reuniones de transportistas para determinar cómo los aumentos a las gasolinas repercutirán en tarifas más caras en el transporte público, lo que echa por tierra su afirmación.
A partir del 30 de marzo, Hacienda va a permitir la competencia en los precios de los combustibles; una medida a la que se le ha llamado “liberalización de precios”, según aprobó en diciembre la Comisión Reguladora de Energía, en seguimiento a la reforma energética. Aunque este paso bajara el costo de las gasolinas, no hay antecedentes en México para suponer que las tarifas del transporte volverán a sus precios actuales.
Si la liberalización muestra en los próximos meses una cara más amable de la reforma energética, el PRI podrá utilizarlo electoralmente en su favor. Pero nada indica hasta ahora que el pequeño Pemex, con su drástica reducción de reservas, sus pérdidas multimillonarias en refinación, su creciente deuda y sus miles de trabajadores despedidos, tendrá defensores que le ayuden a salir de la crisis.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ FERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-01-2017/3132511