Así es, los poblanos tendrán que pagar los próximos cincuenta años por obras, infraestructura y otros caprichos administrativos de su saliente Gobernador. Tan sólo para saldar el costo del Museo Internacional Barroco, deberán destinar pagos pendientes por veintitrés años, para cubrir el monto de 7 mil 280 millones 933 mil pesos. Su gobierno invirtió también en la construcción de las plataformas para la empresa privada Audi, que ascienden a 2 mil millones de pesos, con un plazo de veinticinco años para pagarse. Otra de las obras que se echó a andar con deuda pública, fue la construcción del Centro Integral de Servicios, con un costo de 3 mil 800 millones de pesos a pagar en veinticuatro años.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción hizo pública una investigación en la que detalla el procedimiento de endeudamiento con el que Moreno Valle ha dejado a los poblanos con el agua hasta el cuello. “Esas tres obras, que suman pasivos por 22 mil 476 millones de pesos, se financiaron bajo el fideicomiso 0144 firmado con la empresa Evercore (del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe). El objeto del fideicomiso 0144 es pagar a proveedores y contratistas del estado mediante Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) o Proyectos de Inversión (PI)”.
Blindado contra la rendición de cuentas
Además, Moreno Valle modificó las leyes para garantizar que sus subordinados permanezcan en cargos claves de auditoría y procuración de justicia. De modo que está completamente blindado por un par de décadas. Por lo que se refiere a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobado el año pasado, creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, en el que nombró a magistrados por más de 15 años. El nombramiento del titular de la Auditoría Superior tiene validez hasta el 2019, coincidentemente también los comisionados del Instituto para el Acceso a la Información Pública (IAIP) dejarán sus funciones a partir del 2021. Y para asuntos de violación a derechos humanos y recomendaciones que deja pendientes al respecto, el cargo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos se mantendrá hasta el 2018.
Moreno Valle creó la figura del Fiscal Anticorrupción, usando también el marco legal para nombrar a Víctor Carrancá Bouget, quien ocupará el cargo hasta el año 2022. Llama la atención que a diferencia de la persecución que el gobierno federal hizo, desde la Procuraduría General de la República, contra el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, no hayan implementado ninguna medida para revertir el blindaje que de la misma forma llevo a cabo Moreno Valle. ¿Qué intereses pueden compartir?
¿Quién auditará las deudas de Moreno Valle?
Si de suerte se trata, no hay mejor estrella para alumbrar las transacciones financieras que le han permitido a Moreno Valle reportar sus finanzas sin que aparezca un aumento en el registro de su deuda pública. Una vez que consiguieron cambiar el término de “deuda” por el de “proyectos de prestación de servicios”, el endeudamiento fue creciendo sin que algún temor de sanción futura les atormentara.
Resulta, como lo anunció Sin Embargo la semana pasada, que justamente Marcela Andrade Martínez, colabora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Titular de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas. Andrade Martínez es una ex empleada de Pedro Aspe y trabajó en la empresa Protego-Evercore, como Subdirectora hasta 2012. ¿Será ella la encargada de revisar estas deudas públicas? Lo más probable es que así sea. No habrá de sorprendernos entonces que se valide cualquier justificación para dar carpetazo al endeudamiento más grande que haya vivido Puebla en su historia.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAITE AZUELA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-01-2017/3139883