Durante 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) recibió un total de 752 quejas, la mayor parte de las cuales señalan como responsables a integrantes de distintas corporaciones de seguridad pública en la entidad.
Reveló este jueves al presentar su primer informe de labores al frente del ombudsman local, la doctora María de la Luz Domínguez Campos, quien dio a conocer que “las principales voces violatorias” de estas 752 quejas fueron por ejercicio indebido de la función pública, detenciones arbitrarias, lesiones, y violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Domínguez Campos añadió que la mayor parte de las “autoridades infractoras” son “las Policías Preventivas Municipales, la Policía Ministerial y la Policía Estatal Preventiva, lo que incide negativamente en la credibilidad y confianza ciudadana en los cuerpos policiacos”.
La ombudsman local consideró “urgente una mejor actuación de los elementos policiacos para recobrar la confianza ciudadana en esta prioritaria función del estado, que es la seguridad pública, porque en ellos descansa salvaguardar la vida, integridad, libertad y patrimonio de la sociedad”.
Por ello dijo “hago un llamado urgente a los titulares de estas instituciones y a los propios policías para que su actuación sea realizada en el marco de su competencia, apegada a la ley y con plena observancia de los derechos humanos”.
Asimismo, la titular de la CDHEZ informó que durante el año 2016 se emitieron 14 recomendaciones dirigidas a autoridades de diversas instituciones como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.
Respecto a la problemática detectada en el sistema penitenciario de Zacatecas, se informó que se abrieron 278 expedientes “de los cuales 227 fueron asesorías, 51 quejas y 34 gestiones” para los internos que lo solicitaron en distintas prisiones de la entidad.
Más adelante, la doctora Domínguez Campos hizo un puntual señalamiento respecto a la severa problemática de violencia e inseguridad derivados de la presunta pugna entre cárteles del crimen organizado y el combate a éstas organizaciones criminales por parte de las fuerzas del estado:
“Durante los últimos años, nuestro país y el estado de Zacatecas se han visto profundamente afectados por la violencia y la impunidad, que han trasgredido derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad y la salud, así como la tranquilidad de miles de mexicanos”.
En este contexto, dijo Domínguez Campos, “hoy no podemos permanecer indiferentes ante la muerte de hombres y mujeres acontecidas en el estado durante los últimos meses, ni tampoco justificar las mismas atribuyéndoles nexos con la delincuencia organizada, porque independientemente de las circunstancias de su muerte, son zacatecanas y zacatecanos”.
Ante este panorama “se hace urgente la creación y fortalecimiento de políticas públicas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia que no solo se centren en la contención y sanción de esta problemática sino fundamentalmente en la prevención social de la violencia y la delincuencia, que permita incidir en las causas y los efectos que la generan para disminuir y erradicar su frecuencia, gravedad y consecuencias”.
“La sociedad exige acciones inmediatas y efectivas que den respuesta a sus reclamos de inseguridad e injusticia, desempleo y pobreza, corrupción e impunidad; reclama la vigencia del estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la observancia de la legalidad, la existencia de una auténtica democracia participativa, la transparencia y eficiencia de sus gobiernos, y las condiciones económicas y laborales que les permitan vivir con dignidad, paz y tranquilidad”, finalizó la ombudsman local.
Fuente: La Jornada
Autor: Alfredo Valadez Rodríguez
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