El perredista adujo que el Estado debe contar con el andamiaje institucional y normativo que le permita enfrentar y solucionar, en condiciones de normalidad, las amenazas que afecten a la sociedad, la integridad y el patrimonio de las personas.
“Sin embargo, cuando la amenaza sea de mayor intensidad, gravedad o amplitud -ya sea porque la misma se prolongue en el tiempo o abarque a sectores amplios de la población-, será necesaria la implementación de medidas no sólo por los cuerpos civiles de seguridad, sino de manera excepcional por las Fuerzas Armadas”, se lee en un comunicado.
El proyecto de ley subraya que bajo ninguna circunstancia podrán ser consideradas como amenazas a la seguridad interior, todas las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales.
Asimismo, la propuesta expone que el Ejército y la Marina retornen a los cuarteles en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Seguridad Pública, siempre que esté comprobado que los cuerpos policíacos cuentan con la fuerza para encargarse de la seguridad pública, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública.
El legislador también propone que el Secretariado Ejecutivo tenga a su cargo una serie de procedimientos para garantizar la eficacia de las funciones policiales, y de determinar el nivel de la intervención de las Fuerzas Armadas, si la corporación policíaca no tiene las capacidades necesarias para desempeñar su función.
“Dicha intervención podría ir desde la mera recomendación de acciones, pasando por la remoción de mandos, hasta la delegación de la seguridad pública municipal a la estatal o de ambas a la Federación”, añadió.
Una vez que se ha determinado la necesidad de atender una afectación a la seguridad interior, la intervención debe ser temporal, circunscrita a un municipio, entidad o región determinada y proporcionales en relación al evento que se busca erradicar.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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