Brett Haan, director ejecutivo y socio de Deloitte Consulting, reveló que en 2015 la SCT le pagó 5.2 millones de dólares a esta empresa para elaborar un “robusto plan de negocios” y un modelo de licitación de la Red Compartida. Ese año Haan recibió una propuesta “ilegal” de quien fuera director general de la Subsecretaría de Comunicaciones, Mario Góngora Preciado, para que “ayudara” a que la licitación se le asignara a una sola compañía, Comunicación Veta Grande (CVG), cuyos integrantes principales se convertirían después en Consorcio Altán, y se evitara el concurso internacional.
El documento de más de 80 cuartillas con el interrogatorio completo de Brett Haan, distribuido por la empresa Rivada Networks, revela también que el 99% del proyecto que elaboró Deloitte es coincidente con la propuesta del grupo ganador, el Consorcio Altán. Asimismo, indica que tanto en el caso de CVG como en el de Consorcio Altán había fuertes inversiones privadas de capital chino que representaban “problemas de seguridad nacional”, dada la naturaleza del ambicioso proyecto de armar una red de telecomunicaciones mayorista que cubra el 85% del territorio mexicano.
En una de las partes medulares del interrogatorio, Haan citó un encuentro con Richard Keith, quien participó como consultor independiente de Deloitte en la elaboración del plan de negocios de la Red Compartida y después trabajó con Bank of America como asesor de esta institución para evaluar la propuesta de Consorcio Altán.
Keith detectó que la propuesta ganadora de Consorcio Altán y el plan de negocios que elaboró Deloitte para la SCT “sólo tenían un 1% de diferencia”. Haan declaró que esta afirmación se la hizo durante una cena en el restaurante Fiola Mare, de la ciudad de Washington.
Haan recordó también que en el mismo 2015, antes de que se lanzaran las bases de licitación de la Red Compartida, sostuvo un encuentro con la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, en presencia de Mario Góngora, quien fue director general en la dependencia. Aseguró que en esa reunión Aspe coincidió en la necesidad de ir por una oferta internacional con varias propuestas.
“Después de este encuentro, no en presencia de Aspe, Mario Góngora me dijo que ellos querían seleccionar sólo a CVG”, afirmó Haan ante el juez, y añadió que Góngora le hizo otra propuesta para que simulara asesorar a McKinsey y Bain con errores claros para descalificarlos. “Le refuté que esto era ilegal. Él sólo se encogió de hombros”, indicó.
SCT prepara un litigio internacional
Las revelaciones del directivo de Deloitte contenidas en esta declaración jurada ante una corte de Virginia provocaron una airada reacción de la SCT. A través de un comunicado de prensa emitido el mismo 20 de diciembre, la dependencia dirigida por Gerardo Ruiz Esparza anunció que iniciará acciones legales en contra del consorcio perdedor, Rivada Networks, y en contra de su directivo Declan Ganley, quienes han denunciado públicamente que la licitación de la Red Compartida estuvo plagada de irregularidades y de presuntas prácticas ilegales.
Según su comunicado, la SCT ya contrató al despacho estadunidense de Jones Day para reclamar los daños ocasionados por los señalamientos de Rivada Networks y de Ganley. La dependencia argumentó que después de que esta empresa fue descalificada por no haber entregado en tiempo y forma los mil millones de pesos de garantía, emprendió una campaña para justificar su incumplimiento.
“Las omisiones de Rivada y su falta de seriedad en el concurso no deben dañar el honor y la reputación de las instituciones de nuestro país”, puntualizó la SCT y consideró que las acusaciones de Rivada “carecen de sustento y pretenden desprestigiar” a México y a su gobierno.
Paradójicamente, la SCT no negó ni el contrato con Deloitte por 5.2 millones de dólares ni que Mario Góngora hubiera trabajado como funcionario bajo las órdenes de Mónica Aspe. Sólo aclaró que éste “dejó de trabajar desde 2015” para la SCT y, “por lo tanto, en el desempeño de sus funciones no tuvo injerencia alguna” en el proceso de licitación ni contacto con los consorcios participantes.
La SCT admitió haber firmado un contrato con Deloitte, pero argumentó que éste concluyó un año antes de la licitación y la secretaría “no utilizó ningún plan de negocios propio o provisto por Deloitte o algún otro consultor para evaluar las propuestas participantes”.
Hasta ahora, la SCT no ha explicado entonces por qué pagó 5.2 millones de dólares a Deloitte si no utilizó su documento. Tampoco ha dado acceso al documento original de la consultoría de Deloitte para contrastarlo con el plan de negocios del Consorcio Altán.
“Acto de censura” de la SCT
Una semana después que la SCT anunciara que se irá a litigar en las cortes de Estados Unidos, Consorcio Rivada afirmó en un comunicado del 28 de diciembre que acepta la demanda por difamación y aclara que “sería la primera en la historia moderna en la que un Estado demanda por difamación a una empresa o individuo”.
“Una demanda de este tipo constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier Asociación Público Privada (APP) por los riesgos que ello implica”, abunda en su comunicado.
Reitera que “los hechos denunciados sobre prácticas ilegales son ciertos” y “se basan en acciones concretas y testimonios bajo juramento, ordenados por un juez”.
Desde el 20 de diciembre, Rivada Networks lanzó otras preguntas en su comunicado:
“¿El trabajo por el que la SCT pagó 5 millones de dólares a Deloitte resultó irrelevante? ¿No constituye información privilegiada?…. ¿Niega la SCT que se haya celebrado una reunión entre la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, el señor Brett Haan, directivo y socio de Deloitte Consulting Group, en la que se consultó la posible adjudicación directa de la Red Compartida a favor de Grupo Altán?”
“Consorcio Rivada no renunciará al ejercicio de sus derechos como concursante en el Proyecto de la Red Compartida y ejercerá su debida defensa a la autoridad en los tribunales mexicanos y en los de Estados Unidos”, manifestó en su comunicado.
Rivada Networks ha insistido en que la SCT “tiene el deber de investigar a fondo los hechos denunciados y debe abstenerse de celebrar el contrato de Asociación Público Privada con el Consorcio Altán, hasta en tanto se despeje la duda sobre la causa de la descalificación”.
La SCT “tiene la responsabilidad de asegurar a los mexicanos que la adjudicación del proyecto de la Red Compartida se ajustó a los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia”.
Por su parte, Consorcio Altán aclaró en otro comunicado que su propuesta para ganar la Red Compartida es “totalmente original, independiente y única”, y negó cualquier vínculo con Deloitte.
Calificó como “infundadas y maliciosas” las acusaciones de Rivada Networks, rechazó haber accedido a información privilegiada o confidencial para ganar la licitación y anunció que eventualmente hará valer sus derechos ante los tribunales competentes.
Origen del conflicto
A principios de noviembre último la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descalificó la oferta técnica del Consorcio Rivada por no haber entregado la garantía de seriedad de mil millones de pesos para el concurso de la Red Compartida (Proceso No. 2090).
Por lo tanto, sólo quedó el otro competidor, Consorcio Altán, constituido por un conglomerado de empresas off shore, fideicomisos cuya integración es poco transparente, el megabanco Morgan Stanley (accionista del 33.38% a través de Marapendi Holding), fondos de inversión como China Mexico Found Investment (CMF), que posee el 23.36%, y las empresas mexicanas Megacable y Axtel, cada una con apenas el 4.01% de la inversión total.
Además de estas empresas en Consorcio Altán participan el abogado mexicano Miguel Escobedo y Fulda, principal accionista de Hansam, S. A. (con 9.35% de las acciones).
El apoderado legal del grupo, el empresario español Eugenio Galdón, tiene sólo el 3.34% de las acciones mediante una sociedad unipersonal denominada Isla Guadalupe Investments SLU, creada en un paraíso fiscal.
Galdón es presidente del grupo Multitel y fundó la compañía española de telecomunicaciones ONO, que terminó vendiendo al gigante Vodafone.
El fallo de la SCT alteró al CEO (Chief Executive Officer) de Consorcio Rivada, Declan Gangley, quien reveló en su cuenta de Twitter, @declanganley, que el pasado 20 de octubre fueron “secuestradas” las cajas donde entregarían su propuesta técnica para la Red Compartida. También aclaró que se entregaron cartas de crédito por mil millones de pesos de BBVA Bancomer.
“Tenemos información sólida de dos fuentes (del gobierno mexicano) sobre beneficios a Altán. No hacemos estas denuncias sin conocimiento de causa”, reiteró Ganley en las redes sociales. Incluso, consideró que el proceso de adjudicación de la Red Compartida “apestaba” porque se trató de beneficiar desde el principio a un solo competidor.
Según la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Rivada Networks tenía originalmente un socio problemático: la compañía EchoStar, socio de Dish México. Los comisionados del IFT consideraron que esta sociedad “no es una condición suficiente” para concluir que tenía control e influencia sobre Dish México, la única competidora de Grupo Sky, de Televisa, en el mercado de televisión restringida vía satelital.
Sin embargo, 72 horas antes de que se venciera el plazo para la presentación de la propuesta formal ante la SCT, el IFT le ordenó a Rivada que modificara su estructura accionaria para que Echostar sólo pudiera tener “un porcentaje menor al 10% de su capital social y de los derechos de voto del consorcio”.
En el grupo formado por Rivada Networks y Spectrum Frontier también figura Ciena Communications. Sus dos principales accionistas son Black Rock y Vanguard, que participaron directa o indirectamente en América Móvil, de Carlos Slim, y en Telefónica, los dos grandes consorcios de telefonía móvil impedidos de participar en la licitación de la Red Compartida.
El IFT determinó que Marco Antonio Slim Domit, de América Móvil, era consejero independiente de Black Rock, pero que eso “no lleva a la coordinación de sociedades identificadas porque no tienen influencia” sobre Consorcio Rivada.
Según Ezequiel Gil Huerta, director general de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT, Rivada en lugar de presentar su propuesta de seriedad el pasado 20 de octubre, mostró sólo un escrito solicitando una prórroga de cinco días.
El 31 del mismo mes Consorcio Rivada presentó en la oficialía de partes de la SCT una carta de crédito expedida por BBVA Bancomer, con la misma fecha y por el monto de mil millones de pesos.
“Sin embargo, no fue viable responder a esta solicitud, ya que las bases de concurso señalan que la SCT debe mantener la igualdad de condiciones en el concurso, por lo que la garantía debió ser entregada en el evento del 20 de octubre”, abundó Gil Huerta.
La Red Compartida se orienta a desplegar una infraestructura para dar servicios de telefonía móvil, banda ancha y fibra óptica oscura a mayoristas y tener una cobertura del 85% del territorio nacional. El gobierno, a través de una asociación público-privada, pondrá a disposición los 90 Mhz liberados de la banda de 700 Mhz recién desocupados con el “apagón analógico”, así como el par de hilos de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. En el proyecto se calcula una inversión de 7 mil millones de dólares en ocho años.
El proyecto debió iniciar en 2014 pero se retrasó dos años. De los primeros 21 grupos interesados, sólo quedaron dos: Rivada y Altán. Este último se perfiló como el único ganador, una vez que fue descalificada la propuesta técnica de Rivada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/468955/red-compartida-nuevo-escandalo-enloda-al-penanietismo