Los juzgados de la Ciudad de México aceptaron este jueves un nuevo amparo contra el gasolinazo, por lo que van tres admitidos de los más de 200 recursos legales interpuestos, señaló el consejero jurídico y de Servicios Legales (CEJUR), Manuel Granados.
Jorge Gaviño, director del Metro, fue quien presentó el recurso y explicó que éste aborda la diferencia de precios de una gasolinera a otra, únicamente por cambiar de delegación, y la necesidad de revisar los establecimientos de abasto para garantizar que la gente reciba “litros de a litro”.
Este nuevo amparo se suma al que promovió el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jesús González Schmal, que fue aceptado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, y al promovido por el doctor en derecho, José Oscar Valdés Ramírez, admitido el 5 de enero por el juzgado 13 de Distrito en Materia Administrativa.
A principios de enero, el equipo jurídico de ciudadanos confirmó que se interpusieron por lo menos 2 mil amparos contra las acciones del presidente Enrique Peña Nieto y el Congreso de la Unión por la alza del precio de la gasolina, y destacó que los inconformes pidieron la suspensión definitiva de las decisiones “lesivas, atentatorias y arbitrarias” para los mexicanos.
Con los recursos legales, los ciudadanos urgieron “al Poder Judicial de la Federación a que como autoridad garante de los derechos humanos y garantías constitucionales, ordene que se suspendan definitivamente los actos emitidos por las autoridades responsables”, pues calificaron a los aumentos como actos inconstitucionales “que afectan en extremo el patrimonio de los quejosos y de la ciudadanía en general”.
Señalaron al Congreso de la Unión, que integra a los senadores y diputados, como la autoridad ordenadora de la liberación y zonificación del precio de los combustibles. Por otro lado, coincidieron en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Competencia Económica y Comisión Reguladora de Energía son las ejecutoras de los actos inconstitucionales.
Con la interposición de los amparos se busca que el deterioro a la economía de las familias se detenga, así como que el gobierno federal no sea omiso ante el descontento general y considere suspender el gasolinazo.
Se pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga los casos y resuelva a favor de la población, pues “en México estamos viviendo las consecuencias de la mal llamada reforma energética, a pesar de que Enrique Peña Nieto durante su campaña prometió que no incrementaría el precio de la gasolina, la luz y el gas, y hoy por hoy somos testigos de que mintió”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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