El jueves 2, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó en su cuenta de Twitter que la autoridad federal recibió 326 cartas de propuesta sin especificar el número de candidatos; días antes, Gobernación filtró a un periódico de circulación nacional los nombres de Patricia Colchero, Jaime Rochín, María A. González, María de los Ángeles Fromow, Julieta Morales Sánchez y Rubén Vasconcelos como prospectos.
Javier Sicilia –quien como representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezó a más de 100 organizaciones que presentaron al Senado la iniciativa de reforma el 13 de abril del año pasado– señala que hasta el momento el gobierno federal no ha dado apoyo a las víctimas ni se ha pronunciado sobre los graves hechos de violencia y las fosas clandestinas detectadas.
Añade que esa ley no protege el espíritu que motivó a decenas de organizaciones a impulsar una nueva legislación.
En el proyecto de reforma que entregaron al entonces presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, las ONG mencionadas demandaron que el Estado mexicano reconozca los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, las cuales estimaron en más de 250 mil.
Además, plantearon que la CEAV tuviera una estructura similar a la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en vista de que el consejo directivo colegiado no dio los resultados esperados.
Por lo mismo, exigieron que la CEAV fuera autónoma y que las víctimas participaran en la designación del titular y en las decisiones del organismo; que se sancionara a los servidores públicos revictimizadores y se asignara un presupuesto con base en las necesidades de atención, se reconocieran y apoyaran económicamente los peritajes independientes y se respetara el derecho efectivo a la memoria.
Sin embargo, Roberto Villanueva Guzmán, representante del Laboratorio de Innovación para la Paz, dice a Proceso que el 17 de octubre del año pasado las organizaciones no gubernamentales encontraron que sus exigencias quedaron fuera del dictamen de los legisladores, quienes agregaron otros para permitir la injerencia del presidente de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación, mediante una junta de gobierno.
A decir de Villanueva Guzmán, una reforma que no garantice la máxima autonomía de la comisión será ilusoria, por lo que debe eliminarse la “junta de gobierno” y establecerse un consejo directivo formado por víctimas, académicos y expertos en atención a la sociedad civil, que tengan facultades para decidir sobre el programa anual de trabajo, las prioridades del ejercicio presupuestal y el informe anual del titular de la CEAV.
También estos mecanismos quedaron fuera del dictamen del Senado.
En cuanto al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, los colectivos planteaban que se fijara en 0.014% del gasto programable, a fin de que no estuviera condicionado por el Ejecutivo y éste no pueda utilizarlo para presionar a la CEAV. “Con la reforma a la Ley General de Víctimas se violaron los principios de la ley que pretendíamos; hay injerencia de Gobernación y del presidente”, afirma el entrevistado.
Añade que el Movimiento por la Paz no propuso a ningún candidato, sino que a la persona designada le exigirían igualdad para todas las familias, que el uso de los recursos no sea discrecional y se coloque en cada espacio de la nueva estructura de la CEAV a personas con el perfil adecuado.
De los seis nombres filtrados por Gobernación como probables presidentes de la CEAV, sólo Julio Rochín, Patricia Colchero y Julieta Morales se acercaron a presentar sus propuestas al Movimiento por la Paz.
La CEAV, una instancia política
Para la senadora Iris Vianey Mendoza, la reforma avalada por las comisiones legislativas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos es “notoriamente insuficiente” frente a la “profunda crisis de violencia, crímenes, violaciones de derechos humanos y la revictimización que atraviesa México”.
Considera “preocupante que el texto aprobado no modifique la esencia del problema y siga tratando las necesidades de las víctimas como un asunto político”. Enfatiza que la decisión de que el presidente designe al titular de la comisión es un retroceso del modelo democrático y llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ante las organizaciones civiles.
Al preguntarle al activista e investigador Silvano Cobos su opinión sobre la nueva Ley de Víctimas, apunta:
“Es una reforma que, hay que destacarlo, no se inició a instancias de las autoridades. (La que presentamos en 2016) pretendía ser integral y cubría demandas y expectativas muy amplias de los grupos de víctimas, que han exigido un funcionamiento mucho más transparente, operativo, eficaz y optimizado de la CEAV, porque se sintieron defraudados con la gestión del primer pleno… El principal indicador de malestar que produjo fue que no se llegó a cubrir una proporción relevante de casos con atención y reparación integral.”
Dice que la propuesta del Movimiento por la Paz incluía un capítulo de sanciones con tipos penales y faltas administrativas muy específicas para aquellos servidores públicos que revictimizaran a las personas, las expusieran a daños a la vida, a la integridad y a la libertad.
Asimismo, se contemplaba la destitución del comisionado en caso de subejercicio del fondo para reparaciones o si un grupo mayor a 100 víctimas lo exigía por hechos de revictimización, omisiones o carencias de atención.
“La reforma que presentamos estaba directamente encaminada a que hubiera una CEAV centrada en la víctima, que ésta fuera el actor más empoderado en ese tablero de relaciones altamente politizadas, con muchos intereses gubernamentales de por medio, que habían marginado a las víctimas.
“Finalmente, el producto que se aprobó el 14 de diciembre de 2016 y se publicó el 3 de enero no cumple las expectativas amplias que se habían depositado en el proceso. Sin embargo, los diversos grupos de víctimas, específicamente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ha insistido en que esta reforma parcial avanza en algunas de las cuestiones medulares que se han puesto en la mesa.
“Una junta de gobierno presidida por la Segob será la que, en última instancia, decidirá aspectos cruciales, como el presupuesto, las prioridades de operación, el liderazgo de la institución… La idea era que la injerencia de intereses que excedieran la agenda de las víctimas se mantuviera a raya.
“La reforma aprobada le da un peso preponderante a las instituciones de Estado en las decisiones que afectan al ejercicio de la CEAV, y aunque cuenta con el contrapeso de la Asamblea Consultiva, ésta se convierte en un mero acompañamiento de las agendas que puede diseñar el comisionado con la junta de gobierno presidida por el presidente Peña Nieto o el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Nos preocupa que la voz de las víctimas quede marginada.”
También advierte riesgos en la sustentabilidad del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con la nueva reforma:
“Si se agotan los recursos, el comisionado tendrá que acudir a un mecanismo de compensación ante la SHCP, cuando antes, por Ley, el Congreso destinaba al año al menos 0.014% del gasto anual programado, equivalente al menos a 500 millones, los cuales eran acumulables. Con la reforma, Hacienda se convierte en un árbitro discrecional en la entrega del recurso. Esto puede convertirse en un mecanismo de control sobre la CEAV.”
Lo positivo de la nueva ley, dice, es que la atención a la víctima se simplifica con un órgano unipersonal que se pretende hacer mucho más ejecutivo y operativo. En cambio, indica que antes dicha atención estaba muy burocratizada porque los comisionados se repartían cuotas de poder.
Aclara que si bien no prevalecieron las facultades que empoderaban a la asamblea consultiva, tampoco se le restringieron las que tiene: “El comisionado finalmente es un servidor público. Los grupos de víctimas y de la sociedad civil estarían en una asamblea que ya no dirige sino que complementa la gestión del comisionado porque es meramente consultiva. No hay garantías de que exista un equilibrio entre esas instancias”.
En cuanto al titular de la CEAV, puntualiza:
“Se ha hablado de Jaime Rochín, quien ya fue presidente de la comisión, y de Patricia Colchero. Estamos frente a servidores públicos que tienen origen en organizaciones de derechos humanos; ambos han enfrentado desafíos que tienen que ver con la gestión de la política de atención a víctimas, con agendas que a veces son más amplias que su mandato específico. Al menos por los actores con los que he tenido la posibilidad de hablar, como Movimiento por la Paz, creo que hay canales de conversación cordiales con ambos y que se podría trabajar en una agenda de refundación de la CEAV.
“También se ha escuchado de otros perfiles, como el de Julieta Morales, que viene de la CNDH, y de María de los Ángeles Fromow, pero no han tenido una interlocución con los grupos de víctimas. Esperamos que la persona que llegue al cargo tienda un puente para el diálogo y podamos acercarnos al perfil de funcionario que estamos esperando.
–¿Fromow sería una imposición?
–Los perfiles son todos de personas que vienen del servicio público. Tiene que atribuirse en buena medida a los grupos de víctimas que no haya candidaturas fuertes de la sociedad civil. Aunque Rochín y Patricia Colchero tienen en su origen en ese campo, sus experiencias más recientes han sido en el servicio público, esto es un mensaje que hay que leer, aunque eso no quiere decir que sea lo ideal.
Al consultar a Rubén Vasconcelos, actual encargado de la CEAV y candidato a presidirla, comenta la posibilidad de que el gobierno se entrometa en los asuntos de la CEAV:
“Hay varios elementos que permiten a una institución funcionar, si no con autonomía formal, sí de forma autónoma. Por eso, por ejemplo, en el mecanismo de atención a periodistas intervenimos defendiendo a la víctima incluso frente a decisiones de Gobernación.”
Este reportaje se publicó en la edición 2102 de la revista Proceso del 12 de febrero de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474503/en-la-ceav-mandan-pena-gobernacion-hacienda