Los tiroteos ocurrieron mientras elementos de la Policía Militar patrullaban las calles de Culiacán como parte de las acciones emprendidas el 6 de enero pasado para reforzar la seguridad en la capital del estado.
Según fuentes no oficiales, El Guano tomó el lugar del Chapo para proteger a los hijos de éste –Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán– e intenta desplazar al Licenciado.
El Cártel de Sinaloa sufrió una ruptura en 2008, cuando Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, acusó al Chapo de entregar a su hermano Alfredo, El Mochomo, a las fuerzas federales en Culiacán. En dos años, la guerra entre El Chapo y los Beltrán Leyva causó 2 mil 250 muertes, de las cuales mil 167 fueron en 2009.
Desde el 1 de enero pasado, cuando Quirino Ordaz Coppel asumió la gubernatura, la violencia repuntó. Ese mes cerró con 116 homicidios dolosos. El 70% ocurrieron en Culiacán y Mazatlán –donde se registraron 40 casos, una cifra histórica–, municipios donde los cárteles se disputan el control del territorio. En lo que va de febrero ha habido 39 asesinatos, incluidos los 18 de Culiacán y los siete de Navolato, así como 12 personas privadas de su libertad.
En el puerto, autoridades estatales atribuyen la violencia a la lucha entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva, mientras que en la capital del estado se habla de la fractura entre El Guano y El Licenciado.
En el segundo semestre de 2016 el primero mantuvo otra guerra contra los Beltrán Leyva en Badiraguato, tierra de éstos y del Chapo. Ahí le disputó territorios a Alfredo Beltrán Guzmán, El Mochomito –hijo del Mochomo–, quien fue detenido en diciembre pasado.
A su vez, El Licenciado y su hijo Dámaso López Serrano, El Mini Lic, mantenían su batalla en Baja California Sur contra la célula de Los Adanes por el control del narcomenudeo.
Villa Juárez, en el fuego cruzado
El último desencuentro entre los Dámaso y los Guzmán ocurrió el martes 7 por la tarde en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato, zona que se disputan las células Los Montana, quienes operan para El Licenciado, y Los Chimallis, cercanos a los Guzmán.
En solo media hora hubo cuatro enfrentamientos más sobre las carreteras 20 y 50 y la que conduce al campo pesquero Las Puentes, en los cuales murieron dos presuntos delincuentes y tres civiles, incluida una joven de 22 años, según los reportes.
Sin embargo, los lugareños comentaron que en realidad hubo más bajas entre los sicarios, sólo que éstos se llevaron los cadáveres de sus compañeros; lo mismo hicieron con cuatro personas, a quienes subieron en la caja de una camioneta a punta de pistola.
Una testigo narró que sobre las carreteras 20 y 50 circulaban varias camionetas desde las cuales se disparaban los sicarios de los grupos rivales. “No sé de dónde salió tanto carro, yo corrí a esconderme”,
dijo.
Un video grabado desde una gasolinera que se encuentra en el cruce de ambas carreteras captó parte de la balacera. A un costado del expendio quedaron atrapados en el fuego cruzado dos jornaleros de la colonia Los Amapas –Zenén Santiago y Norberto “N”–, quienes viajaban en una camioneta Ford Explorer. Según otro testigo, ambos bajaron del vehículo e intentaron refugiarse debajo del vehículo, pero cayeron muertos.
A unos metros de ahí, Rocío Rendón y su esposo también fueron alcanzados por las balas cuando caminaban frente a una refaccionaria. Ella murió, mientras que él sólo resultó lesionado.
Durante el tiroteo, trabajadores y personas que se encontraban en la clínica número 11 del Seguro Social, ubicada en el área de la refriega, fueron encerrados en el inmueble por personal de seguridad.
Peritos y agentes investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) levantaron cuatro cadáveres esa tarde y olvidaron uno. Al día siguiente fueron por él. Estaba a un costado de la carretera que conduce al campo pesquero Las Puentes, junto a una camioneta.
En los cuatro lugares donde fueron los enfrentamientos quedaron ocho camionetas, tres fusiles AK 47, 16 cargadores para AR 15 y AK 47, una granada de fragmentación y 437 casquillos percutidos.
Entre el beisbol y las balas
Mientras los equipos de beisbol se disputaban la Serie del Caribe en el estadio de Tomateros, los grupos delincuenciales se enfrentaban a balazos en las calles de Culiacán.
Entre el viernes 3 y el lunes 6 hubo enfrentamientos en la sindicatura de Imala, en el fraccionamiento Villas del Real y en las colonias Las Flores, La Costera y Libertad.
El domingo 5 por la tarde, grupos armados se encontraron sobre la avenida Pedro Infante, en el sector Las Flores, y se enfrentaron a balazos. Hubo dos lesionados. En el lugar quedaron ocho vehículos, dos fusiles AK 47, dos granadas, 14 cargadores, 82 casquillos, cinco cascos blindados y 422 cartuchos.
Poco después hubo otra refriega en la que murieron dos presuntos delincuentes. Las autoridades hallaron tres fusiles AK 47 y cuatro pistolas calibre 9 milímetros en la zona. En los primeros minutos del lunes 6, elementos del Ejército se enfrentaron con civiles en la colonia Libertad. No hubo ninguna baja; tampoco detenidos.
Al día siguiente, en el fraccionamiento Villas del Real hubo otro tiroteo entre elementos de la Marina y civiles. De acuerdo con la PGJE, los marinos realizaban patrullajes cuando se encontraron con un grupo armado y se inició la refriega.
El saldo: cinco presuntos delincuentes y un marino muertos. Ahí quedaron también una camioneta, cuatro fusiles AK 47, un AR 15, seis pecheras, 28 cargadores para AK 47 y AR 15 y 250 casquillos. Los delincuentes se desplazaban en al menos cinco vehículos.
La tarde del viernes 3 se desató otra balacera en la comunidad de El Pozo, en la sindicatura de Imala, entre delincuentes y la Policía Militar. Un agente castrense resultó herido en un tobillo; los delincuentes lograron escapar.
El incidente provocó un despliegue policiaco en la zona. Los agentes localizaron un plantío de 10 hectáreas sembradas de mariguana, así como un predio de cinco hectáreas de amapola, cuatro vehículos, uno de ellos blindado y con pedestal para portar un rifle de grueso calibre, 56 cargadores, 310 cartuchos calibre 50 y tres granadas.
Ninguno de los presuntos delincuentes muertos ha sido identificado y sus cadáveres permanecen en el servicio forense sin ser reclamados. Hasta el cierre de edición, las autoridades no habían detenido a ningún sospechoso relacionado con los tiroteos.
Las carencias de la autoridad
Ante la reciente ola de violencia, la entidad dejó las investigaciones en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto que el gobernador Ordaz Coppel ha evadido los cuestionamientos de la prensa sobre la inseguridad.
El martes 7, ante la insistencia de los reporteros, Ordaz dijo que se estaba reforzando la seguridad en coordinación con fuerzas federales. “Tengo un mes en el cargo y estamos trabajando en ese sentido”, se justificó.
El secretario de Seguridad Pública estatal, el general Genaro Robles Casillas, aseguró que la delincuencia no ha rebasado a la autoridad, pese a las evidencias en sentido contrario. Sin embargo, dijo, “estamos cubriendo todas las necesidades, respondiendo a la necesidad de la población”.
Mencionó que las corporaciones locales necesitan más vehículos y unidades aéreas para reaccionar de manera más pronta. Admitió también que a los uniformados se les dificulta la detección de grupos armados en las calles debido a que las cámaras de vigilancia no funcionan.
De las 168 cámaras que controla C4i en Culiacán, sólo 11 sirven, y de las 249 que opera el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata del municipio, apenas 14 están activas, reveló.
El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia Estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, dijo que la ola de enfrentamientos se debe al antagonismo entre delincuentes, pero la fiscalía no los ha identificado. Asimismo, manifestó que dejarán la investigación de los tiroteos a la PGR.
Pánico ciudadano
Los recientes hechos de violencia provocaron sicosis entre los habitantes de Culiacán y Navolato. El martes 7, luego del tiroteo en Villa Juárez, empezaron a circular mensajes de voz y de texto en los que se alertaba a la población sobre la supuesta presencia de grupos armados en las calles; otros indicaban que se dirigían hacia una población; uno más hablaba de un toque de queda.
Los mensajes se acompañaban de imágenes de personas presuntamente asesinadas en Villa Juárez, aunque en realidad correspondían a otros enfrentamientos. Ese martes por la tarde, la línea de emergencias 911 recibió 7 mil 375 llamadas en las que se reportaron supuestos hechos violentos y la presencia de grupos armados, de los cuales sólo 475 resultaron
verídicas.
Por la noche circularon mensajes de tiroteos en las cercanías del estadio de beisbol, donde se jugaba la final de la Serie del Caribe entre México y Venezuela, así como en varios sectores de Culiacán y Navolato. El inmueble y las inmediaciones estuvieron fuertemente resguardados por policías locales y militares.
Mientras la sicosis cundía entre los ciudadanos, el gobernador Ordaz Coppel se encontraba en el estadio de beisbol disfrutando la final del encuentro. Lo acompañaba el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa.
Entre los padres de familia empezaron a circular mensajes de que habría tiroteos y decidieron no enviar a sus hijos a clases.
Al siguiente, el miércoles 8, en por lo menos 148 escuelas de la zona centro del estado se suspendieron las clases y 40% de los estudiantes de las preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa no acudieron a las aulas.
A la sindicatura de Villa Juárez la paralizó el miedo y la sicosis después de los tiroteos. Las calles lucían desoladas, los comercios cerrados y las escuelas vacías. El síndico Pedro Rodríguez Nevárez no se presentó a trabajar; tampoco sus empleados.
En el poblado tampoco había vigilancia, no se observaron patrullas de policías ni militares. “Pensamos que iba amanecer lleno de guachos y marinos”, comentó uno de los habitantes.
En el mercado municipal Benito Juárez, los pasillos estuvieron solos, pues la mayoría de los locales permanecieron cerrados. Quienes sí abrieron calcularon que cuando mucho una cuarta parte del mercado estaba funcionando. Los negocios tampoco abrieron.
Los seis jardines de niños, seis primarias, tres secundarias, cuatro preparatorias y una guardería del DIF no dieron clases. Fue hasta el jueves 9 cuando elementos de la Policía Estatal y la Policía Militar empezaron sus recorridos.
Este reportaje se publicó en la edición 2102 de la revista Proceso del 12 de febrero de 2017.
FUENTE: PROCESO/RÍODOCE.
AUTOR: ALEJANDRO MONJARDÍN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474342/en-sinaloa-narcoguerra-infernal