Un informe sobre la crisis de seguridad y corrupción en el estado de Veracruz afirma que fue la vinculación entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político la que allanó el camino para “campaña de violencia desenfrenada” que ha generado más de dos mil desapariciones y el asesinato de 17 periodistas, entre otros crímenes.
También, que la situación no es exclusiva a este estado del Golfo de México, sino síntoma de la crisis de todo el sistema político mexicano, cuya transición en 2000 no sólo no cumplió las expectativas, sino que terminó corrompida por el crimen organizado.
“En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las instituciones locales judiciales y de seguridad, garantizando la impunidad de ambas partes”, dice el informe “Veracruz: reformar el estado mexicano de terror”, difundido hoy por la organización internacional Crisis Group.
“Los espantosos detalles que están comenzando a salir a la luz subrayan la crisis no de una administración estatal, sino del sistema político mexicano en su conjunto, donde una transición democrática bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha sido corrompida por el crimen organizado. La facilidad con la cual quienes ostentan el poder político han sido capaces de perseguir sus ambiciones criminales apunta a debilidades estructurales en el sistema democrático”, agrega el texto.
El informe analiza la forma en la que diferentes gobernadores mexicanos se convirtieron en “virreyes” a partir de la alternancia partidista en 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez la Presidencia de la República y la falta de contrapesos, dice el análisis, más un flujo sin precedentes de recursos a los estados, convirtieron a los mandatarios en “señores feudales”.
Así, agrega el documento, la malversación de fondos de la que se acusa al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa no es una anomalía, sino parte del contexto en el que otros 10 mandatarios han sido investigados por corrupción y el saqueo de unos 15 billones de dólares desde 2010.
“Tan sólo en 2016, cinco Gobernadores de otros estados fueron acusados de esquemas de ganancias similares, mientras que entre 2000 y 2013, se registraron 71 casos. En algunos estados, donde los Gobernadores pudieron contar con la complicidad de las legislaturas, la deuda pública ha crecido exponencialmente. De 2008 a 2014, creció más de cinco veces en Tamaulipas, más de cuatro en Chihuahua y más de dos veces en Veracruz, todos los cuales son de los estados más afectados por la violencia”, dice.
“La descentralización sin controles ni balances ha conducido a una radicalización del antiguo régimen a nivel estatal”, agrega.
Sobre Veracruz, insiste en que la racha de violencia que lleva ya una década y que afectó a abogados, policías, potenciales testigos de delitos y “cualquier civil” son parte de la vinculación entre “las ambiciones de una multitud de organizaciones criminales y sus cómplices políticos”.
Asimismo, que la promesa del nuevo Gobernador Miguel Ángel Yunes de “limpiar el estado y enjuiciar a los malhechores” puede ser obstaculizada no sólo por la bancarrota en la que se encuentra el Estado de Veracruz, sino incluso por las amenazas a la economía nacional lanzadas desde la nueva Presidencia de Estados Unidos.
“Con la elección del nuevo Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el poder en el estado por primera vez en más de 80 años. Pero el PRI mantiene el control a nivel federal y ha mostrado un compromiso vacilante con los planes reformistas de Yunes, en buena parte debido a la importancia de obtener votos de la región, la tercera más poblada del país, en las elecciones presidenciales de 2018”, dice el texto.
“La crisis presupuestaria del estado y el mandato de dos años del nuevo gobernador hacen que sea muy improbable que el gobierno del estado logre llevar a cabo reformas radicales en las instituciones de Veracruz sin apoyo federal sostenido”, agrega.
Crisis Group es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en los cinco continentes haciendo análisis para la prevención y resolución de conflictos.
En la investigación sobre Veracruz, hecha el segundo semestre del año pasado, también menciona que, como ocurre en el resto de México, el crimen organizado en esa entidad mutó del narcotráfico a otras formas más depredadoras de empresas criminales, como la extorsión, el secuestro por dinero, el tráfico de personas y el robo de combustible.
El poder de la agrupación delictiva conocida como Los Zetas, agrega, ganaron influencia primero durante el sexenio del priísta Fidel Herrera, que gobernó Veracruz de 2004 a 2010, pero durante el periodo de Duarte, dice, acogió interconexiones políticas y criminales más “fluidas”, acelerando su descenso a una inseguridad extrema.
“El aparato estatal de Veracruz ha sido diseñado para crear, proteger y ocultar intereses criminales. Actualmente sólo 681 casos de desapariciones en el estado son reconocidas por el Gobierno federal, mientras que dos mil 750 casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Las organizaciones de la sociedad civil estiman que el número real puede alcanzar hasta 20 mil 000, y dicen que no se ha resuelto ninguno”, dice el informe.
“Rico en recursos naturales y producción agrícola, pero marcado por una gran desigualdad, (Veracruz) ha ido de mal en peor en este período de transición. No hay final a la vista para las disputas violentas sobre las rutas de la trata y otros mercados criminales entre más grupos del crimen que nunca”, agrega.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-02-2017/3162402