“La primera vez que escuché a una jovencita de aquí que me platicó toda la gente que le tocó como cliente en un rancho pues aquí cerca (…) pues yo la verdad pensé que a lo mejor pudiera estar exagerando, pero (…) la segunda vez que oí la misma historia sí me quedé muy asustada porque obviamente esto ya lo tiene SEIDO, hay una investigación, no puedo decir más”, dijo Orozco.
Es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR la que lleva a cabo la investigación de los casos, revelados uno hace dos años y el otro hace 18 meses.
“Hay políticos, hay empresarios, hay personas de la Policía Municipal que eran clientes de estas niñas y que ellas lo señalaron de una manera puntual”, dijo la activista.
En Morelos, añadió, la legislación estatal no está armonizada con las leyes federales que combaten y castigan ese delito, por lo que Orozco urgió al gobierno de Graco Ramírez a hacerlo lo antes posible.
Incluso dijo que ya se puso en contacto con el mandatario perredista, vía mensajes de texto, para ofrecerle armonizar la legislación local sin costo.
También es necesario que en Morelos se instale un albergue para víctimas de trata, pero administrado por la sociedad civil, dijo, pues al existir evidencias de que políticos del estado participan en el delito de trata, no se puede confiar en la administración pública para el manejo del mismo.
“Queremos que aquí haya un refugio, ¿por qué es tan importante un refugio? Porque si hoy yo me voy a Jojutla y veo a una niña y pido ayuda para rescatarla, ¿qué va a pasar con esta pobre niña, a dónde va a ir, quién la va a proteger, qué futuro tiene? Tiene que ser un refugio de sociedad civil porque los refugios del estado pues a la hora que sea el político el que era el cliente, dime por favor si vamos a confiar en un refugio del Estado”, dijo Orozco.
El gobierno de Graco Ramírez tiene la obligación realizar acciones que hasta la fecha no ha llevado a cabo, desde un diagnóstico sobre ese delito en Morelos, la creación de una y la capacitación para que agentes del Ministerio Público del fuero común no digan que las víctimas “se fueron con el novio”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ.
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