Las iniciativas de Ley de Seguridad Interior de los priistas Martha Tamayo y César Camacho Quiroz, por un lado, y del panista Roberto Gil, por otro, coinciden en proponer cobertura a los militares para legalmente usar entre otras, cito; “… técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas armadas y federales para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.
En un ejercicio de alquimia legislativa, estos senadores piensan que ello es compatible con los artículos 9, 21 y 129 constitucionales. La orwelliana enumeración deja ver, voluntaria o involuntariamente, una confesión autoritaria de quienes buscan permanecer en el poder contra toda resistencia y al mando de instituciones sin legitimidad, pero con infinitos recursos.
La indignación ciudadana por el gasolinazo, por ejemplo, sería para ellos una amenaza a ese impuesto. Ya los podemos imaginar, como salidos de un libro de Focault, llamando al Ejército contra movimientos, marchas y resistencias. “Usa lo que sea, suelta todo lo que tengas pero “controla, repele, neutraliza la resistencia”.
Quizá son honestos y buscan su seguridad interior, la de su conciencia tras cruzar el pantano y llenarse de sangre las manos.
La definen como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la continuidad de sus instituciones…” ¿Proporciona? Pensaba que era su obligación. Aseguremos a las instituciones, de los derechos de las personas luego hablamos.
La inversión del concepto de seguridad, desde lo ciudadano hacia la permanencia de la clase política, se aprecia con un dato interesante. La Constitución de 1917 citaba la palabra “seguridad” sólo seis veces. Casi 100 años después, el texto vigente habla en 52 ocasiones de “seguridad”. No sólo ocho leyes federales contienen este término, además cerca de 50 de ellas regulan específicamente el tema o crean instituciones para la seguridad. A lista podemos sumar más de 100 leyes estatales sobre y miles de amientos municipales.
Razonablemente las complejas sociedades actuales requieren de un mayor tratamiento constitucional de la seguridad, pero ¿esta progresiva inflación legislativa e institucional ha significado una vida sin violencia para las y los mexicanos? Creo que conocemos la respuesta.
En tiempos autoritarios una tarea democrática es dotar de sentido las discusiones públicas sin asumir que estamos de acuerdo en el significado de las palabras que fundamentan la politica. En mi lista de términos a cuestionar sin duda se encuentra el de seguridad.
Por supuesto que no me refiero a la exigencia de seguridad publica que millones demandamos de los gobiernos tras años de violencia generalizada, misma que podemos definir como la aspiración de toda persona y comunidad de contar con un entorno propicio llevar a cabo sus planes de vida. Es el contexto mismo donde es posible ejercer nuestros derechos con instituciones y servidores públicos que trabajan para promoverlos y garantizarlos.
Tengo mis dudas, pero algunos autores derivan de este concepto el de seguridad nacional. Mantengamos al Estado y sus instituciones para garantizar los derechos de todos. Bien, seguridad pública y seguridad nacional, pero ¿de dónde sacan que existe una tercera categoría independiente llamada seguridad interior?
Una tras otra, las propuestas legislativas sobre seguridad de los últimos años, contienen implícita o explícitamente una versión de orden público como obediencia ciega a la autoridad. Una sociedad donde nadie protesta y todos siguen al presidente, la paz de los sepulcros. Los políticos contraponen con esto el ejercicio de los derechos al orden público, cuando en las sociedades democráticas el orden publico es precisamente la garantia de los derechos.
Los textos de Tania Ixchel Atilano, Catalina Pérez Correa y de José Guevara son sólo tres referencias del cúmulo de argumentos para oponerse a las citadas iniciativas, con alternativas para construir una seguridad no militarizada.
En resumen, creo que de ser aprobadas las iniciativas serían un golpe a la Constitución por cinco razones.
1. Porque el Congreso carece de facultades para legislar sobre seguridad interior de conformidad con el artículo 73 constitucional, mismo que sí lo faculta en materia de seguridad pública, agenda en la deberían abocarse fortaleciendo y no sustituyendo a las policías civiles. Merecemos una seguridad no militarizada.
2. Porque harían permanente y legal las actividades del Ejército en tareas de seguridad pública contra lo establecido en el artículo 129 constitucional. Tras 10 años de su presencia en las calles, no estamos más seguros y la estela de abusos y violaciones a derechos humanos es inmensa.
3. Porque para situaciones extremas como una agresión por parte de otra nación en las que debe contemplarse la suspensión temporal de derechos y el despliegue del Ejército, debemos observar el artículo 29 constitucional, cuya ley reglamentaria se discute en la Cámara de Diputados, con igual tendencia golpista.
4. Porque equipara las facultades de vigilancia e intervenciones de las comunicaciones en materia de seguridad nacional a tareas de seguridad pública, cerrando, por lo tanto, los procesos de control, transparencia y rendición de cuentas, facultades tan potencialmente dañinas deben conllevar.
5. Porque en realidad PRI y PAN recurren a inventarse una categoría ante la presión de los militares que exigen impunidad por “servicios cumplidos”, tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto.
En particular me opongo a estas iniciativas por que creo que para terminar con el autoritarismo, la impunidad y la corrupción, México necesita más resistencia y menos obediencia. El llamado es a permanecer informados y movilizados, aquí un espacio para ello http://www.leygolpista.org/
Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre.
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francia 1789.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JESÚS ROBLES MALOOF.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2017/3143328