Además, la PF no acreditó contar con un plan rector para la profesionalización de sus elementos, además de que se identificaron deficiencias en los sistemas de control y registro del personal capacitado.
Ante este panorama desolador, soldados y marinos continuaron asumiendo labores de seguridad pública que no les corresponden, cumpliendo la encomienda de su comandante supremo y atendiendo la demanda de gobernadores y presidentes municipales de todos partidos y colores, que han sido incapaces de formar y capacitar sus propios cuerpos policíacos.
Diariamente, desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, miles de militares patrullan las calles, detienen delincuentes (en muchas de las veces sin el debido respaldo legal), investigan delitos (aún cuando es función exclusiva del ministerio público), porque así se los ordenó y se les sigue ordenando el Presidente de la República en turno, a quien no se cansan de reiterarle su lealtad institucional en cada acto público.
El precio que han pagado soldados y marinos ha sido alto, centenares de ellos son procesados por delitos relacionados con la presunta violación de derechos humanos de presuntos delincuentes, muchos oficiales han visto cortada su carrera castrense al ser acusados por delitos graves –independientemente de que sean sentenciados o absueltos-.
¿A quién le conviene que sigan los militares en la calle, a nadie?, entonces que regresen a los cuarteles y la discusión sobre la presunta militarización de la seguridad pública y/o interna terminaría.
Por cierto, el espectacular operativo de la Armada de México en Nayarit, en el que resultó abatido Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, fue el pretexto perfecto que tuvieron los partidos políticos y el presidente Enrique Peña Nieto, para postergar la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Porque tal parece que nadie quiere agarrar el toro por los cuernos y discutir abiertamente sobre la participación de soldados y marinos en labores de seguridad interior. Las elecciones están cerca y a nadie le conviene asumir el “costo político” de legalizar la actuación de las fuerzas armadas.
Amparados en las voces de organizaciones sociales y de líderes políticos, particularmente Andrés Manuel López Obrador, que cuestionaron que en el accionar de los marinos hubo “uso excesivo de la fuerza” y que incluso “masacraron” a quienes murieron en el enfrentamiento con los marinos –ya fue demostrado que ninguno de los presuntos delincuentes fue herido o muerto por las balas calibre 7.62 mm que disparó el helicóptero MI-17 a quienes estaban apostados en la azotea del inmueble-, los legisladores anunciaron que se darán tiempo para analizar el tema con detenimiento.
Así, quedará en el aire la demanda pública que han hecho los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina sobre este tema tan manoseado: “Que nos digan que quieren que hagamos, nada más”.
Ex director del Canal Judicial, en la mira de la justicia
Después de nueve meses, la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó su investigación en los procedimientos de responsabilidad administrativa contra 15 funcionarios y ex funcionarios del Canal Judicial –entre ellos, el ex director Enrique Rodríguez Martínez-, la cual ya fue turnada a un ministro del máximo tribunal para que elabore el proyecto de dictamen y el pleno deslinde las responsabilidades correspondientes.
Fuentes del máximo tribunal confirmaron lo anterior y agregaron en casos anteriores, cuando el pleno ha emitido un fallo en casos similares, fue porque la Contraloría encontró elementos para actuar en contra de los funcionarios involucrados.
En mayo del año pasado, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, ordenó a la Contraloría Interna iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa contra 15 funcionarios y ex funcionarios del Canal Judicial, acusados de acoso laboral y/o sexual, uso indebido de recursos públicos, introducción y consumo de bebidas alcohólicas y drogas, y por utilizar las computadoras para ver y almacenar pornografía, más lo que resulte.
Aguilar Morales decidió actuar, después de que más de 20 trabajadores del Canal presentaron quejas y testificaron en contra de Rodríguez Martínez y de algunos de sus colaboradores; en el caso del ex director, los señalamientos fueron por haber permitido el acoso sexual y laboral en el lugar de trabajo, pero también por presunto maltrato y vejaciones a sus subordinados.
En aquel entonces, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, advirtió que las indagatorias podían llevar a la imposición de sanciones administrativas, y se comprometió a que habría “nula tolerancia de su administración hacia acciones que impidan o limiten un ambiente sano, de desarrollo integral y con apego a los derechos de los trabajadores del máximo tribunal”.
Aseguró que daría a conocer el resultado de los procedimientos, con debida transparencia y en un ejercicio pleno de rendición de cuentas.
Qué tan grave fue lo que sucedió en el Canal Judicial, que fue tema de una tesina de licenciatura de la UNAM, con el título Historia de un hostigamiento sexual en el Canal Judicial, en la que una ex empleada del Canal, cuenta la forma de cómo fue hostigada sexualmente y cómo su demanda fue ignorada, primero por sus jefes y compañeros y después por la propia Suprema Corte, lo que la orilló –después de interponer una demanda penal contra su acosador- a renunciar en 2015.
El trabajo académico de Ariadna Rotceh Barragán Lobo se basó en el testimonio de JH –quien permitió que se utilizara su nombre real en la tesina para obtener el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación en 2015.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/17/milicia-y-justicia-ejercito-en-las-calles-por-ineficiencia-de-la-pf