Recordó que en 2016 se cumplieron diez años del despliegue militar en las calles, “y nadie se atreve a decirles ‘regresen a los cuarteles ahorita’. Porque entonces ¿quién impartiría la mínima condición de justicia? La respuesta institucional es: ‘no, entonces normalicemos la presencia de los militares en las calles’. ¡No! Esa no es la respuesta correcta. Militarizar la seguridad pública sería un retroceso permanente a lo que es el respeto fundamental a los derechos humanos en el país”.
“Sería tanto como reconocer que, de aquí en adelante, las fuerzas civiles-policiacas serían prácticamente un adorno”, consideró.
“Le quitas responsabilidad a municipios y estados de realmente entrar en un proceso formal, contundente, de reconstrucción, de fortalecimiento de las instituciones porque siempre es mucho más de alguna manera sencillo y políticamente rentable, hablar al comandante de la zona militar, y decirle: oye aguántame otro periodo, todavía no estamos listos y por cierto las cosas están muy complicadas, entonces prefiero que te quedes”, detalló.
El compromiso fundamental, sostuvo, debe ser que los militares regresen a sus cuarteles, “no ahora porque sería irresponsable, pero que exista un programa en el cual paulatinamente ellos regresen y las policías reasuman sus tareas fundamentales”.
Apuntó que hoy por hoy la policía “no está ubicada en el proceso de protección ciudadana sino de extorsión ciudadana”, por lo que llamó a “recomponer el camino”.
Torres Landa precisó que para la ley de seguridad interior “se quieren colgar” de la suspensión de garantías para utilizar a las fuerzas armadas.
“Los cuarteles están vacíos… el efecto cobija en materia militar es totalmente presente. Cuando hay emergencia en Jalisco traen las fuerzas de Tamaulipas, y el gobernador de Tamaulipas empieza a gritar: oigan, no pueden hacer esto. En Tamaulipas no existe ningún tipo de seguridad pública más que la que ofrece la fuerza militar. Entonces, la capacidad de despliegue está agotada, ya no tenemos soldados o marinos disponibles para cubrir algo más. Están dispuestos y puestos en el país entero”, apuntó.
Además, refirió que la “batalla” contra el crimen organizado no tiene sentido, ya que “no estamos utilizando la inteligencia para desproveer a la delincuencia organizada de los recursos que les permiten operar, retar”.
Alejandro Madrazo Lajous, abogado y profesor del CIDE, aseguró que “seguridad interior” y “seguridad pública” contemplan las mismas funciones desde la primera iniciativa que se presentó en 2009.
“Son las mismas funciones: patrullaje, prevención del delito, investigación, procuración de justicia, recibir denuncias… Pero le vamos a llamar seguridad interior ya no le vamos a llamar seguridad pública, ¿por qué? Porque la Constitución acababa de prohibir que los militares participaran en seguridad pública”, reveló.
“La ley no se aprobó y todo mundo se hizo pato. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 hemos tenido al Ejército supliendo a las fuerzas policiales en su labor de seguridad pública y es más cada vez más… le acabamos de dar facultades al Ejército para, por ejemplo, levantar cadáveres, algo que tenía que hacer el Ministerio Público. O sea pueden alterar hoy en día una escena en la que hubo un delito como un homicidio”, añadió.
Lo que hoy proponen como ley de seguridad interior “nos la venden diciéndonos que es la forma de sacar al Ejército de las calles… esta es una ley de salida, yo lo que digo es: esta es una ley de salida pero del closet, han estado en el closet diciendo que no hacen todas las funciones que hacen, y ahora van a salir del closet, diciendo: tenemos un marco legal”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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