Así lo dio a conocer el senador Benjamín Robles Montoya, quien agregó que también el Congreso de Oaxaca turnó la solicitud de Juicio Político contra el exmandatario estatal a la Comisión Instructora para darle cauce.
En documentos enviados al Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad (CCCI) se hace constar que los expedientes siguen abiertos contra exservidores públicos de la administración que encabezó Gabino Cué, cuyo saqueo podría ascender a más de 30 mil millones de pesos.
El legislador fundamentó como prueba para emprender acciones legales contra su examigo y colaborador las observaciones del 2011 al 2015 que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de más de 10 mil millones de pesos que no fueron comprobados ni justificados.
También se refirió al endeudamiento de más de 14 mil millones de pesos y a ello le sumó los dos mil 500 millones de pesos que le adeudan a empresarios; el déficit del sector educativo por más de seis millones; el de salud, de más de nueve mil millones. Un monto de más de 30 mil millones de pesos, recalcó.
Robles Montoya insistió en que hay pruebas de la corrupción del exgobernador Gabino Cué y sus excolaboradores Germán Tenorio, Alberto Vargas Varela, Netzahualcóyotl Salvatierra y Jorge Castillo, por las que deben responder, así como “todo aquel que robó al pueblo oaxaqueño”.
El senador por Oaxaca acusó a Jorge Castillo de ser el principal cómplice y prestanombres de Gabino Cué, a quienes “se les debe encarcelar porque robarse dinero del combate a la pobreza es un verdadero crimen”.
Desde el año pasado, detalló, el Consejo Ciudadano requirió a diversas dependencias del gobierno federal información sobre las investigaciones y acciones ante los actos de corrupción del gobierno de Cué Monteagudo, denunciados legal y públicamente.
En respuesta, la PGR indicó que, derivado de la denuncia interpuesta por Robles Montoya, si alguna dependencia o ciudadano cuenta con mayores datos que aportar a la investigación por los actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita denunciados, que se hagan llegar a la brevedad posible a esa autoridad federal.
A su vez, la ASF informó al Consejo que se realizaron 130 auditorías a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca sobre los ejercicios fiscales de 2010 a 2015, las cuales tienen diversas observaciones.
Mientras, la SFP citó al Consejo para el próximo 9 de febrero para responder a su solicitud sobre si existen denuncias e investigaciones a delegados federales en Oaxaca que durante el sexenio pasado hubieran incurrido en actos de corrupción.
En el ámbito estatal se presentó solicitud de juicio político contra Gabino Cué ante el Congreso del estado de Oaxaca, el cual notificó al Consejo Ciudadano que turnó la petición a la Comisión Permanente Instructora, presidida por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), e integrada por María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Paola Gutiérrez Galindo (PRD), así como Juan Mendoza Reyes (PAN) y Jesús Romero López (PT).
Finalmente, el Consejo Ciudadano consideró que los gobiernos estatal y federal no solamente deben investigar el presunto desfalco al erario y castigar a los responsables. También, agregó, deben resarcir los daños que impactan directamente a millones de personas que iban a ser beneficiarias de programas sociales, proveedores que perderán sus inversiones y personas trabajadoras que cumplieron con sus deberes pero no han recibido el sueldo correspondiente.
El CCCI se creó el 30 de noviembre de 2016 por un grupo plural de ciudadanos que se comprometieron a observar, pronunciarse y actuar sobre asuntos de interés público.
Entre los integrantes de este Consejo Ciudadano se encuentran Maribel Martínez Ruiz, presidenta de ViVa AC; Benjamín Robles Montoya, senador por Oaxaca; Alejandro Cruz Pimentel, experto en Transparencia; Mario Herrera, activista y defensor de personas defraudadas por cajas de ahorro; David Viloria, reconocido consultor en gestión pública; Luis Vásquez, vicepresidente del Colegio Nacional de Ingenieros Civiles y constructor; Armando Figueroa abogado e integrante de la organización Movimiento Vial; Amira Azucena Cruz Ramírez, docente universitaria sobre Socioformación y Derecho a la Información, y Macrina Hernández Chagoya, activista, gestora e integrante de la Asociación Civil de ámbito nacional Ruta 5.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472772/pgr-asf-abierta-investigacion-corrupcion-gabino-cue-asegura-senador