En respuesta, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel anunció que como “primer responsable”, la Policía Municipal tiene la obligación de la seguridad en ese municipio del Triángulo Dorado.
En su oficio 6706 dirigido al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y al secretario de Gobierno del estado, César Jáuregui Robles, la CNDH destaca que en el municipio de Guadalupe y Calvo históricamente ha habido siembra, cultivo y trasiego de amapola y mariguana, y ha predominado el control de caciques.
Sin embargo, agrega, en los últimos tres años se ha incrementado el hostigamiento a las comunidades indígenas, con el consecuente asesinato de dos líderes este año.
Por ello, pidió al comisionado nacional que gire instrucciones para “garantizar la protección a la seguridad, la integridad física y la vida de las y los habitantes de la comunidad de Choreachi, municipio de Guadalupe y Calvo”.
En el caso de Coloradas de la Virgen –comunidad donde el pasado 15 de enero fue asesinado el activista ambiental Isidro Baldenegro López, premio Goldman 2005–, solicitó medidas cautelares para cinco indígenas.
El fiscal general dijo que además de incorporar a la Policía Municipal en la protección de los afectados, se analizarán los lineamientos de la solicitud de la CNDH para coordinarse con las autoridades federales y darle cumplimiento.
Tras el homicidio de Ontiveros, Isela González, Ruth Fierro y Diana Villalobos, representantes de Alianza Sierra Madre, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Consultoría Técnica Comunitaria, respectivamente, solicitaron las medidas de seguridad para los pobladores de Choréachi.
Y lo hicieron así porque en la Sierra Tarahumara, aseguraron, ocurren actos de violencia por el control que ejercen los grupos delictivos, y Guadalupe y Calvo es uno de los lugares de mayor siembra y cultivo de amapola.
En el oficio enviado a la CNDH señalaron que anteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para dos personas que estaban activas en la labor de visibilizar la situación en la comunidad, pero hasta ahora no se ha logrado la efectiva protección de los beneficiarios y menos han sido suficientes para garantizar la seguridad de toda la comunidad.
El pasado fin de semana, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) se solidarizaron con el pueblo rarámuri por los asesinatos de Ontiveros y de Isidro Baldenegro, ocurrido el 15 de enero, y exigieron un alto a las ejecuciones de sus compañeros indígenas por defender su territorio.
“Denunciamos de manera urgente esta nueva barbaridad contra compañeros con compromiso destacado en la lucha de su pueblo, por la recuperación de su territorio acaparado desde hace más de 40 años por grandes terratenientes y grupos de la delincuencia organizada”, expresaron en un comunicado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473540/solicita-cndh-medidas-cautelares-choreachi-chihuahua