Si bien Leopoldo Maldonado, responsable del programa de Protección y Defensa en la organización, se felicitó de que la Procuraduría de Chihuahua reconoció el ejercicio periodístico de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en la norteña entidad, como pista principal para elucidar su asesinato, perpetrado el jueves 23, expresó su preocupación sobre las filtraciones de elementos preliminares de la investigación a la prensa.
“El riesgo es que la justicia se convierta en un espectáculo (…) y que los autores intelectuales se fuguen”, advirtió el activista.
Y recordó que, durante las primeras semanas del asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril y la activista veracruzana Nadia Vera Pérez, junto con Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martin y Alejandra Negrete Avilés, en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, la Procuraduría capitalina filtró a ciertos medios elementos de la investigación con la intención de criminalizar a las víctimas.
Al presentar los resultados preliminares de su informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en México –que dará a conocer el próximo 6 de abril–, Artículo 19 deploró la ausencia de mejoras en México, país que destaca desde hace siete años como el más peligroso para ejercer el periodismo en América y cuyos niveles de violencia contra informadores se equiparan a los de países en guerra abierta.
Ana Cristina Ruedas, directora general de la organización para México y Centroamérica, recordó que en 53% de las agresiones documentadas por Artículo 19 el agresor resultó un funcionario público –sobre todo de nivel estatal–, lo cual va “en contra del discurso oficial”, según el cual los actores criminales son los autores de violencia contra los periodistas.
A la violencia física y psicológica se añade la violencia económica: según Ruedas, la administración de Enrique Peña Nieto resultó la más dispendiosa en materia de propaganda oficial: en los primeros cuatro años, el gobierno priista entregó 34 mil millones de pesos a la prensa bajo la forma de inserciones pagadas –un “gasto histórico”, según Ruedas– 9 mil millones de los cuales fueron erogados en 2016, según las cifras preliminares.
Este modelo ofrece al gobierno federal una posibilidad de ejercer presión sobre los medios y controlar de facto la información, precisó la activista, al añadir que “la regla de la publicidad oficial sigue siendo la de plata o plomo”.
El activista Ricardo Luévano, quien maneja el programa de Derecho a la Información en la organización, subrayó por su parte que el acceso a la información es casi inexistente en las zonas rurales y ciudades menores de 70 mil habitantes, lo que deja a las autoridades un control político prácticamente total en la zona.
“Es una política bien articulada y transexenal para inhibir los flujos de información”, insistió.
Si bien el gobierno federal reconoce los retos en materia de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, también suele recordar que en México existe un andamiaje institucional y legal único en el mundo, con el que se pretende garantizar la integridad de los trabajadores de la información.
Sin embargo, para Maldonado, este andamiaje es un “cascarón vacío”, ya que sus integrantes carecen de voluntad y recursos para cumplir su mandato.
Prueba de ello, según el activista, es la tasa de impunidad vinculada con los delitos contra periodistas: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) desde su creación resolvió apenas tres sentencias condenatorias de las cerca de 800 investigaciones que tiene abiertas.
Durante dos años y ante tribunales, la propia FEADLE se negó a reconocer la calidad de periodista de Moisés Sánchez, comunicador veracruzano asesinado en enero de 2015 en Medellín de Bravo, hasta que la justicia obligó a la fiscalía a atraer el caso.
“No me van a creer, pero la FEADLE ni siquiera analiza las notas periodísticas de los reporteros asesinados, es una realidad”, deploró Maldonado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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