Uno de los agentes metió la mano por la ventanilla del carro, le jaló el cabello a la mujer y la golpeó contra el cristal; al mismo tiempo otro agente se subió por la puerta del copiloto, apagó el motor y tomó las llaves.
La bajaron del vehículo. Le apuntaron al rostro con armas de alto calibre y le golpearon en las costillas. Le colocaron las manos atrás y le taparon la boca. Los agentes llevaban una orden de aprehensión contra la joven. Los niños gritaban: “¡Qué le hacen a mi mamá!”.
De una de las camionetas bajó Martín Alberto Medina Sonda, esposo de Ema Gabriela y padre de los tres niños. Los agentes le dieron la señal para que se los llevara. “Por favor, no nos lleves, no nos lleves, ¿qué le están haciendo a mi mamá?”, preguntó Martín, quien padece problemas de sueño y asma.
De acuerdo con el relato de la propia Ema Gabriela, publicado en la revista Voz de la Mujer, Medina Sonda apuntó con una pistola y bajó a Isabella, la menor, Martín se desmayó y Mariana, la mayor, pidió que la dejaran con la niñera Suemmy.
Desde esa tarde, Molina Canto no ha vuelto a ver a sus hijos. Los agentes la condujeron a Villahermosa, Tabasco, acusada de “retención ilegal” de la camioneta, propiedad de su esposo. La encarcelaron cuatro meses, siendo inocente, según consta en el expediente penal 99/2012 del juzgado tercero penal de Tabasco. Recuperó su libertad en septiembre de 2012, tras pagar una fianza, en medio de triquiñuelas de los tres jueces relacionados con el caso, en especial, de Ramón Brown Ruiz.
Al salir de la cárcel, Molina Canto regresó a Mérida para reclamar a sus hijos. La juez primero de lo familiar de Yucatán, Sandra Bermejo Burgos, le negó verlos, a pesar de que ésta falló a su favor en febrero de 2011.
El 18 de octubre de 2012 la juez nombró tutores a los abuelos paternos Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel. Con ello le quitó la custodia a la madre.
Argumentó que como en estos momentos los abuelos tienen a su cuidado a los niños, con esta medida se evita cambiarlos a otra realidad social y causarles daños emocionales y psicológicos irreparables. Así consta en el expediente 1593/2010 cuya copia obtuvo Proceso.
La madre apeló esta decisión, pero su pesadilla no terminó ahí ni en el enredo judicial. En compañía de su madre y de activistas por los derechos de la mujer de Yucatán encabezó protestas en la entidad. En octubre de 2012 acudieron al Centro de Atención para Menores Desaparecidos del Distrito Federal (Capea), en busca de los niños. Según rumores se encuentran en el colegio Cumbres, pero no los ha visto y le niegan todo contacto con ellos.
El 21 de diciembre de 2012, durante la visita de Enrique Peña Nieto a Yucatán, Molina Canto, su madre y un grupo de activistas yucatecas lo abordaron. Le explicaron el caso y entregaron copias del expediente. El mandatario prometió que se atendería el asunto.
En febrero de 2013, Ema Gabriela recibió una carta de la oficina de la Presidencia de la República donde le comunican que “su escrito ha sido turnado al Instituto Nacional de Mujeres para que sea atendido a la brevedad, de acuerdo a los tiempos y procedimientos correspondientes”. Hasta la fecha, los menores permanecen desaparecidos.
Ante las constantes amenazas de su esposo, Molina Canto se fue al extranjero. Los abuelos de los niños han pagado desplegados en la prensa yucateca para argumentar que a su nuera sólo la guía el interés económico.
Antecedentes
Mario Alberto Medina Sonda no es un personaje cualquiera. Se trata de uno de los socios de José Manuel Saiz Pineda, extesorero de Tabasco involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Andrés Granier. En noviembre de 2007, un avión Cessna 340 aterrizó en el aeropuerto de Mérida con ocho millones de pesos en efectivo, procedentes de Tabasco. La PGR confiscó estos fondos destinados a Medina Sonda.
Éste integró una red de empresas que formó parte de la ingeniería contable del gobierno de Granier en Tabasco. Entre esas compañías están Profesionales en Consultoría Fiscal y Patrimonial y Consultores Jurídicos y Fiscales de México.
El abogado en Yucatán de Medina Sonda es Rafael Acosta Solís, exsubprocurador de Yucatán durante la primera etapa del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, y amigo desde los tiempos de liderazgo estudiantil universitario del actual gobernador Rolando Zapata Bello.
De acuerdo con las indagatorias, a Acosta Solís se le menciona como parte de “la conexión yucateca” de Saiz Pineda en la adquisición de 357 hectáreas en el municipio de Kanasín, conurbado a Mérida. La compra de estas tierras fue en diciembre de 2011 por 12 millones de pesos. El pago se realizó en efectivo al comisario ejidal Marcelino Uicab Uicab; sin embargo, a los ejidatarios no les informaron que ese dinero era por la venta de sus tierras; les dijeron que se trataba de “apoyos del gobierno”.
Acosta Solís también fue apoderado legal de Lorenzo Medina González, uno de los propietarios de los terrenos de Kanasín, y quien forma parte también de la presunta red de lavado de dinero vinculada a Saiz Pineda y a Granier.
La clave del entramado de triangulación de fondos, de acuerdo con testimonios recabados en Yucatán, es la creación de al menos 100 empresas dedicadas a adquirir bienes inmuebles, terrenos, casas y negocios, con dos importantes socios. Uno de ellos era, precisamente, Lorenzo Medina González, acusado de apropiarse de casi 26 mil millones de pesos del erario de Tabasco.
Por si fuera poco, el hermanastro de Acosta Solís, José Gonzalo Arjona Solís, es quien interpuso la demanda contra Ema Gabriela, por la presunta “retención ilegal” de una camioneta marca Chrysler tipo Town & Country LX, modelo 2008, color plata, placas WPJ5315, de Tabasco, según averiguación previa levantada en Villahermosa, cuya copia obtuvo Proceso.
Arjona Solís interpuso la demanda en su condición de “apoderado legal de la sociedad civil Consultores Jurídicos y Fiscales de México”, una de las empresas creadas por el propio Medina Sonda, según documentos de que dispone este semanario.
Hasta donde ha informado la prensa yucateca, desde mayo último Martín Alberto Medina Sonda interpuso un amparo contra cualquier acción judicial en su contra. Asimismo, el secretario de Gobierno de Yucatán, Víctor Caballero Durán, declaró que han hecho “todas las diligencias posibles” para localizar a los tres menores desaparecidos.
Sobre la presunta compra ilegal de terrenos ejidales en Yucatán, el actual secretario de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, quien fuera aspirante a la gubernatura de la entidad, declaró el 23 de agosto pasado que existen en la entidad “varios casos lamentables” en donde los campesinos fueron sorprendidos y vendieron sus tierras a precios irrisorios.
“Solamente ellos mediante sus denuncias y asambleas podrán revertir esas operaciones. En los casos consumados la Sedatu no podrá intervenir”, declaró Ramírez Marín a La Verdad de Yucatán. En torno al caso específico de la “conexión” yucateca del clan de Granier no hizo ningún pronunciamiento.
Apoyo feminista
Hasta la fecha, los principales apoyos de Molina Canto han sido las activistas y organizaciones feministas de Yucatán, quienes la apoyaron mediante protestas públicas, desplegados y videos en Youtube denunciando el secuestro y la retención ilegal de sus hijos.
“Ema no sólo tiene que brincar miles de obstáculos para tener a sus hijos a su lado, sino que ahora tiene que vivir con el terror a cada minuto de ser aprehendida por un delito que no cometió, tal como le sucedió el año pasado en Villahermosa, Tabasco”, destaca el más reciente desplegado que circula en redes sociales.
A solicitud del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México), el pasado 18 de abril la presidenta de Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, envió una carta al magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, para informarle de la retención ilegal de los hijos de Molina Canto.
En la misiva le advirtió: “Con preocupación, desde el instituto a mi cargo hemos constatado que con frecuencia, en procesos de divorcio, donde la autoridad jurisdiccional ha concedido a las mujeres la guarda y custodia de sus hijos, se recurre al derecho penal, como en este caso, para revertir de manera violenta y hasta fraudulenta, una decisión judicial que beneficiaba a las mujeres.
“Es evidente que en hechos de esta naturaleza en el fondo de la decisión, no sólo de quien denuncia, sino también de la autoridad que actúa, hay un sesgo de género que afecta gravemente los derechos de las mujeres, un acto de discriminación y de violencia institucional que contravienen no sólo el orden jurídico nacional sino también los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano se ha obligado a observar”.
La situación de Molina Canto está cada vez peor. Se encuentra fuera del país, sin poder ver a sus hijos, amenazada por nuevas órdenes de aprehensión y sin dar entrevistas públicas.
“Desde el 25 de mayo de 2012 y hasta hoy he recorrido el camino más difícil de mi vida como mujer y madre. La coerción con la que me quiere arrebatar a mis hijos, los desplegados pagados por Medina Sonda en la prensa local son cuantiosos, mismos que cesaron el día que el Tribunal Superior de Justicia también decidió remitir su opinión a la prensa conminando por la aplicación en el marco de la legalidad para solucionar el conflicto”, escribió Ema Gabriela en la edición de mayo último de la revista Voz de la Mujer.
“Aunque en realidad fue una convocatoria silenciosa, los únicos que tenían acceso a la prensa pagada fueron ellos. En mi caso, yo he buscado el acercamiento con el gobernador sin solución alguna”, lamenta.
Desde mayo pasado el escándalo del caso Granier obligó también a Medina Sonda a guardar silencio, pero a pasar de todo no permite que su esposa vea a los niños.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
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