En la mañana del 28 de marzo, un centenar de policías estatales desalojaron a más de 200 indígenas tsotsiles desplazados del municipio de Chenalhó cuando bloqueaban la carretera de cuota entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez para botear y exigir al gobierno que garantice el retorno de unas 80 familias a su comunidad. El operativo dejó un saldo de 14 civiles lesionados y, según las autoridades de 13 uniformados.
Javier López Sántiz, representante de las 241 personas originarias del Ejido Puebla que se encuentran desplazadas desde el 27 de mayo de 2016 debido al conflicto post-electoral en Chenalhó, denunció que “estábamos los 241 desplazados, entre hombres, niños y mujeres, algunas embarazadas, y nos lanzaron gases lacrimógenos; tenemos cuatro lesionados: Pedro López Méndez, Alberto Hernández Méndez, Uvencio Arias Gómez y una niña, además de otros diez golpeados”.
Después de ser desalojados, las y los desplazados acudieron a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con sede en San Cristóbal de Las Casas. Después de los últimos hechos de violencia en la cabecera de Chenalhó a principios del mes, las familias se trasladaron a esta ciudad hasta obtener las condiciones para su retorno.
El director del Centro de Derechos Humanos Kuuntik, Diego Cadenas Gordillo señaló que el desalojo se realizó sin que se buscara antes el diálogo.
Las y los indígenas manifestantes piden retornar a su lugar de origen así como justicia para quienes asesinaron a Guadalupe Cruz, una niña de 14 años que perdió la vida durante el enfrentamiento que se dio en Chenalhó entre quienes apoyan a la presidenta municipal, Rosa Pérez y quienes siguen a Miguel Santis, regidor de aquel municipio.
Las personas desplazadas no pertenecen a ningún grupo político señalan ellos mismos y el gobierno de Manuel Velasco Coello no ha hecho el intento por establecer las condiciones para que las familias desplazadas retornen a su comunidad.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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