Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó hoy la solicitud de medidas cautelares para cientos de víctimas de Nochixtlán, Oaxaca, y para los defensores que llevan el caso presentada por el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert.
Ante las continuas agresiones contra denunciantes y defensores de derechos humanos nueve meses después del asalto policiaco de Nochixtlán el 19 de junio de 2016, incluyendo uno esta semana, el fracaso de las medidas emitidas a nivel estatal a víctimas, y el estancamiento de la investigación oficial de los hechos por falta de condiciones de seguridad para que las víctimas puedan rendir testimonios, se tomó la decisión de acudir a mecanismos internacionales de derechos humanos, explicó Peimbert en entrevista con La Jornada.
“Lo que se busca es protección para las víctimas y sus defensores”, afirmó. Señalando que el caso “sobrepasa” las capacidades de los defensores en el tema, dijo que “necesitamos de mecanismos que obliguen a que se atienda este caso con estándares de derechos humanos, de justicia y verdad” así como para “visibilizar el caso”.
En el contexto de que Oaxaca es “el segundo estado más peligroso en México para ejercer el periodismo y para los defensores de los derechos humanos”, Peimbert señala que “los que dan voz a los que no tienen voz son amenazados y están en riesgo” y por lo tanto, se presenta la necesidad de solicitar estas medidas cautelares en este caso.
Los ocho muertos y 100 heridos de gravedad por balas o proyectiles resultado del asalto policiaco con más de 850 elementos y helicópteros bajo el pretexto de desalojar a unos 20 maestros que bloqueaban la carretera, argumentó Peimbert, fue un acto de lesa humanidad que, en contraste con otros casos de violacion masiva de derechos humanos -incluyendo Ayotzinapa- está ampliamente documentado en testimonios de testigos y víctimas, fotografías, videos y exámenes médicos.
“Aquí no hay duda -están las armas, los responsables, las autoridades declararon a los medios sobre los hechos el mismo día y el día siguiente de lo que ocurrido” aun cuando algunas de estas “carecían de verdad”, afirmó el defensor de derechos humanos. Esta documentación se ha presentado ante la Comision Nacional de Derechos Humanos conformada por más de 5 mil cuartillas y 180 horas de video.
El documento presentado hoy ante la CIDH es de más de 100 cuartillas en lo que tal vez es la primera vez que un ombudsman estatal copatrocina una iniciativa ante la CIDH. Peimbert subrayó que “persisten las condiciones de alto riesgo" para las víctimas, las cuales a la vez se han transformado en defensores de sus derechos, hoy día. Informó que el lunes hubo otro atentado armado contra otra visita. Más aún, el 5 de marzo hubo otro atentado contra Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de junio de Nochixtlán.
La CIDH, al aceptar la solicitud, se mostró “muy preocupada” y ahora procederá a evaluar la emisión de medidas cautelares, reportó Peimbert. “Esperamos que en breve resuelva”, indicó. A la vez, se solicitará audiencia “temática” sobre el caso ante la instancia cuando sesione en Perú a fines de este mes.
Se tomó la decisión de presentar la solicitud aquí -como también se prepara un documento para presentar ante organismos de derechos humanos en Ginebra próximamente- no solo para solicitar las medidas cautelares, sino también para contrarrestar lo que Peimbert considera una “sospechosa invisibilización” de lo ocurrido.
También se está dialogando sobre el caso con otras organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos en el hemisferio, entre ellos el Washington Office on Latin America y CEJIL, medios de comunicación e incluso comunidades mixtecas en Estados Unidos a petición de las víctimas, entre los cuales hay familiares.
La demanda es que se determine la responsabilidad por los hechos, “lo cual tiene que investigarse en los tres niveles del gobierno -federal, estatal y municipal”.
El objetivo de todo este trabajo es que tanto por esfuerzos a nivel nacional como por los sistemas internacionales de defensa y protección de derechos humanos, “para que se siente un precedente de justicia que no permitan que esto se repita de nuevo”.
Concluyó que en esta coyuntura, “hay una dicotomía en el discurso público, donde por un lado... se denuncia el muro de Donald Trump y al mismo tiempo tenemos un muro en México que frena la justicia y que se construye por ladrillos de impunidad y que en el caso de Nochixtlán está más que evidente”.
Agrego que hay una relación entre ambas cosas -la pobreza y la marginación, incluyendo “la marginación de la justicia”- que contribuyen a la migración.
AUTOR: DAVID BROOKS.