A tal grado llega el pesimismo de la ASF frente a la ineficacia de la Conagua que prevé en los próximos 30 años una situación de riesgo para los 23 millones de habitantes en el Valle de México por hundimientos, así como un mayor conflicto de seguridad nacional.
Entre las observaciones de irregularidades, la ASF estimó un monto de 568 millones de pesos no aclarados que corresponden a los contratos de la Conagua con empresas como ICA, Consultoría Integral de Ingeniería, Constructora y Edificadora GIA+ para las obras hidráulicas del nuevo aeropuerto.
En su dictamen sobre estos trabajos, la ASF estableció que “se otorgaron indebidamente anticipos”, “se calcularon incorrectamente retenciones y devoluciones por incumplimiento de los programas convenidos” y “se celebró extemporáneamente un convenio modificatorio”.
Dichas obras en la zona federal del Lago de Texcoco consisten en la construcción de túneles profundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores marginales para los ríos del oriente, rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, así como rehabilitación de canales, entre otras; su objetivo es “sustentar dicha obra aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y conducción del agua en esa zona, que ha sido afectada en forma histórica por inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas residuales en la Zona Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de oriente”.
En este caso, el más importante de la revisión de la Cuenta Pública de 2015 en relación con la Conagua, la ASF detectó pagos indebidos por un total de más de 5 millones de pesos, desglosados de la siguiente manera: 3 millones 655 mil pesos por diferencias entre el volumen pagado por la comisión y el cuantificado por la auditoría; 409 mil pesos “debido a que no se acreditó la totalidad de los servicios realizados”; 522 mil pesos que se pagaron a plantillas de supervisión mayores a las autorizadas en las bitácoras de la obra; 621 mil pesos por servicios pagados cuando los trabajos supervisados se encontraban suspendidos.
En abril de 2015 renunció al organismo regulador del agua David Korenfeld, en medio de un escándalo de corrupción, y lo sustituyó Roberto Ramírez de la Parra. La ASF auditó 90% del ejercicio de 794 millones de pesos correspondientes a 15 contratos firmados por la Conagua.
Misión incumplida
En la parte medular de su diagnóstico sobre el desempeño de la Conagua, la ASF sentenció: “Las acciones, control, manejo, promoción, conciliación y coordinación orientadas al uso del agua realizadas fueron insuficientes para gobernar el agua, lo que no favoreció a la preservación del líquido, ni su contribución a un crecimiento verde, ni enfrentar los riesgos a la seguridad nacional en perjuicio de los 118.5 millones de mexicanos”.
Y agrega: “Prevalece un desequilibrio entre disponibilidad hídrica y demanda, puesto que existen cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje de agua disponible, y otras en las que se usa más de 100 por ciento, lo que limita a preservar el agua y su contribución a su sustentabilidad, lo que representa riesgos a la seguridad nacional hídrica”.
“La Conagua no ha logrado que sus acciones orientadas a la gobernabilidad del agua contribuyan a preservar su cantidad, ya que prevalece la falta de un marco operativo como instancia de seguridad nacional, así como las deficiencias en la regulación, control, manejo, promoción y conciliación, aún cuando desde hace 11 años el agua está reconocida como asunto de seguridad nacional”, explica la ASF.
En su revisión, el organismo auditor detectó que, de los 13 programas de igual número de cuencas hídricas del país, 11 se alinearon al Plan Nacional de Desarrollo, “pero ninguno consideró objetivos y estrategias específicas para atender el agua como un asunto de seguridad nacional”, en especial los organismos de las cuencas del Valle de México, Frontera Sur, Golfo Centro, Golfo Norte, Noroeste y Río Bravo.
Uno de los casos más graves es del Organismo Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), dependiente de la Conagua, cuyas deficiencias administrativas, irregularidades en las concesiones, erogaciones por encima de lo presupuestado y privilegios a los sectores industrial y agrícola “representaron un riesgo para garantizar el vital líquido a los 23 millones de habitantes de esta región, así como para las generaciones futuras”.
La disponibilidad per cápita del agua en el Valle de México ha ido disminuyendo de 18 mil 35 metros cúbicos al año por habitante en 1950 a 152 metros cúbicos en 2015, porque “no se logró ordenar y regular el uso de cuencas y acuíferos”, se sobreexplotaron cuatro de 14 acuíferos, hay déficit en 13 cuencas de la región; adicionalmente, en cinco acuíferos se reportó agua salobre y en 11 cuencas el líquido está contaminado.
Frente a estas anomalías, la ASF describió un panorama desolador para los próximos 30 años en el Valle de México debido a la creciente demanda y a la escasez del recurso hídrico, lo cual ocasionará “no sólo hundimientos y deslaves en las zonas pobladas, sino también un riesgo para la salud humana, la preservación del medio ambiente y el desarrollo social y económico de la región”.
En otras cuencas y obras hidráulicas la ASF detectó erogaciones superiores en 17.6% a lo presupuestado, como la cuenca del Valle de México; “pagos en demasía” por mil 187 millones de pesos a los contratistas de la construcción del Túnel Emisor Poniente II en el Estado de México; anomalías por más de 145 millones de pesos en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, especialmente en los 15 contratos firmados con la Conagua para los trabajos hidráulicos de los suelos donde se construirá el aeródromo, así como varios conflictos sociales derivados de la mala gestión en la privatización del agua, como ha ocurrido en Baja California.
Concesiones con déficit de agua
La administración de la Conagua descansa sobre 13 regiones hídricas que cuentan con organismos de cuenca y un consejo técnico: la Península de Baja California; la región Noroeste (Sonora); Pacífico Norte (Sinaloa); la cuenca del Río Balsas; Pacífico Sur (Guerrero y Oaxaca); Río Bravo; Cuencas Centrales del Norte; Lerma-Santiago-Pacífico; Golfo Norte (Veracruz); Golfo Centro (Veracruz); Frontera Sur (Tabasco y Chiapas); Península de Yucatán, y Valle de México.
La ASF identificó que al menos en el Valle de México, en las dos cuencas de Veracruz, en Tabasco, en Chiapas y en la cuenca del Río Bravo no se establecieron objetivos específicos en materia de seguridad nacional ni acciones en la materia. Los consejos de Cuenca Río Balsas, Lerma-Chapala, Costa Pacífico Centro y la Península de Yucatán ni siquiera sesionaron.
De las 731 cuencas hidrológicas y los 653 acuíferos que existen, 102 fueron identificados con déficit de disponibilidad media anual de agua. El negocio de la privatización del agua se describe de esta manera:
“De las mil 206 concesiones para aprovechamiento de las aguas superficiales otorgadas, 4.1% (50) se otorgó en cuencas con déficit, mientras que de los 653 acuíferos, 31.2% (204) tiene déficit y de las 8 mil 87 concesiones para el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas otorgadas en 2015, el 13.5% (mil 91) se autorizó con cuencas con déficit, lo que representó 2.9% de los 4 mil 855 millones de metros cúbicos concesionados en 2015.”
Para la ASF esto significa que ni la Conagua ni los 13 organismos de cuenca que concesionaron las aguas superficiales y subterráneas se aseguraron de que existiera “la disponibilidad de las cuencas y acuíferos del país, lo que no contribuyó a preservar el vital líquido”.
La ASF también identificó la existencia de conflictos relacionados con el agua y su privatización en las siguientes regiones hidrológico-administrativas: tres en la Noroeste, uno en la cuenca del Balsas, uno en Lerma-Santiago-Pacífico y uno en el Valle de México. Cuatro de ellos permanecían activos en 2015 “sin que la Conagua ni los organismos de cuenca actuaran como conciliadores o árbitros para la solución de esos conflictos”.
Los conflictos vigentes en 2015 eran los del Acueducto Independencia, la contaminación del río Bacanuchi, Monterrey VI y la presa El Zapotillo, en Jalisco. En 2015 aún no explotaba el conflicto que generaron en Mexicali la construcción de un acueducto y la concesión de parte de esa agua a la empresa extranjera Constellation Brands (Proceso 2101 y 2103).
Además, la ASF auditó 88.5% de los 475 millones ejercidos en el Túnel Emisor Poniente II, localizado en el Estado de México, la Ciudad de México e Hidalgo. La obra está destinada a mitigar las inundaciones en la zona norponiente del Valle de México y debió concluirse en 2012, pero hasta diciembre de 2016 tenía un avance menor a 70% y se prevé terminarla en agosto de 2018.
El contrato de obra pública se pactó con las empresas Construcciones Aldesem, S.A. de C.V.; Proacon México, S.A. de C.V., y Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I., por un monto de mil 795 millones 554 mil pesos en un plazo comprendido del 13 de enero de 2014 al 13 de abril de 2017.
La ASF determinó en su dictamen tres “pagos improcedentes” por 743 mil, por 2 millones 343 mil y por 3 millones 170 mil pesos, ya que se entregaron a cambio de maquinaria con características y rendimiento menores a lo pactado, más ajustes de costos fuera del periodo programado.
Este reportaje se publicó en la edición 2107 de la revista Proceso del 19 de marzo de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/478870/conagua-irregularidades-8-mil-mdp-asf