La copresidenta de la Subcomisión, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), comentó que se realizó un examen minucioso de los expedientes de juicio político, identificando aquellos que son notoriamente improcedentes porque la persona acusada no es sujeta de juicio, ya que no se encuentra entre los servidores públicos que contempla el artículo 110 constitucional.
Consideró importante mencionar que en el análisis de las resoluciones, así como para aquellas que se proponen desahogar por muerte de los servidores públicos, participaron todos los integrantes de la Subcomisión.
Con ello, dijo, se está dando cumplimiento al desahogo de las solicitudes rezagadas de las Legislaturas anteriores. “Se resolvió la mayoría de los pendientes de la LIX Legislatura, de cuyo cúmulo restan sólo seis expedientes que requieren mayor atención”, detalló.
Asimismo, se ha dado respuesta a más de la mitad de las denuncias de la LX Legislatura, con lo que su desahogo ha quedado casi satisfecho y permitirá abordar con atención las que así lo ameriten, indicó.
Guillén Vicente, también presidenta de la Comisión de Gobernación, declaró que el siguiente paquete estará integrado por expedientes que requieren mayor atención. “Ahorita es estar poniéndonos al día de un rezago de 10 años, con toda la intención de no generarlo para la siguiente Legislatura”.
Por su parte, el copresidente de la Subcomisión, Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), destacó que “ya llevamos casi el 45 por ciento de las peticiones de juicio político resueltas, que hace casi 13 años no se atendían. Existe la voluntad de la Subcomisión para sacar adelante los asuntos”.
El también presidente de la Comisión de Justicia, manifestó que al análisis de las solicitudes no lo realiza sólo la presidencia de la Subcomisión, sino todos sus integrantes, junto con su equipo técnico. Desde hoy, comentó, se comenzará a girar oficios para continuar trabajando.
El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) aclaró que los expedientes desechados se refieren solamente a los sujetos de juicio que señala el artículo 110 constitucional, es decir, alguno de los que tienen un cargo federal o quienes sin tener cargo federal, pero sí local, hayan cometido faltas graves a la Constitución o, bien, un desvío de recursos públicos de carácter federal.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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