Ante las violaciones al debido proceso, el próximo viernes 17 las víctimas solicitarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el caso Nochixtlán se tipifique como crimen de lesa humanidad, debido a que el Estado con “dolo eventual” ejerció una fuerza “desmedida” al ingresar armado a una población, sin justificación alguna, puesto que su objetivo de liberar las carreteras lo había logrado 15 minutos antes. El saldo fue de ocho muertos y más de 100 heridos.
A poco más de ocho meses de los hechos, la PGR no ha realizado el levantamiento de todos los peritajes necesarios ni ha tomado la declaración de las víctimas, las únicas que se encuentran en el expediente corresponden a las de los familiares de los fallecidos, por lo que formuló su teoría del caso basada sólo en los testimonios de los policías.
“Omisión impropia”
Juan Antonio Araujo Riva Palacio, abogado de las víctimas, en un documento enviado el pasado 30 de diciembre a Raúl Cervantes, titular de la PGR, expone que la investigación de la PGR está disociada de las huellas y evidencias de la verdad. Y le exige que en términos técnicos se reconduzca la investigación con apego a los principios del sistema acusatorio adversarial y que la teoría del caso adoptada por la Procuraduría se amplié al “dolo eventual” y a la “omisión impropia” del Estado.
Demanda que la Procuraduría a su vez exija al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) todos y cada uno de los informes previos, concomitantes y posteriores con que cuente en relación con los hechos y el operativo realizado en Nochixtlán, Oaxaca.
En el escrito firmado por 55 de las víctimas le señala: “En términos de los acuerdos alcanzados por usted el miércoles 14 de diciembre del 2016, con Jan Jarab, Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, exigimos que se nos reconozca el carácter de víctimas del crimen de Lesa Humanidad, como consecuencia del operativo planeado y ejecutado el 19 de junio de 2016”.
En entrevista con Proceso, Araujo, quien forma parte del bufete de abogados de Víctor Carrancá, explica: “En el escrito le avisamos al procurador que en el Nuevo Sistema de Justicia Adversarial existe la teoría del caso, de la fiscalía y la de la defensa, que la de las víctimas es que es un crimen de lesa humanidad y que en la de la PGR faltan las víctimas, porque en las carpetas de investigación existen las diligencias ministeriales relacionadas con el testimonio de los policías”.
Explica que todo indica que el gobierno federal quiere culpar a dos policías estatales de los disparos, incluso Raúl González, presidente de la CNDH, declaró que quienes iban armados eran los estatales, a pesar de que la Policía Federal era la que llevaba el mando.
“La PGR quiere eludir las declaraciones de los policías que están en el expediente y quiere vincular sólo a la Policía Estatal”, dice. “Es un acuerdo intergubernamental, con el objetivo de diluir el problema y bajar la responsabilidad, lo que digo es que si en la mesa operativa estaban representantes del Cisen, Segob, CNS y PF, la responsabilidad en términos de omisiones –se lo dije al procurador– son mucho más altas, no pueden argumentar que un policía estatal incumplió los protocolos y disparó. No quieren que parezca como lo que es: un crimen de Estado.
–¿Por qué la PGR no ha incluido la declaración del delegado del Cisen Ernesto Salcedo?
–Porque la línea de investigación de ellos es que hay un policía estatal que haciendo uso excesivo de la fuerza mata a unos chicos en un operativo bien llevado. Yo digo que no, que hay una intencionalidad del operativo mismo de poner un hasta aquí tajante al levantamiento magisterial y utilizaron la oposición del pueblo, sin valorar que estaba muy concurrido por personas de otras poblaciones porque era día de “plaza” y además era Día del Padre. La cadena de mando se quiere cortar con los mandos bajos, pero una investigación a fondo nos llevará a la persona que ordenó el operativo.
El abogado pide analizar las omisiones penales y el dolo eventual, dos figuras técnicas previstas en el Código Penal que, asegura, la PGR se niega a investigar: “Las omisiones penales son omisiones impropias, como el dejar de hacer, por ejemplo si no impidieron que los policías llevaran armas o por el contrario, las acciones, si ordenaron que las portaran. En el caso de la instrucción precisa del desalojo fue decisión de la Policía Federal a nivel México, no de Gabino Cué”.
Por su parte, el defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien acompañará a las víctimas ante la CIDH, señala que la policía logró romper el bloqueo carretero que mantenían los pobladores a los 15 minutos de la intervención y sin dañar a la población; sin embargo no ha logrado explicar por qué se realizó un despliegue de fuerza armada que llegó hasta el centro de la comunidad y a una colonia de la que tuvieron que huir varios menores.
“Entonces, Gabino Cué argumentó que había maestros disidentes e integrantes de otras organizaciones beligerantes confundidas entre la población; sin embargo, hay más de 100 heridos y ocho muertos, pero ninguno de ellos es maestro ni militante de alguna organización social o política.”
Además de lo señalado por Araujo, para Peimbert el delito de lesa humanidad se configura porque documentos oficiales de médicos y enfermeras denunciaron que elementos de inteligencia de la Policía Federal les prohibieron atender a los heridos civiles. Además, porque desde un helicóptero arrojaron gases lacrimógenos sobre las instalaciones del hospital comunitario de Nochixtlán, que ocasionaron intoxicación en los enfermos y casi provocan la muerte de un neonato.
Acepta que lo de Nochixtlán fue un ataque y una acción de respuesta de legítima defensa por parte de la población, pues es un derecho constitucional.
“Podemos contar innumerable cantidad de violaciones identificadas desde el momento en que se hace el operativo: cómo se diseña, la falta de racionalidad y de progresividad. La policía está preparada para actuar con racionalidad, no caer en una provocación que haga desmedida su intervención. Si una persona te ataca con piedras no es racional que tú lo ataques con balas de alto calibre, como sucedió en Nochixtlán.”
También hay algo muy grave, se metieron a la población civil 850 policías, sobrevolaron y posiblemente dispararon desde helicópteros, porque hay testimonios que así lo avalan. Hay otros que hablan de personas de aspecto policiaco, vestidos de civiles, disparando desde los techos de diferentes puntos de Nochixtlán: hoteles, un restaurante y una marisquería. Curiosamente la marisquería donde personas señalan que un hombre armado se parapetaba en uno de los tinacos es propiedad del exregidor de Vialidad, Elido Ramales, cercano a los alcaldes saliente y entrante.
“Dictamos medidas cautelares para que se diera atención médica y nos informaran cuántos heridos estaban llegando y el tipo de heridas que reportaban. Generamos todos nuestros mecanismos para verificar que el Estado cumpliera con su obligación en este momento de crisis. Valientemente nos contestan médicos y enfermeras por oficio formal, que se presentó personal identificado como del área de inteligencia de la PF a solicitar que no se atendiera a civiles y maestros. Esto es gravísimo”, recuerda.
Está el testimonio del enfermero Juan, del hospital comunitario de Nochixtlán, quien hace una serie de relatos sobre la formación de policías federales impidiendo que los heridos civiles llegaran o tuvieran acceso al hospital: “El enfermero tenía un problema de carácter civil en un juzgado, fue amenazado de que iba a haber consecuencias y terminaron metiéndolo a la cárcel; aunque ya lo liberamos, estuvo dos meses preso. Relató que personas identificadas con Gabino Cué le pidieron que se retractara de sus testimonios públicos a cambio de su liberación. No aceptó”.
–El Senado, en sus conclusiones, hace alusión a la necesidad de explicar por qué si habían liberado las carreteras sin que hubiera una sola víctima, en un lapso de 15 minutos estaban en la población cometiendo actos violentos –se le pregunta al defensor de los Pueblos de Oaxaca.
–Estas conclusiones obedecen a que la única voz de las víctimas en este proceso de investigación del Senado fue la mía y esto fue parte de lo que yo pedí que explicaran. Antes del 19 de junio se venía deteriorando la lucha magisterial, estaba cerrado el espacio de diálogo para los maestros oaxaqueños en la Segob. En el proceso de reforma se constituyó la Comisión Nacional de Intermediación, que conduce Miguel Álvarez Gándara, pero no había acercamiento. En ese momento se genera la idea del desabasto en el sureste y el colapso de la economía, aparentemente esto hace que el gobierno diga: ‘Hay que volver el estado de derecho’ y envían la fuerza a Oaxaca.
“Después se abre nuevamente la puerta para el magisterio, pero ahora integrando a las víctimas; se reanuda el diálogo, sólo que dividen la mesa en dos y el tema Nochixtlán queda en el cuarto nivel. Luego abren una mesa paralela en Servicios de Asesoría para la Paz, Serapaz, la presidieron Miguel Gándara e integrantes de Serapaz, allí llegó todo un cuerpo de segundo nivel del gobierno federal, convocados por el subsecretario Campa para el cumplimiento de acuerdos que se toman en Gobernación, como abrir una mesa de justicia para el caso Nochixtlán”, recuerda.
Inacción oficial
Esta fiscalía especial debería estar fortalecida con peritos internacionales que pudieran ayudar al esclarecimiento, sólo que la PGR tenía la ventaja de que en ese momento no había confianza con la Fiscalía Estatal y pedían que la PGR atrajera el caso.
Sin embargo, la entonces procuradora Arely Gómez no recibía a las víctimas: “Para sentarnos con la procuradora tuvieron que pasar dos meses y medio. Antes tuvieron que organizarse para conseguir comida, atención médica porque no acudían a los hospitales locales porque tenían la percepción de que terminarían de matarlos o criminalizarlos y empezaron a atenderse por sus propios medios, costándoles muchos recursos y en condiciones deplorables.
“Ante el miedo que sentían las víctimas pidieron una brigada médica. Llegó una como en cinco camiones. Fue impactante, sólo que llevaban paracetamol y medicamentos caducos. Además, la actitud del personal médico fue mala para las víctimas, la atención no fue ni de calidad ni de calidez y esto es violatorio para ellas.
“Con problemas se logró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregara más de 4 millones en reembolso de gastos médicos y de gastos funerarios.
“Todo esto pasó en los dos meses en que la PGR no recibía a las víctimas. Y no había ejercido su facultad de atracción. Se tardó mucho. Cuando la PGR va a Oaxaca, a través del licenciado Nader, que es el encargado de esta averiguación, informa a las víctimas, en presencia del comisionado de la ONU, que ya había ejercido la atracción total; sin embargo, era falso, ahí se cayó la confianza de las víctimas, porque sabían que las camionetas de la Agencia Estatal de Investigación seguían a las esposas de los fallecidos y tocaban a sus puertas para sacarles testimonios agresivos.
“El ómbudsman nacional abrió un espacio con Arely Gómez, le presentó peticiones, ella se mostró receptiva y dijo que Gilberto Higuera iría en una semana a entregar una respuesta positiva a las víctimas. Enviaron a otro funcionario y no entregaron nada. Incluso el mismo representante del Alto Comisionado de la ONU en México trató de sensibilizar a los funcionarios de que se necesitaba una respuesta apegada a los 12 puntos. Ya van ocho meses y la semana nunca llegó, nunca se presentó Gilberto.
“La estrategia jurídica de los abogados penalistas e internacionalistas, como Maurilio Santiago, indican que tienen elementos fuertes y certeros que hablan de que por primera vez podrán demostrar una violación tan grave como son los delitos de lesa humanidad; están formulando su teoría del caso desde esta perspectiva. Por eso las víctimas se vuelven vulnerables. No quiero pensar que están relacionados los hechos, pero les están disparando, los hostigan.
–¿A quién lo atribuyen?
–No quiero prejuzgar, pero el Estado mexicano queda muy mal cuando a un representante de las víctimas, como Santiago Ambrosio, lo tratan de matar.
“Las víctimas no han declarado. Con la Segob acordamos que lo harían en presencia de los organismos de derechos humanos, como la ONU, la Defensoría y la CNDH, y en la oficina de alguno de estos organismos; sin embargo la PGR se ha negado. Ir a declarar a la PGR es victimizante y sin que estén representantes de los organismos de derechos humanos.
“Por otro lado quieren hacer las periciales y fragmentar la escena criminal. Esto puede poner en riesgo el proceso, porque pueden usarlo como defensa de los imputados.”
–¿Se puede llegar a la Comisión Interamericana sin que se hayan agotado las instancias judiciales en México?
–Sí, porque no hay ninguna actividad que demuestre que el Estado quiere proteger a las víctimas; al contrario, es evidente que hay un abandono. Prueba de ello es que las víctimas están siendo atacadas. Como está en riesgo su vida, procede la medida cautelar. Yo otorgué medidas cautelares, pero no están siendo observadas, desconozco si la CNDH haya emitido o no, pero derivado de los acontecimientos, la gravedad de ellos, las actitudes reiteradas de las autoridades y todo lo que se esboza aquí, procede directamente a acudir a la Comisión Interamericana.
Este reportaje se publicó en la edición 2106 de la revista Proceso del 12 de marzo de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/478440/caso-nochixtlan-va-a-la-cidh