No hay nada que nos proteja, ninguna autoridad es capaz de dar seguridad y tampoco, en el caso de los reporteros, ningún manual, protocolo o medidas de protección nacionales o internacionales ofrecen un resguardo ante el creciente poder de los grupos criminales que ya se han transformado en autoridad.
A partir del surgimiento del Narco Estado en entidades como Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, entre otras, donde autoridad y crimen organizado son lo mismo, la ciudadanía y los periodistas que viven en la zonas de mayor peligro no tienen ninguna protección gubernamental sino que están a la voluntad de los grupos de delincuentes que se han entronizado como único mando.
No es casual que en Chihuahua y Veracruz, estados que fueron gobernados por los priistas Javier y César Duarte acusados de corrupción y desvío de recursos públicos, sea donde se han registrado los asesinatos de los periodistas Ricardo Monlui Cabrera y Miroslava Breach Velducea. Tampoco que en el violento estado de Guerrero se haya asesinado al reportero Cecilio Pineda. Todos en menos de un mes.
Los periodistas, como toda la sociedad mexicana, no tenemos ninguna garantía de protección por parte del Estado mexicano que expresa, de esta manera, el fracaso en su principal función: dar seguridad a los ciudadanos.
Frente a esta situación de desamparo no existe posibilidad alguna de encontrar un espacio de resguardo a los periodistas en su labor de informar. Las fiscalías creadas para investigar los casos o para dar medidas de salvaguarda, resultan ineficaces ante un poder criminal que nace de las propias estructuras de gobierno.
Los manuales y protocolos de protección diseñados por organizaciones mundiales de defensa a periodistas o incluso los creados por agencias de noticias internacionales, tampoco funcionan para la realidad mexicana en la que autoridades y bandas delincuenciales son lo mismo, en donde zonas, territorios y hasta ciudades son controlados por los grupos criminales, en donde hay ejércitos de sicarios e informantes que se visten de uniforme policiaco y militar dando parte a los jefes de las plazas antes que a las autoridades.
No hace mucho, reporteros de una cadena de noticias extranjera comentaban que al llegar a Sinaloa a hacer unas entrevistas, de inmediato los interceptó un grupo de hombres armados que les ordenó hacer su trabajo bajo ciertas condiciones, entre ellas dotarlos de escoltas que los llevaban y traían a todos lados para vigilarlos, a pesar de que los enviados ya contaban con sus propios guardias contratados por su empresa.
Reporteros de Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, han sufrido experiencias similares cuando son citados por representantes de los grupos criminales y en una amplia reunión les ordenan qué informar y qué no publicar, bajo la amenaza de ser ejecutados si no siguen sus órdenes. Pero también con el ofrecimiento de recibir dinero a cambio de aceptar las advertencias.
El crimen organizado ha sustituido al gobierno en varias partes del territorio nacional. Son zonas exclusivas del poder del grupo que ahí reina y donde no se mueve una hoja sino es bajo sus órdenes.
Hasta que eso termine, hasta que el Estado recupere el territorio perdido y el gobierno actúe abatiendo la impunidad y la corrupción–lo cual se ve difícil en estos momentos–, habrá un pequeño paraguas de protección y amparo a la sociedad y a los periodistas que, al final, son la voz de la ciudadanía.
Mientras tanto la mayor parte de la ciudadanía sobrevive esta guerra no convencional tomando sus propias medidas de seguridad, organizando la autodefensa y la autoprotección de acuerdo con las circunstancias de cada grupo social o cada periodista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/479997/el-desamparo