PUEBLA, Pue: El servicio de agua potable de la zona conurbada de Puebla fue concesionada por el gobierno de Rafael Moreno Valle durante un lapso de 60 años al empresario Diego Gutiérrez Cortina, uno de los constructores favoritos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien resultó beneficiado con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
De acuerdo con un reportaje que publica este lunes La Jornada de Oriente, el empresario y sus hijos acumulan el 99 por ciento de las acciones de la empresa Concesiones Integrales, también conocida como Agua de Puebla para Todos, que presta el servicio en Puebla y otros cinco municipios conurbados desde el año 2014.
En la publicación, firmada por la reportera Mónica Camacho, se hace referencia a que la empresa Gutsa, propiedad de Gutiérrez Cortina, ha sido inhabilitada en dos ocasiones por incumplimiento de contrato, no obstante resultó beneficiada en el proceso de concesión del servicio que actualmente está privatizado.
Gutsa está relacionada con obras tan polémicas como la Estela de Luz, de la Ciudad de México; en la megabiblioteca José Vasconcelos, la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y la reparación de la autopista del Sol.
“…Gutiérrez Cortina ocupa el cargo de presidente de Concesiones Integrales, según el instrumento 51206 del Registro Público de Comercio (RPC) en poder de La Jornada de Oriente, firma que tendrá bajo su dominio la administración del agua en la zona metropolitana de Puebla durante 60 años”, señala la publicación.
Esto sale a la luz, cuando 13 municipios de esta entidad recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar Controversia Constitucional luego de que antes de concluir su sexenio, Moreno Valle promovió una reforma a la Constitución del Estado que abre la posibilidad de que la autoridad estatal quite a los municipios la facultad de prestar el servicio de agua.
Según los inconformes, este cambio constitucional abriría paso a la posibilidad de privatizar la prestación del vital líquido en toda la entidad, lo que se presume beneficiaría al consorcio Concesiones Integrales.
“La operación que llevó a cabo la administración estatal para privatizar el servicio a favor de Juan Diego Gutiérrez y sus hijos José Miguel, Juan Diego e Ignacio Gutiérrez Sainz inició el 31 de diciembre de 2012 con la aprobación de una nueva Ley de Agua del estado que abrió a la iniciativa privada el manejo de ese recurso”, señala en su edición de hoy La Jornada de Oriente.
Recuerda que el 18 de diciembre de 2013, el consorcio Concesiones Integrales obtuvo la concesión del servicio pese a que no estaba legalmente constituida.
El consorcio se conformó legalmente hasta el 23 de diciembre de 2013, sólo 72 horas antes de recibir el título de concesión para administrar el recurso hídrico en Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y Tlaltenango por un plazo de 30 años y posteriormente lo amplió a 60 años.
El consorcio está formado por las empresas Grupo Aguade México, Epccor Servicios y Tecnología Intercontinental, de las cuales las dos primeras reportaron al RPC que concentran 99 mil acciones de las 100 mil que lo constituyen.
De acuerdo al reportaje, el vínculo de Gutiérrez Cortina con esas dos empresas fue confirmado por una reseña que hizo de él la Fundación Teletón USA, con sede en San Antonio Texas.
“Presidente y principal accionista de Gutsa Construcciones, Epccor y Agua de México, un grupo de empresas que se dedica a la ingeniería, desarrollo y construcción de diversos proyectos relacionados con la accesibilidad de agua”, describió la organización en una publicación del 10 de noviembre de 2015.
Los propietarios de Epccor son los hijos de Gutiérrez Cortina: José Miguel, Juan Diego e Ignacio Gutiérrez Sainz, el primero de ellos además funge como vocal y representante legal de Concesiones Integrales.
La única compañía del consorcio que se libra del influjo de la familia de Gutiérrez Cortina es Tecnología Intercontinental, pero sólo tiene mil acciones de un total de 100 mil, es decir, 1 por ciento.
La privatización del agua en Puebla fue refutada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de un amparo que promovieron habitantes de esta ciudad, el cual aún sigue su curso y revisará la legalidad de la licitación a Concesiones Integrales, así como el esquema tarifario aprobado por el Congreso local.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.