“Hemos recibido puras mentiras de parte de las personas que tenemos aquí enfrente. Llevamos casi 30 meses sin saber de nuestros hijos”, declaró en la sesión de este viernes Joaquina García Velásquez, madre de Martín Sánchez García, desaparecido junto con 42 compañeros en Iguala, Guerrero, la noche de 26 de septiembre de 2014.
“Al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) sí le creemos”, sentenció la mujer, mientras miraba de frente a los representantes del gobierno mexicano: Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Sara Irene Herrerías, subsecretaria de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Republica (PGR).
En la audiencia de oficio realizada en el marco del 161 Periodo de Sesiones de la CIDH, los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Raúl “Raúl Isidro Burgos” insistieron en exponer que pese a las recomendaciones que hizo el GIEI en dos informes, “el paradero real de los estudiantes sigue sin determinarse”.
Y organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañaron a los padres de familia señalaron que incluso hay nuevos agravios contra las víctimas.
“El Estado está ocultando información, no se ha dado seguimiento a la línea de investigación que recomendó el GIEI sobre el tráfico de narcóticos implicado en el caso, y de manera vergonzosa se ha incumplido con indagar las irregularidades cometidas por el Estado”, apuntaron.
Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, otro de los jóvenes desaparecidos, reclamó a los representantes del gobierno de Peña Nieto las deficiencias en la investigación y el encubrimiento de funcionarios públicos ante las irregularidades cometidas en el proceso de búsqueda y en la detención de los presuntos responsables de los hechos.
“Para este Estado mentiroso, corrupto, es más importante cubrir a sus funcionarios públicos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos”, denunció González Contreras.
Durante la audiencia, los representantes de las víctimas dieron a conocer un video con imágenes de César Alejandro Chávez Flores, exvisitador de la PGR, quien renunció a su cargo por las irregularidades cometidas en las investigaciones, y por las detenciones arbitrarias para montar una faramalla en un intento por ocultar la verdad.
Tras ello, el comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi, dijo a los enviados del gobierno mexicano: “Si pudieron atrapar al narcotraficante (Joaquín ‘El Chapo’) Guzmán, entonces es un Estado que podría llegar a saber quiénes son los asesinos (de los 43 normalistas) y sus nombres”.
Los padres de los 43 suplicaron a la CIDH que tenga “permanencia total el mecanismo de seguimiento y que se refuerce” para que tenga facultades de llegar a la verdad, y se finquen responsabilidades a quienes resulten responsables.
“Mi compromiso personal y de trabajo con esta responsabilidad es de mantener el mandato de nuestra Comisión en el tema de Ayotzinapa como un mecanismo de seguimiento (…) Tenemos que encontrar a nuestros muchachos y tener los trámites que nos garanticen que esto no vuelva a suceder”, asentó a su vez la comisionada Esmeralda Troitino, quien presidio la sesión.
El próximo 20 de abril, los comisionados de la CIDH harán una visita a México para continuar con el proceso de seguimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por el GIEI en su segundo y último informe, presentado el año pasado.
Alfredo Higuera, fiscal especial del caso de Ayotzinapa, quien formó parte de la representación del gobierno mexicano en la sesión de este viernes, insistió que las autoridades hacen todo lo necesario para hacer justicia.
“En respuesta al planteamiento del comisionado (Vannuchi) sobre la captura de ‘El Chapo’, sin duda eso tenemos que hacer, eso se está procurando hacer”, indicó.
Al tomar la palabra, Campa Cifrián aseguró que el gobierno de Peña Nieto sigue trabajando sobre la hipótesis de la “verdad histórica” (declarada por el Estado en enero de 2015) de que los 43 normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula.
“Esta hipótesis llamada como la verdad histórica presenta la versión de lo que sucedió, de quiénes son los responsables y el destino de los estudiantes”, sostuvo.
Añadió: “No se ha consolidado otra hipótesis, no se ha encontrado, desafortunadamente, a ninguno de los muchachos, vivos o muertos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/478479/en-la-cidh-padres-los-43-tachan-mentiroso-al-gobierno-pena