Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil calificaron de “injustificable” la demora de más de un año del Congreso para aprobar la Ley General contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos.
Exhortaron a los legisladores a enfocarse de manera urgente en la perfección y votación de la ley -cuya minuta se encuentra para su revisión en la Cámara de Diputados-, recordando su obligación ineludible de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.
En un pronunciamiento, las organizaciones destacan que el reciente informe de seguimiento del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, también reitera la urgencia de contar ya con esta ley, cuyo plazo constitucional de aprobación venció en enero de hace un año.
Además, señala que dicho informe de seguimiento, presentado este fin de semana ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el relator Nils Melzer concluye que la tortura sigue siendo una “práctica generalizada” en México.
En este sentido, el relator refiere que la tortura “es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo” e incluye “la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas, y tortura psicológica”.
Entre las organizaciones que suscriben el pronunciamiento y la exigencia de que el Congreso actúe con urgencia para aprobar la ley, se encuentra los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, Paso del Norte y Zeferino Ladrillero, además del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundación para el Debido Proceso, Fundar, I(dh)eas, y la Red TDT.
Fuente: La Jornada
Autor: José Antonio Román
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